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16 de Mayo de 2004

| INVESTIGACIÓN SOBRE EL TERRORISMO DE ESTADO Y EL OPERATIVO CONDOR

Técnicos norteamericanos asesoraron creación de “La Técnica”

Operativo Cóndor. Pese a algunos obstáculos estoy avanzando en mi investigación que se concentra no sólo en la época del Operativo Cóndor sino que cubre la mayor parte del régimen de Stroessner. Esta aclaración es muy importante, porque en el Paraguay, el terrorismo de estado se institucionalizó dos décadas antes de la implementación de Cóndor.

Marcial Antonio Riquelme

Como se sabe, los organismos de seguridad de los países del Cono Sur (con Chile a la cabeza) pusieron oficialmente en marcha dicho Operativo desde 1975 hasta los inicios de la década de 1980, aproximadamente, con los siguientes objetivos:

- Compartir informaciones de inteligencia sobre activistas de izquierda

- Arrestar e intercambiar prisioneros

- Llevar a cabo interrogatorios conjuntos y acciones -también conjuntas-, para eliminar, en cualquier país de la región, a los llamados “subversivos” y a cualquier líder político, gremial, religioso, intelectual que se atreviera a cuestionar las políticas basadas en la Doctrina de la Seguridad Nacional.

Cuando se institucionaliza el Cóndor en la región (1975), hacía más de veinte años que un gran segmento de la población paraguaya venía siendo “ablandado” por el aparato de terror montado por Stroessner, Insfrán, Montanaro, Colmán, Duarte Vera, Campos Alúm y otros. En lo que respecta a la fase en la que se encuentra mi investigación, quiero destacar que después de haber organizado una base de datos sobre todos los documentos recopilados en el Archivo del Terror, en Asunción, estoy ahora recolectando documentos de fuentes del gobierno de los Estados Unidos sobre aquella época. Entre los hallazgos más importantes se destaca una serie de documentos, de fuentes estadounidenses, que prueban en forma irrefutable la conexión del gobierno de los Estados Unidos en cuanto al entrenamiento, organización y equipamiento del aparato represivo del stronismo.
Algunos documentos

Cito como muestra algunos de los documentos que ponen al descubierto dicha conexión:

(a) En memorándum secreto de la Embajada Norteamericana en Asunción dirigido al Departamento de Estado, con fecha 17 de noviembre de 1955, el primer Secretario de dicha representación diplomática Mr. Andrew B.Wardlaw, hace referencia a un pedido del gobierno paraguayo para el envío de un “técnico Policial” al Paraguay.

(b) El Embajador de los Estados Unidos de América en Asunción, Mr. Arthur A. Ageton, en un memorándum -”estrictamente confidencial” se dirige al entonces Ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay, Hipólito Sánchez Quell, en fecha 30 de noviembre de 1955, para informarle que a pedido del Ministerio del Interior, el gobierno de los Estados Unidos había aceptado enviar al Paraguay un “experto en asuntos anticomunistas para colaborar con el Servicio de Inteligencia Política del Ministerio del Interior que se dedica a combatir las actividades comunistas en el país”.

(c) En el memorándum del 12 de abril de 1956, de la Embajada Norteamericana en Asunción, se describen las funciones a ser desempeñadas por el Asesor Técnico Policial: El contrato inicial tenía una duración de seis meses; el candidato debería tener dominio del idioma español y era deseable también que el mismo tuviera un grado de Maestría.

(d) Un documento muy valioso de esta serie es el de la Administración de Cooperación Internacional, (institución que precedió a la actual USAID). El mismo contiene un resumen del Currículum Vitae del Técnico que había sido contratado para este puesto:

Quién era Robert K. Thierry

Nombre: Robert K. Thierry, nacido el 17 de enero de 1909 en Ohio.

Educación: Egresado de la Universidad de Arizona;
Diplomado por la escuela de leyes de la Universidad de Toledo, Ohio; Graduado del “Army Command and General Staff College” y de la Escuela de Inteligencia Estratégica.

Experiencia: Tte. Coronel del Ejército, Supervisor de la Sección de Inteligencia.
Coordinador de funciones de Inteligencia y técnicas investigativas con la policía militar y otras organizaciones especiales.

