Cargando...
El caso tiene que ver con una "rosca" que extorsionaba a propietarios de vehículos "mau".El agente de Delitos Económicos y Anticorrupción ya acusó por el mismo hecho a la pareja de abogados conformada por Gladys López de Venialgo y David Manuel Venialgo, quienes en connivencia con el fiscal Cáceres intentaron despojar de G. 10 millones al denunciante Arístides Luciano Irala, propietario de un vehículo con cédula marrón. Irala fue imputado por reducción.
En el escrito de acusación de Cazenave se manifiesta: "Con respecto a Gustavo Enrique Cáceres Fernández, la conducta dolosa desplegada por el mismo ha sido probada, en el sentido de que en la reunión mantenida por los abogados Gladys López y David Venialgo con el señor Irala en fecha 8 de abril de 2010, en el edificio El Dorado".
Agrega sobre el punto: "... los mismos (por los abogados) exhibieron la garantía de la devolución del vehículo solicitada por Irala, que en este caso es la resolución Nº 175 de fecha 7 de abril de 2010, impresa en papel de fax con la firma del fiscal titular de la causa Gustavo Enrique Cáceres Fernández, para de esa manera forzar al señor Irala y llegar al acuerdo pactado y en consecuencia despojar del patrimonio del mismo la suma de guaraníes 10.000.000 (diez millones), para proceder a la devolución del vehículo y su posterior desvinculación de la causa abierta en su contra".
Cazenave acota que los abogados Venialgo aparecían como representantes de dos firmas aseguradoras brasileñas y recuperaban vehículos sustraídos en ese país y como parte del "acuerdo" manifestarían a la empresa aseguradora que el vehículo se encontraba en avanzado estado de deterioro, por lo que la misma no estaría interesada en su recuperación.
Denuncias en su turno
Entre los hechos comprometedores contra el fiscal Gustavo Cáceres está un informe remitido por la abogada Nora González, encargada de mesa de entrada de la Fiscalía de Villarrica, donde se constata que todas las denuncias realizadas por Gladys y David Venialgo referentes a vehículos supuestamente robados en el Brasil y que se encontraban circulando en Villarrica eran presentadas durante el turno del fiscal Cáceres.
En su mayoría eran vehículos que no circulaban siquiera en la zona, dice Cazenave en su acusación. Además, saltaron fluidas comunicaciones telefónicas entre los dos abogados y el fiscal Cáceres, por los informes de las empresas Tigo, Personal y Claro.
En el escrito de acusación de Cazenave se manifiesta: "Con respecto a Gustavo Enrique Cáceres Fernández, la conducta dolosa desplegada por el mismo ha sido probada, en el sentido de que en la reunión mantenida por los abogados Gladys López y David Venialgo con el señor Irala en fecha 8 de abril de 2010, en el edificio El Dorado".
Agrega sobre el punto: "... los mismos (por los abogados) exhibieron la garantía de la devolución del vehículo solicitada por Irala, que en este caso es la resolución Nº 175 de fecha 7 de abril de 2010, impresa en papel de fax con la firma del fiscal titular de la causa Gustavo Enrique Cáceres Fernández, para de esa manera forzar al señor Irala y llegar al acuerdo pactado y en consecuencia despojar del patrimonio del mismo la suma de guaraníes 10.000.000 (diez millones), para proceder a la devolución del vehículo y su posterior desvinculación de la causa abierta en su contra".
Cazenave acota que los abogados Venialgo aparecían como representantes de dos firmas aseguradoras brasileñas y recuperaban vehículos sustraídos en ese país y como parte del "acuerdo" manifestarían a la empresa aseguradora que el vehículo se encontraba en avanzado estado de deterioro, por lo que la misma no estaría interesada en su recuperación.
Denuncias en su turno
Entre los hechos comprometedores contra el fiscal Gustavo Cáceres está un informe remitido por la abogada Nora González, encargada de mesa de entrada de la Fiscalía de Villarrica, donde se constata que todas las denuncias realizadas por Gladys y David Venialgo referentes a vehículos supuestamente robados en el Brasil y que se encontraban circulando en Villarrica eran presentadas durante el turno del fiscal Cáceres.
En su mayoría eran vehículos que no circulaban siquiera en la zona, dice Cazenave en su acusación. Además, saltaron fluidas comunicaciones telefónicas entre los dos abogados y el fiscal Cáceres, por los informes de las empresas Tigo, Personal y Claro.