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En la última sesión plenaria de la Cámara Baja, la diputada Kattya González (PEN) afirmó que la imputación y el pedido de desafuero que afectaban a su colega Ulises Quintana (ANR) –presunto cómplice del delito de tráfico de drogas y autor de los de tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero– demostraban la necesidad de depurar el Poder Judicial, cuya máxima autoridad no debería seguir en manos de “bastardos” y representantes del crimen organizado. Tiene toda la razón del mundo, solo que le faltó agregar que tampoco el Legislativo debe seguir pareciéndose a un vulgar aguantadero, en el que sientan sus reales diputados y senadores con serios indicios de estar ligados al narcotráfico y otros delitos. Un par de ellos son el aún diputado Freddy D’Ecclesiis (ANR) y el senador suplente Bernardo Villalba (ANR), entre otros, según una denuncia formulada por los senadores de la Comisión Nacional de Lucha contra el Narcotráfico en noviembre de 2014.
El diputado Roberto González consideró que la Justicia se está “ensañando” con el diputado Quintana. Su colega Édgar Acosta (PLRA) afirmó que la fiscala Victoria Acuña lo imputó “absurdamente” por un hecho, y lamentó que hiciera lo propio con su colega y correligionario Teófilo Espínola. Otros legisladores se manifestaron en sentido similar, como si de pronto descubrieran que la Administración de Justicia, que de repente da al menos débiles muestras de recordar sus obligaciones, fuera un desastre.
No será este diario el que asuma la defensa del Ministerio Público y del Poder Judicial, cuyas actuaciones viene censurando desde hace largos años con la mayor energía, pero puede afirmarse que la causa final del nepotismo, del prevaricato y de la corrupción que reinan en dichos órganos radica, justamente, en que jueces y fiscales dependen del poder político que los zarandea a su antojo. Este poder fáctico es ejercido justamente por los ahora “indignados” parlamentarios que aceptaron el “generoso” pedido de desafuero –en vez de privarlo de su investidura– presentado por el diputado Quintana, exdefensor del famoso narcotraficante Tomás Rojas, condenado a 25 años de prisión, e hijo de un juez, Cleto Quintana, destituido por haber liberado a diez reclusos de igual ralea durante una feria judicial.
Es de pública notoriedad que el carnet partidario juega un papel decisivo a la hora de designar al fiscal general del Estado, a los agentes fiscales, a los jueces, a los camaristas y, desde luego, a los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Las ternas de candidatos a dichos cargos son conformadas por el Consejo de la Magistratura, dos de cuyos ocho integrantes son un diputado y un senador. Se dirá que son una minoría, pero ocurre que, de hecho, los partidos inciden también en la elección de otros miembros del Consejo. Si a ellos se suman el representante del Poder Ejecutivo y hasta el de la Corte, cuya composición responde a un aberrante “cuoteo” partidario, resulta que la política tiene mucho que ver con las evidentes miserias del Ministerio Público y del Poder Judicial.
En consecuencia, estando la Corte compuesta de acuerdo a la filiación partidaria, ella reproduce la misma infame repartija al designar a los magistrados inferiores y a los agentes fiscales según similar criterio. Tan es así que el juicio político promovido por la Cámara de Diputados en 2014 contra los ministros Miguel Óscar Bajac, Sindulfo Blanco y César Garay quedó paralizado en la de Senadores por la simple razón de que no hubo acuerdo sobre los eventuales reemplazantes. Si lo hubiera habido, la orden correspondiente habría sido impartida al Consejo de la Magistratura para la selección de los candidatos. Por cierto, el primero de los mencionados –padre de la nueva senadora María Eugenia Bajac (PLRA)– ya se jubiló, y el segundo –padre del también flamante diputado Rodrigo Blanco (PLRA)– hará lo mismo en breve. Así que todo queda en familia.
En cuanto al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que también juzga a los agentes fiscales, se repite casi la misma historia en cuanto a su composición y actuaciones. Este organismo es el que llegó a prostituir al máximo el defenestrado senador Óscar González Daher (ANR), y estuvo integrado, entre otros, por quien se vio obligado a renunciar a su investidura, Jorge Oviedo Matto (Unace).
Pero más allá de lo que disponga la Carta Magna con respecto a los órganos que proponen a los postulantes, a la designación de los mismos y a su juzgamiento, importa subrayar que los políticos, y en especial los congresistas, influyen notablemente en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, siendo, por tanto, corresponsables directos del calamitoso estado de estos organismos. Que no pretendan hacerse las víctimas para lavarse las manos ahora que ha salido a la luz un caso similar a la mencionada denuncia presentada en noviembre de 2014 en el Senado, contra varios legisladores.
Los verdaderos damnificados son los ciudadanos comunes, que, por carecer de privilegios, por ser “gente común”, no pueden ser comparados con ellos, al decir del diputado Carlos Portillo (PLRA).
Queda claro, entonces, que no solo tiene que ser depurado el Poder Judicial, sino también el Legislativo. Sus miembros averiados y requeridos por la Justicia tienen que ser desaforados de inmediato para que puedan responder por sus actos sin prerrogativa alguna, y aquellos que tan evidentemente han caído en el delito deben ser despojados de su investidura y dejar sus bancas. De lo contrario, la actual legislatura no se diferenciará de los nefastos corporativos anteriores y, sobre todo, no tendrá autoridad moral para cuestionar a fiscales y jueces.