(e) Por memorándum del 25 de septiembre de 1956, la Embajada Norteamericana en Asunción informa al Departamento de Estado que el Tte. Coronel Thierry llegó a Asunción en mayo de este año (1956) con un contrato de seis meses en calidad de Asesor Policial (police adviser) para trabajar en el Ministerio del Interior, específicamente en el establecimiento de una oficina anticomunista en ese Ministerio. El mismo documento señala que el gobierno paraguayo está muy complacido con el buen trabajo que venía realizando Mr. Thierry y solicita que su contrato sea extendido por un año debido al excelente potencial de éxito que tiene el establecimiento de la oficina anticomunista. El documento termina diciendo que la Embajada Americana en Paraguay recomienda “muy favorablemente” el pedido de extensión del contrato de Mr. Thierry.

Entrenamiento

El Paraguay (conjuntamente con Brasil, Guatemala, Bolivia y Colombia) fue seleccionado, en 1956, como uno de los primeros países latinoamericanos receptores de este tipo de “programa de entrenamiento policial”. La misión del Tte. Coronel Thierry estuvo directamente ligada con la instalación, el asesoramiento y el entrenamiento continuo del personal de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos. (más conocido como La Técnica), que fue responsable de la tortura, muerte, desaparición y lesiones físicas y psicológicas de un número aún no determinado de víctimas a lo largo de más de tres décadas del régimen stronista.

Quiero complementar la descripción de las funciones desempeñadas por el Tte Coronel Thierry -las cuales fueron documentadas anteriormente- con un resumen de los testimonios de líderes estudiantiles, gremiales y políticos de la época quienes coincidieron en señalar que a partir de la creación de La Técnica, (cuyo primer director fue Antonio Campos Alúm), se comenzó a utilizar la tortura sistemática (v gr. la aplicación de descargas eléctricas, inmersión en la pileta, golpes en la zonas más vulnerables del cuerpo, revisión médica para calibrar el volumen de la descarga, a ser aplicada en cada caso, etc.) con el fin de arrancar confesiones a los detenidos.

Antes de esa fecha, el tratamiento generalizado era violento y primitivo (v.gr. patadas, golpes de puño y latigazos, plantones, etc. pero carecía del "refinamiento metodológico", eficiente y devastador que vino desde afuera.

Un informe de Thierry

Dejemos que el propio Tte. Coronel Robert Thierry, nos haga una breve evaluación de los “logros” obtenidos por la organización creada bajo sus asesoría. A continuación se transcriben los dos primeros párrafos del: Memorándum del 20 de marzo de 1958 que Thierry dirige al Ministro del Interior del Paraguay :

“SEÑOR MINISTRO :

Habiendo pasado un año y nueve meses en las circunstancias más disfrutables, al haber trabajado con su ministerio, y habiendo a estas alturas, completado la misión que me fue asignada en su país, me permito aprovechar esta oportunidad para escribir un breve memorándum sobre mis actividades:

Con respecto a la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos, S.E. ha sido suficientemente bien aconsejado y puesto al corriente hasta el presente. Estoy seguro que bajo la dirección del Dr. Antonio Campos Alúm, esta pequeña, pero potente organización, continuará rindiendo el mismo servicio altamente eficiente que (ha tenido) desde su creación. Me permito señalar al mismo tiempo, que con apoyo y amplios recursos para trabajar, los horizontes de la DNAT (Dirección Nacional de Asuntos Técnicos) son ilimitados”.

La profecía del técnico policial estadounidense se cumplió a cabalidad:

Miles de compatriotas que derramaron sangre, sudor y lágrimas -pero que tuvieron la suerte de salvar el pellejo- en La Técnica, pueden dar fe de la “alta eficiencia” de la máquina de terror montada en 1956, por el régimen de Stroessner, bajo la asesoría del Tte. Coronel Thierry y cuyo uso se extendió por más de tres décadas.

Clasificación y duración del programa

La documentación que obra en mi poder indica que este tipo de programa se desarrolló con algunas variantes desde 1956 hasta 1963 aproximadamente. Hay documentos que hacen referencia al presupuesto para la instalación de un Programa de Seguridad Pública en el Paraguay, cuyo costo operativo para el año fiscal 1965 sería de $ 55,000 dólares, para cubrir los salarios de dos técnicos policiales de tiempo completo a razón de $ 24,000 anuales cada uno, más los gastos de envío de 4 oficiales a la Academia de Policía Interamericana de Panamá. Según un memorándum del 8 de octubre de 1963. “Este proyecto se inscribe en el contexto de los programas de contra-insurgencia de los Estados Unidos y está dirigido para desarrollar la capacidad de la Policía para enfrentar efectivamente los elementos subversivos y sus operaciones, incluyendo los disturbios civiles y otros esfuerzos de insurgencia de un nivel más bajo que las operaciones militares, etc.”.

