Situación y propuestas para la educación superior en Paraguay

Este antagonismo de paradigmas sobre el modelo de universidad desvela solo uno de los temas en crisis. Otro tema en discusión es la marcada masificación, debido a que, a pesar de que los recursos siempre son escasos, se ha demostrado una clara correlación entre los estudios universitarios, movilidad social y los ingresos económicos. El número de estudiantes universitarios que han salido al extranjero se ha duplicado durante el periodo 1995-2006, evidenciando una marcada internacionalización de la educación superior, cuya contracara es la fuga de cerebros desde países pobres, como los de Latinoamérica, hacia Europa y Estados Unidos, principalmente.

La revolución digital se ha instalado también en las universidades, pero el auge de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) hace que el equipamiento de una universidad, aunque plenamente justificado por una mayor productividad, sea mucho más costoso.

Pese a la masificación y la internacionalización mencionadas, el acceso a la universidad sigue siendo muy inequitativo, como es el caso del Brasil, cuyo sistema educativo universitario se precia de ser uno de los mejores de Sudamérica, donde el 74 % de los estudiantes universitarios pertenecen al quintil más rico y, en cambio, solo el 4 % pertenece al quintil con nivel socioeconómico más bajo de la sociedad de dicho país.

Ante dicha situación, el debate sobre la misión y la razón de la educación superior en el mundo está en pleno auge. Un estudioso español, Francisco López Segrera, afirma: “… la universidad, como institución democrática que crea y difunde el conocimiento y que históricamente ha demostrado capacidad de creación, de crítica y de iniciativa, debe abrir caminos para que el mundo que queremos sea no solo más sabio, sino también más solidario, más justo y más sostenible”.

La educación superior en Latinoamérica

En cuanto a la región, en Latinoamérica, desde 1990 hasta 2006, se observa una serie de cambios muy significativos. En 1995, en la región, había 5428 instituciones de educación superior (IES), de las cuales 53,7 % eran privadas. En el año 2002, las IES aumentaron a 7514, de las cuales 69,2 % eran privadas.

En cuanto al número de matriculados, en 1995, se tuvo 7.405.257 estudiantes, de los cuales un 38,1 % estudiaba en IES privadas. En el año 2002, la matrícula aumentó a 12.186.260 estudiantes, de los cuales el 47,1 % estudiaba en el sector privado.

Como promedio, en la región se invierte por estudiante 2380 dólares americanos, un monto mucho menor al que se invierte en los países desarrollados.

En 14 países de la región funcionan instituciones que financian estudios de grado y de posgrado y, por lo general, los cursos de posgrado ofrecidos por las IES públicas son pagados y no gratuitos como los de grado.

Entre 1998 y 2002, el presupuesto público destinado a la financiación de la educación superior aumentó en un 100 %, mientras que el 23 % del presupuesto fue destinado para todos los niveles educativos.

Pero en los últimos años, en América Latina, se desarrolló una tendencia en educación superior en la cual se impulsa el financiamiento privado y se ha promovido la creación de IES privadas. Asimismo, las carreras ofrecidas por dichas IES son una respuesta a las demandas del mercado. En cuanto a la creación de conocimiento, el mismo está orientado con un fin económico y la distribución del conocimiento es restringida (patentes son manejadas mayoritariamente por países ricos). Asimismo, el gobierno de las IES privadas se da con un carácter gerencial sin participación de los estamentos que componen la comunidad académica.

La educación superior en Paraguay

El Paraguay fue el último país de Hispanoamérica que contó con una universidad. La misma fue fundada bajo el gobierno del general Patricio Escobar, en 1889, a propuesta del senador José Segundo Decoud.

Hasta 1960, la Universidad Nacional de Asunción (UNA) fue la única institución de educación superior que funcionó en Paraguay. El 22 de marzo de 1960, por decreto del Poder Ejecutivo, se creó la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”. Durante la transición a la democracia, se dio un proceso de creación masiva de instituciones universitarias, la mayoría de ellas del sector privado.

En la actualidad funcionan 53 universidades (8 nacionales y 45 privadas). De las ocho nacionales, dos fueron creadas directamente por el Congreso sin ningún tipo de dictamen del Consejo de Universidades.

De las 45 privadas, 16 fueron creadas por el Congreso a pesar de tener dictámenes desfavorables del Consejo de Universidades.

Ante la creciente demanda de la sociedad por contar con espacios de formación superior que ofrezcan calidad, el Estado debe asumir imperativa e indelegablemente su rol de ente regulador y garante de la educación como bien público. En este sentido, es necesario que el Estado desarrolle una política pública coherente en educación en general y en materia de educación superior en particular.

Por lo tanto, los problemas más acuciantes en términos de educación superior en el Paraguay son los siguientes:

La necesaria y urgente promulgación de una nueva ley que establezca un rol más decidido del Estado en el control de la calidad de la educación.

