16 de Setiembre de 2007

 

El Cabildo de Asunción I

En un día como hoy, hace 466 años, el fuerte militar de Asunción se elevó a la categoría de ciudad con la fundación del Cabildo. Al inicio de la conquista, éste no tuvo edificio propio y los ayuntamientos o sesiones se llevaban a cabo en casa del gobernador Domingo Martínez de Irala, ubicada junto a la barranca del río; tampoco había cárcel y los presos eran encerrados en domicilios particulares, asegurándolos con grillos y cepos.

/ ABC Color

La primera acta capitular que consigna una reunión celebrada “en su Cabildo y Regimiento” data de setiembre de 1578, lo cual significa que recién en esa época el Cabildo contó con casa propia.

Tan precaria habrá sido su construcción que una década después, el procurador de la ciudad, Antonio de la Madriz pidió en junio de 1595, se provea de los fondos de la ciudad “para que se hagan las Casas del Cabildo y Cárcel, porque es bien de esta ciudad”.

Todavía en 1607 la obra seguía inconclusa y ocupada por “guepedes” (huéspedes) motivo por el cual los cabildantes se reunían en casa del general Antonio de Añazco, situada junto a la Plaza de Armas.

Dos años después, Hernandarias informó al Rey acerca de la habilitación de las Casas Capitulares, así como del retorno a ella del arcón que guardaba el archivo de la ciudad. Es de suponer que la cárcel también volvió a incorporarse al nuevo edificio:

“Hasta ahora ha estado esta ciudad sin Casas de Cabildo a cuya causa ha estado el archivo desta ciudad en las casas que se metieron en el ínterin y que atento a que ahora están acabadas las Casas del Cabildo y hay comodidad donde puede estar el dicho archivo por tanto acordaron se traiga y se meta en estas casas donde esté en guarda y custodia”.

El Cabildo de Asunción se hallaba ubicado “desde tiempo inmemorial” junto a la Plaza Mayor, muy cerca de las barrancas del río. En 1640 se ordenó eliminar los corrales o cercos de las casas episcopales vecinas al Cabildo por robar espacio a la calle “por donde suben los gobernadores y obispos cuando llegan a la ciudad por el río” (Independencia Nacional).

Cinco años después, el Cabildo acordó tramitar a su favor la cesión de las mismas debido a los graves inconvenientes que acarreaba su proximidad: “Es importante que las casas del Cabildo no tengan las casas episcopales conjuntas dellas de que se siguen grandes inconvenientes, así por oír lo que se trata o propone en Cabildo y viene a ser revelado y sabido antes de su ejecución con lo que se diluyen y desvanecen el fin de las dichas proposiciones y acuerdos, y los presos que se ponen por tales en las casas del Cabildo por ser cárcel pública y de posada para ellos, les es muy fácil evadirse de la cárcel y pasarse a las dichas episcopales donde pueden gozar de privilegios por haberlas avisado el señor obispo fray Bernardino de Cárdenas y por ser de la Santa Iglesia Catedral por donación que dellas le hizo el señor obispo don Lorenzo Pérez del Grado, de gloriosa memoria”.

Según antecedentes de títulos obrantes en el Archivo Nacional de Asunción, aquellas fincas habían pertenecido, en parte, al Factor Pedro Dorantes, venido con don Pedro de Mendoza en 1536 y otra, al teniente gobernador Felipe de Cáceres (1568-1572). A comienzos del siglo XVIII, la propiedad se hallaba en poder del capitán Francisco de Espínola y su esposa Mencia Ovalle y Cáceres, hija de Felipe de Cáceres y Magdalena Espinoza.

En 1618, Espínola vendió una fracción de aquella propiedad al procurador del obispo del Paraguay, el cura de San Blas, Juan López de Gamarra, para vivienda del prelado Lorenzo Pérez del Grado. A la salida de éste, la casa quedó al episcopado y allí vivieron varios obispos: fray Tomás de Torres (1621-1625), fray Cristóbal de Aresti (1630-1636) y fray Bernardino de Cárdenas (1642-1646), entre otros.

