24 de Marzo de 2011

Ante denuncias de "arreglos", se intervienen fiscalías ambientales

El fiscal adjunto Jorge Sosa interviene 10 unidades de Delitos Ambientales de todo el país ante denuncias de irregularidades. Los agentes están en la mira por los criterios que utilizan para otorgar salidas alternativas, multas y donaciones.

Sosa, fiscal responsable de la Unidad de Delitos Ambientales que funciona desde el 2007, confirmó que día a día le "llueven" informaciones de presuntas irregularidades y,  que a raíz de esto, desde hace 15 días fue dispuesta la intervención.   

El adjunto no derivó la investigación a Auditoría de Gestión del Ministerio Público, sino que realiza él mismo el relevamiento de datos. Las unidades intervenidas son las de Santa Rosa del Aguaray, Caazapá, Villarrica, Itapúa, Alto Paraná, Concepción, Pedro Juan Caballero, Salto del Guairá, Coronel Oviedo y capital.   

Hay sucesivos reclamos de "arreglos" que realiza el Ministerio Público con infractores ambientales.

Sosa refirió que la intervención duraría unos seis meses. Aclaró que este trabajo era una "tarea pendiente"  y que, en cuanto a los delitos ambientales, la Fiscalía busca más que el castigo de los implicados, la reparación del daño ocasionado al medio ambiente.

El fiscal Ricardo Merlo es el coordinador de la unidad y se encuentra realizando la intervención en Ciudad del Este.    Justamente Merlo fue muy cuestionado por otorgar suspensión condicional del procedimiento a Ulisses Rodrigues Teixeira a cambio de una donación de G. 400 millones y una camioneta.

Sugestivamente, había pedido que el vehículo sea para la Fiscalía del Ambiente, y la millonaria suma, para el hogar Unidos en Cristo, cuya actividad nada tiene que ver con trabajos ambientales. Sin embargo, el juez Rubén Ayala Brun no aceptó lo primero y entregó la millonaria suma a tres entidades benéficas.     El brasileño fue imputado por producción mediata de documentos públicos de contenido falso. Se probó que falseó datos al declarar que en su propiedad de 22.000 hectáreas solo había una reserva de 600 hectáreas de bosque.   

Existen otros  fiscales que buscan "salidas" en beneficio de sus propias unidades. Los jueces penales de garantías, de un tiempo a esta parte, rechazan estos  planteamientos principalmente porque el Ministerio Público cuenta con su propio presupuesto.

El "logro" de Candia

De acuerdo al informe de gestión del Ministerio Público del año pasado, en concepto de "multa" la Unidad de Delitos Ambientales llegó a recaudar un total de G. 421.565.833 y por "reparación de daño" la suma de G. 5.887.150.000, más del millón de dólares.

Esto fue considerado uno de los "logros" del fiscal general, Rubén Candia Amarilla.

En  2010, unas 37 causas ingresaron, y según el referido informe hubo 37 condenas hasta ahora.

La intervención de la Unidad, en todo el país, se veía venir ante muchas denuncias que se registran y que dejan en evidencia que muchos fiscales se prestan a "arreglos" extrajudiciales.
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