Los recursos destinados por el Presupuesto General de Gastos de la Nación a las ocho universidades públicas existentes precisan ser aumentados para una mejor oferta educativa y el desarrollo de proyectos de investigación y extensión universitaria, más si se tiene en cuenta que para el 2015 unos 700.000 jóvenes paraguayos estarán en condiciones de acceder a los estudios universitarios.

La excesiva burocratización del uso de los fondos provenientes del Tesoro Nacional hacen que muchas acciones en las áreas de docencia, investigación y extensión sean sumamente difíciles de concretar.

La extrema pobreza y la pobreza son factores limitantes para que miles de jóvenes que concluyen la educación media anualmente accedan a estudios superiores, pues el 52 % de la población entre los 20 y los 29 años se encuentra en esos niveles.

Los cursos de posgrado en todos sus niveles no reciben recursos del Presupuesto General de Gastos de la Nación, por lo que los mismos deben ser pagados y sufragados por los interesados en cursarlos.

No existen becas de posgrado que permitan que los participantes pidan permiso o abandonen sus lugares de trabajo y se dediquen a tiempo completo a fin de aprovechar adecuadamente aquellos cursos que demandan mucha dedicación para la investigación y los trabajos académicos (laboratorio, salidas de campo, seminarios, viajes).

Asumiendo que la investigación es fundamental para el desarrollo del país, los proyectos de investigación desarrollados en las diversas universidades, tanto públicas como privadas, no cuentan con una línea segura de financiamiento.

La brecha digital que separa a nuestro país de los más avanzados del mundo e incluso de los de la región requiere una decidida acción para reducirla paulatinamente.

Los procesos de evaluación y acreditación deben ser implementados por la Aneaes –organismo creado por ley en el año 2004– en todas las carreras universitarias. La falta de un presupuesto adecuado limita las acciones que puede emprender dicha institución para aumentar el número de procesos de acreditación.

Propuesta de acciones para la educación superior

Ante una marcada ausencia del Estado en su rol de regulador del sistema de educación superior, es necesario plantear una propuesta clara y realizable, por la trascendencia que tienen las instituciones que forman a los nuevos profesionales, principales responsables de desarrollar al país en las siguientes generaciones.

En este sentido, se plantea, en coherencia con el paradigma del Estado servidor del hombre libre, las siguientes acciones:

a) Promulgación urgente de una ley de educación superior que garantice el rol del Estado como regulador del sistema de educación superior.

La actual ley de universidades está vigente desde el año 1993, que estableció los mecanismos para la creación de las universidades en la República del Paraguay. Dicha ley creó un Consejo de Universidades integrado por los rectores de las universidades públicas y privadas. Dicho Consejo perdió atribuciones con la promulgación de la Ley 2529/06. En este sentido, se han creado en los últimos años una serie de universidades que no cuentan con el estudio y dictamen del Consejo de Universidades y, lo que es peor, el Congreso creó universidades que contaban con dictamen desfavorable de dicho Consejo.

La discusión sobre la necesidad de una nueva ley de educación superior se remonta al año 2004 y, desde entonces, no se ha logrado que los congresistas promulguen una nueva ley que garantice el rol del Estado a través de organismos que garanticen, por medio de procesos de evaluación y acreditación rigurosos y transparentes, la calidad de las carreras ofrecidas por las universidades públicas y
privadas.

b) Mayor asignación de recursos por parte del Estado a las universidades públicas.

En la actualidad, se destina a las universidades públicas (ocho en total) poco menos del 1 % del PIB anualmente, que en su mayor parte está destinado al pago de sueldos de los docentes y funcionarios, y muy poco resta para el desarrollo de investigaciones y de actividades de extensión universitaria. En este sentido debe plantearse un aumento continuo y sustancial de los recursos destinados a la educación superior, con el fin de acrecentar el número de matriculados en las universidades públicas, el número de docentes e investigadores de tiempo completo y los programas de investigación científica destinados al desarrollo del país.

c) Conceder la autarquía financiera a las universidades públicas.

La autarquía financiera de las universidades es una de las demandas más anheladas por la universidad pública paraguaya. Dicha idea ya fue planteada por los estudiantes universitarios durante la discusión de la reforma universitaria en la década de 1920 en el Paraguay.

La autarquía financiera implicaría un mayor desarrollo de las actividades de investigación y extensión, así como facilitar la movilidad estudiantil y docente con universidades de la región y del mundo, pues el exceso de la burocracia, así como la dependencia del Gobierno Central para disponer de los fondos asignados al presupuesto anual de las universidades, sean estos provenientes del Tesoro Nacional o fondos genuinos de las universidades.

Se evitaría un engorroso lobby, que es a la vez desgastante y degradante para la universidad pública, pues debe someterse a todo tipo de presiones y pedidos para su sobrevivencia.

La autarquía es una medida urgente y necesaria para lograr la autonomía genuina de las universidades de acuerdo a lo prescripto en la Constitución Nacional de 1992.

d) Fortalecimiento de la infraestructura existente actualmente y creación de nuevos campus de las universidades públicas en el interior del país.