Es importante señalar que el capitán Francisco de Espínola había manifestado en 1618 que vendía parte de la propiedad y no la totalidad de ella. A mediados del siglo XVII aquella porción de terreno era poseído por Juan Cabrera y Ovalle, hijo del capitán Juan Cabrera y Guiomar de Ovalle. En 1644, vendió dicho solar con una casa de dos lances y dos cupiales (techo de una sola agua) a su tía Ana de Vera y Aragón, viuda del capitán Juan de Vera y Aragón. La vivienda fue tomada en alquiler por el gobernador Gregorio de Hinestrosa (1641-1646) y luego por su sucesor Diego de Escobar y Osorio.

En el Juicio de Residencia practicado a Hinestrosa al término de su gobierno, se lo acusó de haber introducido mejoras en aquella casa, sin licencia real, motivo por el cual, la misma fue transferida a la Corona, en perjuicio de Ana de Vera y Aragón que en vano reclamó sus derechos, una y otra vez. Desde entonces, aquella propiedad fue conocida como “Casa del Rey” o Casa de Gobierno, aunque la titulación de la misma recién se efectivizó dos décadas después, en 1804; para entonces la sede gubernamental ya había cambiado de sitio y la propiedad pasaba de manos del anterior comprador, Juan de Laguardia (1777), a las de Alejandro García Diez, en 1801.

Retomando el tema, cabe destacar que en 1670 el Cabildo pudo ensanchar su espacio físico con la adquisición de la propiedad del “superintendente” Pedro de Valdivia y Brizuela, que gobernó la provincia en 1677 en ausencia de Juan Diez de Andino; la misma confinaba con las Casas Capitulares y allí se mandó edificar “una sala (para) que se pongan las armas de la ciudad”.

El suelo arenoso de la ciudad, la cercanía de las barrancas y las fuertes lluvias, sumados a la precariedad de la obra, hacían que el Cabildo demandara frecuentes reparos. En 1718 se pidieron indígenas de los pueblos vecinos para reconstruirlas, “especialmente los últimos cuartos que sirven de calabozos”.

En 1722, durante el gobierno de José de Antequera y Castro, el Cabildo presentó a las autoridades de la Iglesia una nueva solicitud de venta o trueque de las casas episcopales, por otra igual; este pedido, reiterado después de más de ocho décadas, prueba que aquella seguía siendo propiedad de la Catedral de Asunción.

En esa oportunidad, el Cabildo justificó su solicitud debido a que no contaba con “casa suficiente para calabozos, archivos y oficinas donde puedan actuar los jueces de la administración de Justicia.

Los presos de distinción eran encerrados en la Sala Capitular ubicada en la planta alta; cuando se daba esa situación, los capitulares sesionaban en casa del gobernador, como cuando el apresamiento del maestre de campo Sebastián de León, en 1670; al resto de los presos se los recluía en calabozos situados al fondo del edificio capitular.

Frente al Cabildo, en la Plaza de Armas o Plaza Mayor, se hallaba el Rollo, símbolo de la Justicia; allí se azotaba a los presos que según la ley, merecían escarmiento público. En 1768 se acordó levantar un nuevo rollo (yvyra pojokuaha) por encontrarse el actual en muy mal estado.

De tiempo inmemorial procedía la costumbre de vestir los cabildantes una capa negra; la suprimieron durante el gobierno de Pinedo (siglo XVIII) debido a su alto costo. En adelante, los alcaldes y demás señores a quienes correspondía vara debían ir de negro cuando asistían como cuerpo y para lucir de gala en las fiestas de tabla vestirían chupa (camisa ajustada) y medias blancas, casaca y calzón negros, y cuando salían de particular debían llevar bastón.

Los miembros del Cabildo se reconocían como “Padres de la Patria” e iban precedidos de maseros o escoltas que portaban una masa o vara; vestían de damasco carmesí, con vuelos en las mangas. El Cabildo les proporcionó trajes nuevos con motivo de la jura del rey Carlos III, en 1790. Se aprovechó el damasco sobrante para confeccionar una carpeta para la mesa de la Sala Capitular.