No puedo asegurar, sin embargo, qué pasó con éste programa de entrenamiento ya que varios documentos de los años 1956-1964, sobre este tipo de "ayuda" han sido retirados de circulación de los archivos nacionales.

Hay que señalar asimismo, que además del entrenamiento de los efectivos policiales que se llevaba a cabo en el Paraguay, había también programas de entrenamiento en el exterior; así, un número aún no determinado de paraguayos fue adiestrado en la Academia de Policía Interamericana de Panamá. Por otro lado, primero en Fort Gulick, Panamá, y a partir de 1984, en Fort Benning, Georgia, USA fueron entrenados alrededor de 1.150 militares paraguayos.

Con relación al nombre que se daba a este entrenamiento, hay que destacar el carácter aséptico o hasta si se quiere, noble o positivo, con el que se disfrazaba la verdadera naturaleza de estos programas. Así por ejemplo, la misión del Tte. Coronel Thierry para asesorar al Ministerio del Interior en la implantación de “La Técnica”, aparece listada como “Programa de Entrenamiento en Administración Pública”. Cualquier lector despistado podría creer que el Gobierno de los Estados Unidos estaba financiando capacitación de la burocracia paraguaya en modernas técnicas de administración y gerenciamiento de programas para el desarrollo del país.

Antecedentes de la presente demanda a la CIA

Pese a que los Estados Unidos de Norteamérica cuenta con leyes federales y estatales que garantizan el derecho de la ciudadanía a conocer los actos de su gobierno, tanto en el plano interior como internacional, la implementación de dichos principios depende de un conjunto de leyes, regulaciones, órdenes presidenciales, etc. que en lugar de facilitar el acceso a la información ha desembocado en un sistema de control de las informaciones y sobre todo de protección a las actividades encubiertas de varias agencias del gobierno, especialmente en países del Tercer Mundo, durante la “Guerra Fría”.

Teóricamente, mediante el Acta de Libertad de Información (Freedom of Information Act, FOIA) se puede acceder a los documentos oficiales del pasado. Sin embargo, desde la administración del Presidente Reagan se han incrementado (y complicado) los criterios para la desclasificación, lo cual ha retardado dicho proceso. Lo más negativo e increíble en un país democrático, es que se haya autorizado la reclasificación de documentos que ya habían sido desclasificados o liberados al público, invocando razones de “seguridad”. Las regulaciones al Acta de Libertad de Información han retardado enormemente el acceso de los investigadores a los documentos sobre acciones de terrorismo de estado como el Operativo Cóndor.

Las pocas excepciones
Las excepciones son :

(a) el caso de Chile, debido a una intervención positiva del Presidente Clinton, quien en octubre de 1999, dispuso la desclasificación de 26,000 documentos que comprueban la responsabilidad del General Pinochet en las acciones criminales ejecutadas por la DINA.

(b) la desclasificación de alrededor de unos 7000 documentos sobre la Guerra Sucia en la Argentina; una acción que también habría sido autorizada en el periodo final de la administración del Presidente Clinton.

Paraguay no ha solicitado oficialmente la desclasificación de documentos.

No ha habido ningún pedido de desclasificación por parte los gobiernos de transición, y la razón es muy simple: En el Paraguay no hubo una ruptura con el pasado como en la mayoría de los países de la región. No existió un compromiso efectivo de los gobiernos de la transición de no apelar nunca más al terrorismo de estado. Los juicios contra algunos responsables de asesinatos y torturas fueron llevados a cabo por familiares de las víctimas y en algunos casos por los sobrevivientes, bajo su propio riesgo.

Impunidad de los culpables

Sin embargo, los principales responsables de los hechos de sangre: Stroessner y Montanaro viven un próspero exilio, Campos Alúm, (quien fuera el primer discípulo del Tte. Coronel Thierry en nuestro país, además de recibir entrenamiento en dos oportunidades en los Estados Unidos) se dio el lujo de renunciar a su cargo de Director de la Técnica, sólo después de dos años de la caída de Stroessner y se trasladó al sur del Brasil. Por su parte, el General Alejandro Fretes Dávalos, uno de los cerebros del Operativo Cóndor reside tranquilamente en Asunción. En los últimos años se ha visto el reposicionamiento de los “Militantes Stronistas”, de los Barones de Itaipú, y de otros elementos que han amasado su fortuna al amparo del stronismo. No creo que dichas personas puedan tener algún interés en que el pueblo paraguayo conozca esos documentos. Por eso, quiero resaltar que hasta el presente, el partido colorado -como institución- no ha expulsado a los torturadores y asesinos de su nómina de afiliados ni ha pedido perdón a la ciudadanía por los delitos de lesa humanidad cometidos bajo el stronismo, pese a que muchos disidentes colorados también fueron víctimas de la represión. En este sentido, vale la pena mencionar como antecedente de este tipo de gesto de reconciliación -que muchos esperamos del partido colorado- que el propio Sumo Pontífice ha pedido perdón, en nombre de la Iglesia Católica, porque esta no protestó contra el genocidio que los Nazis emprendieron contra el pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial.