La infraestructura física, de laboratorios y los equipamientos deben ser urgentemente renovados y fortalecidos, a fin de adecuar la enseñanza y la investigación a la modernidad.

Igualmente deben crearse nuevos campus en los distintos departamentos, a fin de aumentar las oportunidades de formación para los jóvenes del medio rural y evitar la migración de estos.

e) Establecer un programa nacional de becas para garantizar a los sectores vulnerables el acceso a los estudios superiores.

Los fondos destinados a becas que provienen del Tesoro Nacional son sumamente escasos, y los mismos representan un pequeño subsidio al estudiante de grado y posgrado. El programa nacional de becas se debe organizar con criterios de establecer una movilidad social y territorial, y debe proporcionar las ayudas para realizar toda la carrera a jóvenes provenientes de sectores vulnerables de la sociedad y que vivan en poblaciones alejadas de centros urbanos que cuentan con centros universitarios.

f) Aplicar el arancel de costo cero para las carreras de grado en las universidades públicas.

Debido a la falta de recursos que garanticen un adecuado funcionamiento de las universidades públicas, estas deben recurrir al cobro de aranceles a los estudiantes, que postulan y cursan una carrera universitaria. De ese modo, las unidades académicas pueden contar con recursos genuinos que le garantice su funcionamiento. Si bien dichos aranceles no son muy elevados, en muchos casos representan un gran sacrificio para los estudiantes y sus familias que deben sufragar los mismos.

Se plantea como una medida necesaria, para garantizar el acceso a la educación superior de los sectores más vulnerables, que se implemente el arancel cero, es decir, que los costos sufragados por los aranceles sean solventados con fondos provenientes del Tesoro Nacional.

Dicha medida tendrá un gran impacto y será un hito en la evolución de la educación superior en Paraguay.

g) Programa de apoyo a los cursos de posgrado con el fin de perfeccionar y especializar a los egresados universitarios.

Los cursos de posgrado (especializaciones, maestrías y doctorados) son solventados en casi un 100 % por quienes prosiguen dichos estudios. Se debe establecer un programa de fomento de la calidad de dichos cursos que permitirán un avance cualitativo y cuantitativo a nivel país. En ese sentido, se deben destinar más recursos para que las universidades debidamente acreditadas puedan competir por dichos fondos, con el fin de proporcionar una formación de posgrado de calidad orientada a la solución de los grandes problemas que aquejan a la sociedad paraguaya. Esto acompañado de becas de posgrado para estudiantes de tiempo completo, que puedan sacar provecho de los cursos de posgrado de alta calidad y excelencia.

h) Sostenimiento y acrecentamiento de un programa de financiamiento de la investi-
gación.

En la década del 90 se ha creado, por ley de la nación, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). El mismo ha implementado una serie de programas mediante un préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Para su consolidación, se debe garantizar un porcentaje mínimo en el Presupuesto General de Gastos que debe ser incrementado continuamente de modo a posicionar al país en el mapa científico mundial.

La inversión en el fomento de la investigación científica y tecnológica garantizará a mediano y largo plazo la propuesta de soluciones a las necesidades de la sociedad paraguaya.

i) Inversión de recursos para superar la brecha digital entre el Paraguay y los demás países de la región.

El avance tecnológico y de los medios de información se desarrolló paulatina y sistemáticamente en las últimas décadas. Una de las claves del progreso nacional se traduce en la inversión en la formación de recursos humanos capacitados en el desarrollo y la utilización de las nuevas tecnologías.

En este sentido, el Estado deberá propugnar el desarrollo de parques tecnológicos con la participación de las universidades, el Gobierno Central, las entidades binacionales y las empresas privadas, con el fin de invertir en la disminución de la brecha digital.

j) Garantizar la calidad de la educación superior a través de los organismos de evaluación y acreditación.

Con el fin de que el Estado cumpla con su rol de garantizar que la educación superior es un bien público, se deben arbitrar los medios para lograr las normas que regulen y garanticen la autonomía de las instituciones universitarias, al tiempo que garanticen la calidad de los servicios educativos que se prestan a los estudiantes.

En la actualidad existe la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), entidad pública que funciona como colegiado, creada por ley en el año 2004, que si bien tiene dichas responsabilidades, la carencia de un presupuesto adecuado le limita el cumplimiento de sus fines. Es inviable siquiera sugerir la creación de entidades privadas de evaluación y acreditación en el país, pues esto solo se prestará, en el mejor de los casos, a suspicacias innecesarias y, en el peor de ellos, a negociados y resultados “a medida”, lo que radicalizará aún más la rampante mercantilización en este nivel educativo en nuestro país.

Por tanto, la ley deberá obligar a las instituciones universitarias privadas y públicas a someter a todas sus carreras a los procesos de evaluación para acreditación.