Entre nosotros, hoy, la prepotencia se convirtió en el modo de relacionarse de la mayoría, porque se considera que las formas de pensar diferente, que los desacuerdos se resuelven compitiendo quien tiene más poder, quien patotea con más violencia. Con esto se convierte a la competencia en un acto de desvalorización de las personas. No es una competencia por la calidad ni para alcanzar el bienestar común ni el progreso. Lo importante no es ganar, sino que pierda la otra parte. Y para que esa otra parte pierda, todo se justifica, hasta el peor daño, la mayor mentira, la persecución.
Cunden el malestar y la desconfianza porque las autoridades al frente de las instituciones proponen proyectos, prometen progreso, como el caso del metrobús, y el resultado es la estafa, el engaño, el perjuicio.
Si una empresa es honesta, debe hacerse cargo de las consecuencias negativas para preservar el bienestar de la comunidad. En medio del sofocante calor, Essap y Ande no pueden tener a una parte de la población sin agua y sin energía eléctrica, y no ofrecer una respuesta respetuosa, una solución alternativa, aunque sea momentánea.
Cuestionamos a nuestras autoridades corruptas y su mala gestión. Quizá deberíamos preguntarnos por qué aceptamos esta clase de dirigencia. Cuál es nuestro error, qué nos pasa para que consintamos que nos gobiernen delincuentes que nos maltratan.
Dice Maturana que la idea de lucro aparece cuando la ganancia es ilegítima. Es decir, cuando se toma lo que es de bienestar para la comunidad y se destina al propio bolsillo. Allí hay una ruptura de la honestidad y la equidad. Cuando se percibe abuso, cuando se evidencia que una decisión es ilegítima y arbitraria, como es el caso de la Municipalidad de Asunción, que persiste en su determinación de tercerizar el cobro de impuestos, y cede esa facultad intransferible, con todos nuestros datos privados, a una empresa comercial de origen panameño, el Consorcio TX.
En esta semana, Francia se convirtió en el primer país en multar a Google, una plataforma mundial de internet, sobre la base del nuevo reglamento de protección de datos (RGPD).
Aquí, la ciudadanía contribuyente les pagamos sueldos millonarios al intendente, a concejales de la Junta Municipal y a jefes de departamentos, ¡para que entreguen nuestros datos personales a la empresa panameña Consorcio TX por DIEZ AÑOS!
A ver si nuestros legisladores colaboran con nuestra seguridad y promulgan una ley de protección de datos, que le impida a la municipalidad o a cualquier institución, esparcir a su gusto nuestros datos personales.
Por carlafabri@abc.com.py