Respiro aliviada cuando me informo que el diputado Dionisio Amarilla presentó el proyecto de ley de optimización de los servicios al cliente, que –entre otras cosas– prohíbe el empleo de contestadores automáticos o similares como medio exclusivo de atención al cliente. También, me entero de que los empresarios chillan y alguno dice que es demencial el proyecto de ley. Sucede que los dueños y altos ejecutivos de las empresas nunca hacen uso de su malvado y de-men-cial “servicio de atención al cliente”, que parece destinado a enloquecer a la clientela. Los capos de las empresas no necesitan llamar al servicio de atención al cliente de ninguna institución, porque son todos amigos entre ellos. Cuando van a un banco –si es que van–, son atendidos con toda velocidad, como si fueran asaltantes de bancos. Al común de los mortales nos mandan a sacar número.

Para que sepan, en la Argentina, en el 2008, fue aprobada en el Congreso, por amplia mayoría, la reforma de la Ley de Defensa al Consumidor, que resolvió una serie de conflictos similares a los nuestros. Exige, por ejemplo, que las empresas prestadoras de servicios públicos otorguen atención personalizada. Así, los usuarios de los servicios telefónicos que eran atendidos por un contestador automático, hoy pueden exigir ser atendidos por un empleado de la empresa. Además, otorga a los usuarios el derecho de rescindir un contrato por el mismo medio que fuera adjudicado. Sin andar con tanta vuelta, sin pagar ningún seguro ni nada, fuera de toda dictadura y maltrato comercial. La encantadora y bien amada clientela nos merecemos trato humano, amable y, de ser posible, con alfombra roja, reflectores y flashes.

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