Nuestro diario publicó dos aberrantes órdenes de servicio emitidas por el ex jefe interino de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, coronel Martín Cáceres, que son propias de un régimen dictatorial y no de uno respetuoso del Estado de derecho y de las libertades ciudadanas. Por la primera, fechada el 16 de septiembre de 2015, se dispuso que catorce militares efectuaran durante dos días el “monitoreo” y el “acompañamiento” de la marcha estudiantil del 18 de septiembre de 2015; por la segunda, del 21 de octubre del mismo año, se designó a quince uniformados para que hicieran lo mismo durante 21 días con respecto a la marcha del Partido Paraguay Pyahurã del 29 de octubre, y a las elecciones municipales del 15 de noviembre.
En ambos casos, el coronel invocó una “Directiva de Operaciones Nº 01 del Comanjefe de fecha 18 de agosto 2013”, cuya existencia ignora el actual ministro de Defensa, Diógenes Martínez. Esto significa que la primera instrucción impartida por el presidente de la República, Horacio Cartes, en su carácter de comandante en jefe, sirvió para que los compatriotas que ejercieron su derecho a manifestarse pacíficamente y a intervenir en unos comicios fueran espiados por miembros de la institución encargada de “custodiar la integridad territorial” y “defender a las autoridades legítimamente constituidas”, según el art. 173 de la Ley Fundamental. Como es obvio que las actividades monitoreadas y acompañadas no apuntaban a afectar el territorio nacional ni a derrocar a los gobernantes, las tareas realizadas por el personal militar implicaron una gravísima violación del ordenamiento jurídico.
En las órdenes de servicio se habla de “trabajos propios de esta Dirección”, de modo que, si eso es cierto, habría alguna disposición que le autorizaba a vigilar a los colegiales que reclamaban la distribución de kits escolares, la capacitación docente, la mejora de infraestructura en los colegios, el boleto estudiantil, la alimentación en los colegios públicos, una mayor eficiencia del Ministerio respectivo y más dinero para la educación. También habría alguna normativa que le permitía infiltrar a sus agentes en una marcha realizada en Asunción “por la renuncia de Cartes, por trabajo, tierra y pan, por una Junta Patriótica”, según el programa difundido por los medios de prensa, sin que a nadie se le hubiera podido ocurrir que se gestaba un golpe de Estado. Y hasta habría alguna ley, decreto o directriz que le permitía a la mencionada Dirección, por increíble que parezca, practicar el “pyragüereato” en vísperas de unas elecciones municipales y hasta el día siguiente de su realización.
Si el coronel Cáceres no cometió abuso de poder, sino que se limitó ejercer una función prevista en las reglas que rigen el organismo que encabeza, ellas serían inadmisibles en un Estado democrático y más bien propias de uno policial o militar. Según su organigrama, la dependencia en cuestión elabora “la inteligencia militar de carácter estratégico y operacional en tiempo de paz, crisis o conflicto, principalmente en cuanto se refiere a alertar sobre situaciones con riesgo potencial de crisis”. La descripción de funciones está formulada en términos demasiado amplios y resulta cuestionable desde el punto de vista constitucional, ya que ningún organismo puede tener atribuciones que no estén fundadas en una ley. Con todo, ni siquiera de ella se desprende que los “trabajos” efectuados con motivo de las órdenes citadas sean inherentes a la Dirección de marras, salvo que se estime que los estudiantes secundarios, los manifestantes de un partido y unos candidatos a intendente o a concejal, así como los electores, hubieran podido provocar una crisis. Si se incurrió en el disparate de creer que podían apeligrar la seguridad interna, cabe apuntar que de ella debe encargarse la Policía Nacional, según el art. 175 de la Constitución.
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Se publicaron solo dos órdenes escandalosas, pero es muy probable que existan ocultas otras similares, anteriores y posteriores a ellas. En tal caso, la ciudadanía estaría sometida al control de una institución cuyo honor, según el Presidente de la República, debe ser respetado. Tiene toda la razón, solo que las Fuerzas Armadas, por su parte, están obligadas a respetar el honor de quienes ejercen un derecho y hasta cumplen con un deber, como cuando votan.
Es de preguntarse si el Comandante en Jefe recibe con regularidad noticias sobre las actividades de los dirigentes políticos o sociales que critican su gestión gubernativa, porque hasta sería concebible que los militares que espían a sus compatriotas fisgoneen también en la vida privada de los adversarios del presidente Cartes. ¿Por qué habrían de limitarse al “monitoreo” y “acompañamiento” de marchas y de elecciones, solamente?
Mientras tanto, los ciudadanos comunes no pueden ejercer el derecho consagrado en la Ley Nº 5282/14, de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental, para enterarse de datos sobre los militares que son de interés público, como ocurrió en los últimos días.
Las Fuerzas Armadas están para defender las fronteras e impedir que las autoridades legítimas sean depuestas al margen de la Constitución. El EPP dice que persigue, entre otras cosas, este último fin, de modo que la hoy afamada Dirección haría bien en abocarse a recabar informaciones sobre esa banda criminal que tiene en ascuas a una vasta región, y dejar en paz a los ciudadanos comunes que ejercen su derecho.
Los partidos políticos y los parlamentarios que no estén de acuerdo con este atropello a los derechos ciudadanos deberían pedir explicaciones al Comandante en Jefe.
El “pyragüereato”, que tanto daño ha causado en tiempos de la dictadura, no debe volver nunca más al ambiente político y social de nuestra sociedad.