Torre del Cabildo

Un acontecimiento de relevancia para la ciudad se dio a partir de 1773 cuando el Cabildo adquirió un reloj que había pertenecido a los jesuitas expulsados años atrás. Para el efecto se consiguieron horcones para levantar una torre donde poder instalarlo y el procurador de la ciudad encargó 6.000 ladrillos para recubrir la estructura de madera. Al año siguiente la obra se hallaba cumplida y se mandaba pagar al alarife o maestro constructor por el trabajo realizado.

A partir de la inauguración del reloj y la torre, el portero del Cabildo tuvo una tarea adicional, la de dar cuerda al reloj dos veces al día y aceitar la máquina. En 1786 Juan Antonio Zavala y Delgadillo inspeccionó el reloj que fue de los jesuitas, con ayuda del maestro negro Pachi o Francisco. Se resolvió cambiar el armazón de madera por otro de ladrillo cocido y cal. Un acta del Cabildo de junio de ese año, señala que el interior de la torre se hallaba “robado en varias partes por el agua que entra por la claraboya destinada a comunicar la luz suficiente para el manejo de la máquina del reloj”. La reparación se encomendó al maestro Ramón de César, para lo cual se bajó el reloj a fin de entregarlo a un “relojero inteligente” que pudiera asear las piezas defectuosas hasta ponerlo en marcha.

A comienzos del siglo XIX (1802) la torre corría peligro de derrumbarse. Se pidió contribuciones para construir nuevo Cabildo y el comerciante español Alejandro García Diez ofreció 500 pesos para levantar una muralla junto a las barrancas, sin la cual de nada serviría construirlo de nuevo.

La obra ruinosa fue inspeccionada por los maestros Antonio Martínez Viana y Pedro Benítez Robles, que aconsejaron demolerla y hacerla de nuevo. La misma sería de cinco piezas; la Sala Capitular debía contener 14 varas, vale decir, unos 12 metros.

Los constructores presentaron al Cabildo dos propuestas: edificar en el mismo sitio o sangrar el río en la parte más conveniente. Se encomendaron los planos a Benítez Robles, pero pasó el tiempo sin presentarlos, por lo que se dispuso que se iniciara la obra con planos o sin ellos. Se mandó pedir donativos en la ciudad y el campo para poder levantarlo de nuevo.

Piedra fundamental del Cabildo

El 14 de agosto de 1815, vísperas del día de la patrona de la ciudad, el obispo Pedro García de Panés bendijo la piedra fundamental en compañía del Deán, Cabildo Eclesiástico de la Catedral y demás autoridades. La misma se colocó “en medio del cimiento de la torre que cae hacia el oeste” con lo que quedó iniciada la obra.

El 12 de agosto de 1816 se ordenó desalojar el viejo Cabildo; el archivo se instaló en la casa de Alejandro García Diez, contigua al mismo; entonces la tenía en alquiler el padre Miguel de Arcos y Mata. La cárcel se trasladó a las casas de Francisco de Sales González y Francisco Antonio González, herederos del padre Amancio González y Escobar; las mismas contenían cuatro piezas y se hallaban arrendadas al regidor José Antonio Alvarenga; dicha propiedad estaba situada en las actuales calles El Paraguayo Independiente entre Nuestra Señora de la Asunción y Chile (Comandancia Nacional de Policía). Francia auxilió al regidor “incomodado” con tres pesos mensuales. Para el guarda cárcel se pidió en alquiler la casa de doña Clara Marecos, otra descendiente de Amancio González y Escobar.

La construcción del nuevo Cabildo arrancó a partir de la vieja torre, la que al parecer se mantuvo en pie o fue reconstruida en el mismo sitio.

El plano del Cabildo fue obra de fray Andrés Rodríguez, quien recibió en pago cinco onzas de oro, a nombre del convento franciscano de la Recoleta.

Cuentan las actas capitulares que el Dictador Francia llegó a prohibir la venta de ladrillos a particulares, hasta tanto la obra del Cabildo no llegara a su fin; tomó esta decisión luego de comprobar que la lentitud de los trabajos se debía a la escasez de materiales. Para subsanar este inconveniente, mandó retirar las partidas de ladrillos entregadas a aquellos, para depositarlas al pie de la obra del Cabildo; los damnificados recibieron en dinero el valor de lo incautado.

