Zacarías Irún comienza a chicanear

Como era de esperar, teniendo en cuenta la cadena de chicanas a que nos tienen acostumbrados los políticos cuando la Justicia golpea sus puertas, Rubén Fernández, abogado del senador Javier Zacarías Irún (ANR), presentó un incidente de nulidad de la imputación que el Ministerio Público formuló contra su cliente, por haber instigado a los exintendentes de Ciudad del Este Alberto Rodríguez y Sandra McLeod, así como a los funcionarios municipales Juan Sanabria, David Espínola y Dora Rojas a financiar con dinero público las campañas electorales del clan Zacarías Irún y de los candidatos “cartistas” en los comicios municipales de 2015 y en los internos de la ANR de 2017, así como un programa televisivo de su hijo menor Ernesto Zacarías, en 2014/15.

Según los datos que se van conociendo, estos desvíos de fondos se realizaban a través de licitaciones adjudicadas a Frontera Producciones, firma perteneciente al coimputado Carlos María Bordón, compadre del jefe del clan.

En la exhaustiva acta de imputación, los agentes fiscales Josefina Aghemo y René Fernández pidieron la prisión preventiva de quien había sido el “intendente de facto”, según el citado Sanabria, exdirector de prensa de la Municipalidad y también imputado, quien agregó que el senador esteño ordenaba gastos y quema de documentos públicos. Aparte de la impugnación referida, la jueza Teresita Cazal se excusó de entender en el caso, porque habría estado comprendida en las generales de la ley con el abogado defensor, lo que obligó a realizar un sorteo para reemplazarla por la jueza Cinthia Garcete.

Ya es previsible, pues, que Zacarías Irún –a quien el Senado instó ayer a renunciar a su investidura– recurra a múltiples chicanas para entorpecer el proceso, tal como lo ha venido haciendo en los últimos cinco años Víctor Bogado (ANR), un colega suyo de la misma ralea. Si el incidente de nulidad fuera rechazado, tal como todos los planteados en los últimos tiempos, la resolución sería apelada y, mientras tanto, el juez de la causa estaría impedido de solicitar el desafuero del senador. Si lo resuelto por la Cámara le fuera desfavorable, el afortunado personaje, que jamás pagó el impuesto a la renta personal, acudirá a la Corte Suprema de Justicia, so pretexto de inconstitucionalidad, confiando en que su expediente dilatorio acumule polvo durante un buen tiempo y, por ende, él siga gozando de sus fueros. Es lo que consiguió el diputado Tomás Rivas (ANR), quien habría pagado con dinero público el sueldo de tres caseros que “trabajaban” en la Cámara Baja: la Sala Penal de la Corte acaba de rechazar su recusación contra el ministro Luis Benítez Riera, planteada el 28 de junio de 2018. Es uno de los diez legisladores chicaneros que buscan demorar, a toda costa, una sentencia definitiva que, con toda probabilidad, sería condenatoria y les obligaría a devolver, con intereses, el dinero robado al erario. Por eso, no sería nada raro que Zacarías Irún ponga la mayor cantidad posible de palos en la rueda de los procesos que le afectan.

Solo quien se sabe culpable de los hechos punibles que se le atribuyen se vale de artimañas sistemáticas para trabar las actuaciones procesales, confiando en la morosidad y en la condescendencia de los magistrados que no se atreven a sancionar a quienes abusan de su derecho a la defensa, pese a lo que manda la Acordada N° 961/15 de la Corte. En efecto, esta ordena a los jueces o tribunales que apliquen sanciones disciplinarias al auxiliar de justicia que litigue de mala fe o ejerza abusivamente el derecho, estableciendo que la omisión en tal sentido constituirá una falta grave del magistrado (art. 4°). Además, califica de faltas graves de los abogados, entre otras, promover en el mismo expediente más de tres incidentes, incluidos los de recusación rechazados con costas, provocar inhibiciones por enemistad, por formulación de denuncia, por promoción de querella o demanda de más de un magistrado en el mismo proceso (art. 24).

En igual sentido, el Código Procesal Penal dispone que las partes eviten los “planteos dilatorios” y que no designen apoderados comprendidos respecto del magistrado en una notoria relación para forzarlo a inhibirse (art. 112), que los jueces deben velar por el uso correcto de las facultades procesales y la buena fe (art. 113), y que cuando se constatare mala fe, ellos podrán sancionar hasta con cien días de multa en casos graves o reiterados y, en los demás casos, con hasta cincuenta días de multa o apercibimientos (art. 114). Lamentablemente, la cobardía o la corrupción de los magistrados han ocasionado que ningún parlamentario chicanero haya sido alguna vez castigado por su inconducta, como lo fue en diciembre de 2017 un presunto estafador, cuando el juez de garantías José Delmás lo apercibió, lo declaró litigante de mala fe y revocó las medidas cautelares, ordenando en consecuencia su detención. Si los magistrados temen a Víctor Bogado y compañía, es probable que Zacarías Irún confíe en que sientan lo mismo con respecto a él, a fin de que su mandato legislativo concluya sin que ni siquiera se abra el juicio oral y público.

Es de desear que no se salga con la suya y que, al menos, en algún momento sea privado de sus fueros para sentarse en el banquillo de los acusados y no solo en el escaño que deshonra, conquistado gracias al dinero de la Municipalidad de Ciudad del Este, al decir del coimputado Sanabria. Si los diputados negaron su amparo a Sandra McLeod, se puede pretender que los senadores tengan igual actitud con respecto a su cónyuge. Y si hubo jueces que tuvieron el coraje de decretar la prisión preventiva de Óscar González Daher y del diputado Ulises Quintana (ANR), es de esperar que quienes se ocupen de este indignante caso impidan de entrada que su protagonista obstaculice el proceso con las chicanas acostumbradas.

La ciudadanía –sobre todo la de la capital del Alto Paraná– debe prestar mucha atención a cuanto ocurra con relación al senador encausado por haber inducido al desvío de fondos públicos para profanar una banca, entre otras fechorías. Tiene mucho dinero y no debe descartarse que aún cuente con cierto poder político, combinación esta que influiría en las actuaciones judiciales si no se las pone bajo la lupa. Sus principales víctimas –los contribuyentes de Ciudad del Este– deberían liderar esa “vigilia”, por el bien de sus compatriotas.