Sugestivo peritaje de fiscalía para archivar investigación al ministro

Un sugestivo peritaje de las contadoras Graciela Álvarez y Elizabeth Benítez, del Laboratorio Forense de la fiscalía, posibilitó el "archivo" de la investigación por enriquecimiento ilícito del ministro de la Corte Víctor Núñez, su esposa Julia Albertini y su hija Cathia Núñez. Además, la Contraloría General también dictaminó que "existe correspondencia de bienes".La clave para que Núñez no posea "enriquecimiento ilícito" fue no atribuirle siete lujosos dúplex que la firma Animex -donde su esposa María Julia Albertini es directora- tiene en el barrio Villa Virginia de Lambaré y una casa de 300.000 dólares en el distrito de la Recoleta de Asunción, que está inscripta a nombre de la SA en los Registros Públicos.

Graciela Álvarez y Elizabeth Benítez concluyeron que esa firma tenía recursos financieros y que solo poseía como saldo en caja poco más de G. 15 millones.

Las profesionales iniciaron la pericia contable a Animex SA el 14 de julio de 2011.

Esa pericia concluyó: "los recursos financieros que sirvieron para solventar las inversiones y gastos de la sociedad Animex SA provienen de los ingresos generados por las actividades de la sociedad, tales como la actividad comercial, alquileres de inmuebles, los ingresos provenientes de la actividad ganadera, préstamos obtenidos de terceros y aportes de los accionistas, capitalizados y a capitalizar, conforme se observa en el resumen general de saldo en caja, según balance general y flujo de efectivo al cierre del 31 de diciembre de 2009, de G. 15.829.151...".

De esta forma se descartó el enriquecimiento ilegítimo, porque supuestamente Núñez posee correspondencia de bienes y, por ende, se descarta el  lavado de dinero a través de Animex.

El dictamen fue trascendental porque con ese aval más el examen del contralor Rubén Velázquez y sus auditores, el fiscal de Delitos Económicos, René Fernández, solicitó el 27 de diciembre del año pasado la desestimación de la causa.

El "archivo" fue concretado la semana pasada por el juez penal de garantías de feria, Hugo Sosa Pasmor, quien interina a Humberto Otazú, juez penal de Delitos Económicos.
   
De esta forma, el resultado pericial del Laboratorio Forense del Ministerio Público está en duda porque una investigación periodística reveló el crecimiento económico de la firma Animex, y que sus bienes serían los del ministro. La sociedad anónima compró una residencia de 300.000 dólares (donde vive el ministro), siete dúplex en Lambaré y un campo de 800 hectáreas en la zona de Villa Oliva, por más de G. 1.300 millones.   

La credibilidad de la perita Graciela Álvarez sigue en juego porque debe expedirse sobre la fortuna del senador Víctor Bernal.