Pedido formal y personal

Entre febrero y mayo del año 2000, basado en el Acta de Libertad de Información (Freedom of Information Act), presenté los primeros pedidos formales de desclasificación de los documentos paraguayos de la época de Stroessner ante las siguientes agencias del Gobierno de los Estados Unidos: Departamento de Estado, Departamento de Defensa, Agencia Central de Inteligencia y Escuela de las Américas. Algunas de las instituciones recién nombradas, especialmente la CIA, simplemente no da curso a los pedidos de desclasificación. Me han negado acceso a los documentos preparados por sus agentes a partir del golpe de estado que llevó a Stroessner al poder. He apelado dicha decisión y luego de recibir nuevamente una respuesta negativa, tomé la decisión de iniciar una acción judicial para insistir en el pedido de desclasificación de documentos de dicha agencia. Por su parte, el Departamento de Estado había liberado una gran cantidad de materiales -que fue depositada en el Archivo Nacional- pero al mismo tiempo, había retirado de circulación documentos que ya habían sido desclasificados anteriormente.

Documentos retirados

Para poner un ejemplo, el documento titulado:
“Paraguay: Análisis del País e Informe Estratégico: 1973-1974”, ha sido retirado del Archivo Nacional; en su reemplazo hay una notificación que dice: “El ítem (que se acaba de citar) ha sido removido de circulación por contener información clasificada como de extrema seguridad. Hasta la fecha, en dicho archivo, he contabilizado más de 200 hojas de notificaciones similares, las cuales indican que otros tantos documentos han sido nuevamente clasificados “por razones de seguridad”. Este procedimiento traba el acceso a informes relacionados con diferentes etapas del Stronismo; por ejemplo, han sido retiradas de circulación series completas de documentos referidas a eventos tales como:
(a) actividades guerrilleras en el Paraguay (1959-1961)
(b) programas de entrenamiento del gobierno de los Estados Unidos a las fuerzas de represión del Stronismo (1956-1963)
(c) la conexión de altos jefes militares y autoridades civiles del régimen de Stroessner en el narcotráfico, en la década de 1970, (como en el caso de Ricord, entre otros)
(d) El intercambio de informes entre la Embajada Americana en Asunción y las agencias del gobierno en Washington, durante la época inmediatamente anterior a la implantación del Operativo Cóndor (1970-1975), entre otros.

Este tipo de problemas a más de limitar el derecho de información que tiene cualquier ciudadano sobre las actuaciones de su gobierno, en el plano nacional e internacional, constituye un serio obstáculo para el trabajo del investigador que necesita series completas de datos para el análisis objetivo de determinadas épocas históricas. Pese a estos problemas, tengo en mi poder (diciembre 2002) unos 875 documentos sobre el Stronismo, obtenidos en diversas colecciones de este país como el archivo de NARA en Maryland, y las bibliotecas de Einsenhower (Kansas); Truman (Missouri) Johnson (Texas) y estoy trabajando ahora en el análisis -por el momento parcial- de los mismos.

La documentación más completa y comprometedora sobre la participación americana en el entrenamiento de las fuerzas represivas del Paraguay desde mediados de la década de los cincuenta, así como la referente al entrenamiento de militares paraguayos en operaciones antisubversivas, está en poder de la Agencia Central de Inteligencia y del Departamento de Defensa, que son precisamente las dos instituciones que no acceden a los pedidos de desclasificación hechos por investigadores.

Cabe destacar que el Departamento de Defensa remitió mi pedido a la Escuela de las Américas y la misma me ha enviado una lista de los oficiales entrenados por dicha institución en la década de los noventa. Debido a la negativa sistemática de la Agencia Central, contacté a un equipo de Abogados de la American University (Washington School of Law) y bajo el asesoramiento de ellos presenté la demanda contra la Agencia Central de Inteligencia, ante el Distrito de Columbia, Washington D.C. el 6 de diciembre del 2002. El juzgado a cargo del Dr. Richard Leon le ha extendido un plazo de 30 días a partir de dicha fecha para contestar la demanda.

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