Un amplio operativo encubierto, realizado por el Ministerio Público y la Senad a partir de una denuncia anónima recibida por la Unidad Interinstitucional para la Prevención, el Combate y la Represión del Contrabando (UIC), a cargo de Emilio Fúster, reveló que en el Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada (Detave), dependiente de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), se había montado una red delictiva dedicada al cobro semanal de más de cien millones de guaraníes en concepto de sobornos. Lo recaudado en diez puestos de control por permitir la entrada y salida ilegales de mercaderías, como productos frutícolas y cigarrillos, llegaba a manos del jefe, el Gral. (SR) Ramón Benítez, hoy recluido al igual que cuatro funcionarios y dos policías. Están imputados por los hechos punibles de asociación criminal, cohecho pasivo agravado y contrabando.
Hay cinco prófugos, contra quienes los agentes fiscales René Fernández y Josefina Aghemo presentaron los mismos cargos, pero la cadena de coimas involucra a al menos 70 funcionarios del Detave y a 50 policías. Lo dijo el jerarca de la DNA, Julio Fernández, quien también señaló que “el Detave está descompuesto” y que se imponía una “cirugía mayor”. Por de pronto, ha dejado de funcionar por orden del Presidente de la República, quien habría estado al tanto de la investigación desde un principio. En realidad, debería ser suprimido, tal como lo sugiere el presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Gustavo Volpe, quien no se privó de subrayar que dicho gremio siempre tuvo razón al sostener que “el contrabando goza de buena salud, porque es protegido por las autoridades”. Cabe agregar que entre ellas figuran no solo las de la DNA y las de la Policía Nacional, sino también aquellos delincuentes que fungen de políticos y reciben maletines con dinero sucio proveído por aduaneros a su servicio. Es de conocimiento público que la DNA es un antro de corrupción desaforada, de modo que lo recién descubierto no debe sorprender a nadie. Todo cambio de Gobierno provoca allí, a lo sumo, un reacomodo que, de inmediato, genera un notable aumento de la recaudación hasta que muy pronto vuelve la normalidad, es decir, la vista gorda o la subfacturación a cambio del soborno de rigor.
El Gral. (SR) Ramón Benítez no creó el mecanismo de recaudación ilícita, tras haber asumido el cargo el 5 de setiembre de 2018. Simplemente, heredó una maquinaria vieja, pero muy bien aceitada, que viene funcionando desde hace años, sin mayores inconvenientes. Es que en la DNA los hombres pasan, pero la corrupción queda. Al asumir el cargo, quien comandó la Fuerza de Tarea Conjunta –entre agosto de 2014 y marzo de 2015– manifestó en el Palacio de López, que la lucha eficaz contra el contrabando requiere combustibles, lanchas y vehículos. Olvidó mencionar que también se necesita honradez. Conste que, al presentar su candidatura presidencial en julio de 2016, en Itauguá, instó a los jóvenes a denunciar la corrupción e informó a los oyentes, que el movimiento Reserva Patriótica Nacional “surgió motivado por la situación que atraviesa el Paraguay: la falta de salud, educación, la pobreza extrema y, sobre todo, la impunidad que campea”. Tan cierto es lo antedicho que sería inadmisible que él, sus cómplices y sus encubridores se beneficien de la impunidad. La Justicia cumplirá con su deber condenándolos a prisión y obligándoles a reparar el daño patrimonial causado al fisco.
Se preguntará el lector qué méritos y aptitudes tenía Benítez para encabezar el Detave, más aún atendiendo que no se había destacado en el combate contra la banda criminal EPP y que, al contrario, había sido acusado de chantaje. El director de Aduanas contó al respecto que, antes de las elecciones en las que él competiría, el Gral. (SR) se presentó “como Rambo” a la oficina de su contrincante Mario Abdo Benítez a pedir el cargo de jefe de la Senad, “algo mucho más delicado y peligroso”. Al ocupar su cargo, Fernández encontró el nombre de quien, para él, “tenía los mejores antecedentes por el tema de liquidar a ACA y compañía”. El jerarca de la DNA “quería a una persona con autoridad y poder de mando”, de modo que propuso su nombramiento, incluso sin saber que era tan meticuloso que llevaría un registro detallado de los “expedientes” o “documentos”, es decir, de los sobornos recibidos y abonados. Dado que el director de Aduanas asumió la “total responsabilidad” por semejante chapucería, el Presidente de la República haría bien en destituirlo, si no tiene la decencia de dimitir. Es una pena que el organismo que hasta hoy dirige no pueda “dejar de funcionar” como el Detave, pues se trata de una cueva de ladrones, entre cuyos conspicuos moradores figuran aquellas decenas de “magos de las finanzas” que se acercaron al entonces candidato presidencial Abdo Benítez, buscando su impunidad.
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Es obvio que, como dijo el agente fiscal Fernández, “si hay un funcionario que recibe, del otro lado hay personas que ofrecen soborno”. O sea que también deben ser imputados esos “empresarios”, cuyos nombres no deben ser ocultados a la opinión pública. Al respecto, el Centro de Importadores del Paraguay emitió un plausible comunicado, subrayando que el Operativo Brillante implica un “avance en la lucha contra el contrabando que a gran escala se hace en el país”, que “solo con la cárcel y el castigo a los que infringen la ley construiremos una mejor sociedad” y que no basta con la represión, sino que también es preciso que los impuestos –en especial, el selectivo al consumo– sean adecuados para corregir las distorsiones en la competitividad de las actividades económicas legales.
Por último, duele tomar nota de que ciertos periodistas habrían sido sobornados mensualmente por el exjefe del Detave para mantener los ojos y la boca cerrados. La corrupción se halla tan expandida que no debe excluirse de entrada que haya quienes traicionan su oficio de mantener bien informada a la sociedad.
Como el citado operativo estaría recién en su primera fase, según la UIC, es de esperar que en los próximos días sean detenidos e imputados todos los miembros de la asociación criminal y que, de una vez por todas, se encare a la vez el saneamiento a fondo no solo de la nauseabunda DNA, sino también de todas aquellas entidades públicas en las que la corrupción ha hecho “metástasis”.