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A estar por recientes declaraciones del director paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Ángel María Recalde, luego de tres años de negociaciones con el Gobierno argentino, finalmente las Altas Partes Contratantes han llegado a un acuerdo para el ordenamiento económico-financiero de la entidad en el contexto de la revisión del Anexo C del Tratado de Yacyretá. La correspondiente Acta de Entendimiento sería firmada en Buenos Aires en la primera quincena de mayo, por los presidentes Horacio Cartes y Mauricio Macri, en ocasión de una visita del mandatario paraguayo a ese país.
Llamativamente, el ingeniero Recalde se negó a dar precisiones acerca del documento, contrariamente a lo prometido por el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República y coordinador del equipo negociador paraguayo, Juan Carlos López Moreira, en el sentido de que una vez cerrado el acuerdo, sus términos serían puestos a conocimiento del público y de los legisladores, lo que no ha ocurrido hasta ahora. Obviamente, la preocupación de la ciudadanía está centrada en que el mismo precautele debidamente los intereses nacionales en juego en la entidad binacional. Por lo tanto, el Gobierno tiene la obligación de informar pormenorizadamente a la opinión pública acerca de lo acordado con las autoridades argentinas en relación con las cuestiones básicas que hacen a la problemática de la entidad binacional, tales como el monto final de su deuda consolidada, tanto con el Tesoro argentino como con el Estado paraguayo, así como con otros acreedores y, concomitantemente, los créditos a favor por la electricidad entregada a EBISA y ANDE desde el inicio de operación de la primera unidad generadora.
Los términos del acuerdo a que nuestro país llegue con la Argentina en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) son de crucial importancia para la salvaguarda de nuestros intereses en ambas binacionales y en futuros proyectos hidroenergéticos sobre el río Paraná, atendiendo que desde el comienzo de operación de la usina, Brasil y Argentina tienen concertada una alianza energética cuya finalidad comercial estratégica es escamotear a vil precio nuestro excedente de electricidad generada en las mismas.
Decimos esto, porque con seguridad nuestros dos socios ya están otra vez en una oculta connivencia comercial en cuanto a la estrategia que han diseñado para la revisión del Anexo C de los respectivos tratados con nuestro país. Estrategia en la que, por cierto, buscarán mantener de alguna manera los beneficios de la inicua explotación a la que hasta ahora nos tienen sometidos, así como con relación a futuros proyectos hidroeléctricos en los que como socio indispensable no tendrán más remedio que aceptarnos, aunque como convidado de piedra hasta tanto el pueblo paraguayo reaccione exigiendo igualdad de hecho, y no de mero derecho, como en la actualidad.
Desde antes de la entrada en operaciones de la primera turbina de Itaipú, Argentina y Brasil suscribieron un tratado de interconexión eléctrica. Construyeron en la localidad brasileña de Garabí, fronteriza con la Argentina, la estación transformadora de frecuencia (50-60 Hz) ya en previsión de un intercambio comercial en horas pico de demanda de la electricidad a ser producida por las usinas binacionales de Itaipú y Yacyretá. Para embaucarnos, cínicamente en ambos tratados incluyeron la prohibición de que los socios pudieran vender a un tercero su excedente de electricidad, pero en la práctica, en nuestra cara, y hasta ahora, ellos tranquilamente se venden la energía paraguaya entre sí, mientras nuestras autoridades miran hacia otro lado y extienden la mano para recibir las coimas disfrazadas de “fondos sociales” que les pasan sus pares de Brasil y Argentina.
Para mayor humillación, se llevan nuestra electricidad a US$ 9/MWh y la comercializan las empresas estatales de capital mixto Eletrobrás y EBISA a US$ 80-100/MWh. Mientras tanto, nuestros pusilánimes directores generales de ambas binacionales se ufanan con los récords de generación obtenidos en Itaipú, o con la perspectiva de nuevas obras en Yacyretá.
Más allá de la crisis política desatada en nuestro país por la intención del presidente Horacio Cartes de atropellar la Constitución Nacional para forzar su reelección, que mantiene en vilo a la ciudadanía, esta no deja de estar pendiente del acuerdo sobre la EBY, que en el contexto de la revisión del Anexo C del Tratado, firmará nuestro país con la Argentina. La preocupación de la gente se centra en el hermetismo del Gobierno nacional al respecto. Se presta a que los ciudadanos sospechen que de nuevo está en curso una infame entrega de un vital interés nacional, lo cual no se procesa gratis, sino con la obtención de ocultos beneficios para los negociadores paraguayos, proporcional con la cuantiosa fortuna en dinero contante y sonante que tienen entre manos negociar.
Si bien la vez anterior los paraguayos y las paraguayas estaban indefensos ante las bayonetas de la dictadura, ahora la opinión pública nacional tiene libertad de expresión y puede manifestarse en todos los medios a su alcance. Si es que los negociadores paraguayos no defienden los intereses nacionales como deben, van a ser repudiados por la ciudadanía, la que en algún momento del futuro les va a exigir la rendición de cuentas ante la Justicia y la Historia.