El 17 de febrero del año pasado, el entonces presidente de la Corte Suprema, Víctor Núñez, presentó una denuncia al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, sobre un caso de compra de armas, balas y equipos de seguridad para la máxima instancia judicial. La empresa Comtecpar, que fue adjudicada por casi G. 800 millones, había adquirido más elementos de los autorizados en la licitación. El excedente fue vendido a otro ente estatal, y en el mercado, a privados.
Sospechoso pedido en plena feria judicial
La denuncia fue derivada a un equipo de agentes del Ministerio Público. El pasado 29 de enero, en plena feria judicial, los fiscales Federico Delfino y Francisco Ayala pidieron la desestimación del caso. Llamativamente, la fiscala Sandra Quiñónez no firmó la solicitud. La jueza Griselda Caballero hizo lugar al planteo en tiempo récord, en fecha 4 de febrero último.
¿A dónde fueron a parar esos cinco rifles y las 12.000 balas que la firma Comtecpar trajo de más?
Se sabe ahora que la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), por medio de un pedido de su titular, Luis Rojas, adquirió los rifles a través de la modalidad de compra directa. Las balas terminaron en manos de civiles y empresas cuyos nombres son conocidos.
Lo grave del caso es que para importar todos estos elementos que se trajeron de más, se usó como “pantalla” a la Corte Suprema de Justicia. Carlos León, el dueño de la empresa importadora, se defendió diciendo que el contrato sufrió una adenda que habilitaba a un ajuste del 20% para traer más armas y balas. Aduce que esto tuvo el visto bueno de la titular de la Unidad de Contrataciones de la Corte, Liz Insfrán.
En uno de los casos se importaron 12.500 balas 5.56x45mm. de las 2.500 que había pedido la Corte., es decir, 10.000 balas más. Esto representa el 500% del pedido, no el 20%. La Corte, con la adenda, recibió 3.000 balas 5.56x45mm. De 2.500 a 3.000, sí existe una diferencia del 20%.
Argumento fiscal
Los fiscales que “indagaron” el caso argumentan que la empresa Comtecpar obtuvo los permisos correspondientes de parte de la Dirección de Material Bélico (Dimabel) para proceder a vender el excedente de armas y balas. Cabe aclarar que la Corte no había pedido esta cantidad adicional.
El escrito también dice que la venta de esas balas fueron autorizadas por la Dimabel con la anuencia de las instituciones que produjeron los excedentes (Corte Suprema) “por cuestiones administrativas ajenas al ámbito del proveedor”.
Aquí surge la pregunta de cómo pudo la Corte hacer un pedido adicional de cinco rifles y más de 12.000 balas que no se estipulaban en el contrato inicial ni en la adenda. La autorización que usa como excusa Comtecpar fue autorizada por Liz Fátima Insfrán, de la Unidad de Contrataciones, fuera de sus atribuciones.
Precisamente, Comtecpar usó esta autorización de Insfrán (que fue preparada por la propia empresa privada y solo fue firmada por la funcionaria) para impulsar los trámites de compra ante la Dimabel y el Gobierno de los EE.UU.
Los fiscales argumentan que los rifles y balas comprados de más “no fueron vendidos a turistas extranjeros ni a menores de edad”. Señalan que las personas que han adquirido estas municiones están identificadas y comparecieron en la Fiscalía para decir que las compraron “porque se dedican a la práctica de tiro” (…), por lo tanto los mismos “poseen experiencia, habilidad”(...) y “son socios del Club de Tiro Práctico del Paraguay”.
Otro de los puntos llamativos del escrito es que los fiscales aducen que “ante la ausencia de reglamentación” no pudieron determinar si el calibre 5.56x45mm. es o no exclusivo para el uso de organismos de defensa del Estado.
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