Los principales proveedores de ladrillos fueron: Juan Vicente Rey y Lagle, Francisco Antonio Fleitas, María Ana Gómez y José Alvarenga. Las piedras eran traídas de Emboscada, lugar donde se construyó una casa pajiza para albergar a los presos que acollarados o engrillados trabajaban como picapedreros. Una embarcación o garandumba, propiedad del Cabildo, se encargaba de transportar cal y piedras de San Salvador de Tevegó y Emboscada.

Para hacer frente a los gastos que demandaba la obra, el Dictador Francia mandó elaborar un padrón con los nombres de los comerciantes, la mayoría de ellos españoles residentes en Asunción, a los que exigió una suma mensual de acuerdo a su poder adquisitivo. Los aportes se abonaron indefectiblemente desde abril de 1816 hasta febrero de 1822. Se conservan varias planillas de pago en las que encabezan los comerciantes Antonio Recalde y Agustín Trigo, a quienes el Dictador ordenó una mensualidad de 12 pesos; Francisco Haedo aportaba 10 pesos, Juan José Machaín, Pedro Bedoya y Bernardo Jovellanos entregaban 6 pesos cada uno; el resto lo hacía con una suma menor. En mayo de 1818, los contribuyentes sumaban más de un centenar. Otros grandes colaboradores fueron: Antonio Martínez de Bartolomé, Manuel Machado, Juan Vicente Rey y Lagle, y Francisco Vicente González.

El primer encargado de la obra fue el alcalde Pedro Miguel Decoud, aunque por razones de oficio en la Justicia pidió que lo reemplazaran. Cabe destacar que las molduras del Cabildo las hacía el maestro lapidario Juan José Villalba y entre los ayudantes de albañilería figuraban varios indígenas, entre ellos: José Guaruti, Ramón Yari, Juan Teco, Lorenzo Manue, Ramón Vacai, Ramón Safari, Jacinto Cumbay, Agustín Cuarepoti, Juan Manuel Yandiru, Juan Manuel Burore, Jose Antonio Pari, Justo Lorenzo Santari, Bruno Chupita, Juan Ignacio Guayrare, José Mariano Tuguri, Juan Anselmo Avaite, Juan Andrés Cuyuti y Juan Andrés Yandiru.

La mayoría de los peones estaba integrada por esclavos del Estado y presos de la cárcel pública que trabajaban acollarados o con grilletes en los pies a fin de evitar la fuga y cumplir la condena.

La casa de Alejandro García Diez, ubicada junto al Cabildo, se destinó por orden de Francia para Sala Capitular, además de contener el Archivo y la yerba del Estado. Francia dio orden de no pagar nada a cambio de la ocupación de dicha casa, porque según decía: “Todo aquel caserío era nuestro”. Se refería a la Casa del Rey o Casa de Gobierno que había comprado Juan de Laguardia, y que a comienzos del siglo XIX se la vendió al dicho García Diez. Esta se hallaba al este del Cabildo y lindaba con la actual calle Independencia Nacional, seguida de la casa del comandante Luís Caballero, padre del capitán Pedro Juan Caballero, jefe de la Revolución de Mayo de 1811 (actual sede de la Universidad Católica).

A partir de 1822 las sesiones del Cabildo se volvieron a celebrar en dicha sede, también el Archivo de la ciudad volvió a ocupar una sala de la nueva construcción.

Cuando Francia suprimió el Cabildo en diciembre de 1824, el Archivo siguió formando parte del Cuerpo Municipal, quedando su custodia a cargo del alcalde de primer voto.

Palacio de Gobierno

En su mensaje de 1854 don Carlos da cuenta al Congreso de las obras concluidas en aquella época. Acerca del antiguo Cabildo señala: “Se ha reformado y concluido para Palacio de Gobierno, con la comodidad de dos pisos, la casa que había empezado el cabildo de los patricios y estaba abandonada desde que fue suprimida aquella corporación”.

Las mejoras introducidas en el Cabildo fueron de gran consideración; además de ampliarlo en extensión y altura, se lo dotó de pilastras, cornisas, frisos y arquerías dándole un aire clasicista y por demás curioso al presentar un frontón asimétrico.

Margarita Durán Estragó
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