Son 30 años. Es tiempo de memoria, juicio y castigo. Esa era la consigna de la multitudinaria marcha realizada el pasado sábado por las calles de Asunción, desde la Plaza de los Desaparecidos hasta la Plaza de la Democracia.
Paradojas de la vida, en tiempos de democracia, las víctimas y familiares de víctimas no pudieron ingresar a la plaza desde donde partió la marcha por restricciones de la policía. Pese a ese “regalo”, el entusiasmo por recordar la gesta no mermó.
Rostros de diversas ideologías y preferencias políticas emergieron y dejaron de lado las diferencias para marchar por un mismo ideal: consolidar lo que se ha venido llamando el “proceso democrático”.
Un extenso manifiesto se leyó en el acto central, en el que figuras de la oposición stronista, sumadas a los jóvenes que ahora siguen la lucha, se unieron en un solo sentimiento. La performance que evocó tiempos de abusos conmovió a los presentes. El momento fue tanto liberador como emotivo.
“A 30 años de la caída de Stroessner, el desafío es derribar al stronismo, hacer memoria, enjuiciar a los responsables del saqueo y el terrorismo de Estado, recuperar las tierras y bienes robados al pueblo, construir poder popular en unidad para avanzar en conquistas democráticas que posibiliten condiciones para la felicidad colectiva de todas y todos quienes vivimos en el Paraguay. Renovamos el compromiso de luchar y construir organización en el campo y la ciudad, para acabar con la herencia stronista, y construir una sociedad democrática, justa y plural”, decía parte del manifiesto.
Reivindicaciones
Entre las reivindicaciones expresadas públicamente se encontraban puntos como: “Destinar presupuesto adecuado para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas durante la dictadura stronista. Enjuiciar y castigar penalmente a los responsables de las violaciones a los derechos humanos, dada la naturaleza imprescriptible de los delitos de lesa humanidad. Establecer la obligatoriedad en el plan común de la educación escolar media de la asignatura ‘Autoritarismo en la historia reciente del Paraguay’, tanto en instituciones de gestión pública como en las privadas y subvencionadas. La educación pública debe asumir su carácter de derecho fundamental, teniendo como núcleo la educación en derechos humanos, y dando un espacio significativo a la construcción y difusión de la memoria histórica. Las nuevas generaciones tienen derecho a la verdad sobre lo ocurrido en nuestro pasado reciente, para definir su responsabilidad ante el mismo y la construcción del futuro de nuestra sociedad. Los procesos educativos pueden aportar mucho en la tarea de decidir qué cosas no deseamos que se sigan repitiendo en la sociedad, y qué valores, principios democráticos y de derechos humanos se desean promover, profundizar y extender”.
Texto y fotos mescurra@abc.com.py