Contraloría tampoco tiene acceso

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Otro tema de falta de control es lo que sucede también con el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia. Cada vez que la Contraloría solicita al Poder Judicial la realización de una auditoría para saber cómo están gastando, los ministros responden a través de una inconstitucionalidad a la que recurrieron para que solo el Tribunal de Cuentas sea la instancia que revise sus gastos administrativos.

La Corte cada año solicita el estudio de su rendición de cuenta ante el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala. Obviamente, durante los últimos seis años este tribunal nunca halló ninguna irregularidad.

El contralor Rubén Velázquez había declarado que también llegaron a solicitar rendiciones acerca del dinero que la Corte vía convenio cedió al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para la construcción de sedes judiciales, pero que tampoco tuvieron respuesta favorable.

“Nunca tuvimos respuesta de esta gente. Pero estamos viendo el mecanismo legal para poder realizar una auditoría y meternos de lleno a indagar las cuestiones administrativas”, declaró Velázquez.