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En retrospectiva, desde aquella primera marcha en 1994 y durante los siguientes años, el reclamo de los campesinos ha girado en torno a la tenencia de la tierra y la intervención del Estado, sin resultados auspiciosos hasta hoy.
Comprender la problemática y perspectivas del mundo campesino obliga a realizar una mirada tanto sociodemográfica como económica, y en esta edición, MF Economía presenta los aspectos que marcaron y marcan al sector de la agricultura familiar.
La perspectiva demográfica revela una pérdida importante de la masa campesina como efecto del fenómeno de la migración, siguiendo una tendencia mundial.
En el caso paraguayo, el espacio privilegiado para migrar había sido durante varias décadas la capital del país, Asunción, adonde los miembros más jóvenes de las familias con mayores recursos y que residían a una distancia más corta, llegaban para buscar otros horizontes. Actualmente, con el surgimiento de las denominadas ciudades intermedias o emergentes, las migraciones y movilidades se pasan a éstas y en menor medida a Asunción.
Esta nueva dinámica social deja como resultado una población avejentada, es decir, abuelos, padres, tíos, que perdían paulatinamente la fuerza física para trabajar la tierra, con una menor disposición al riesgo, por ende, disponibilidad a la captación y ejecución de prácticas innovadoras.
Sin embargo, el proceso migratorio le generó a la economía campesina ingresos monetarios que ya no provenían de la producción sino de remesas, es decir, dinero que enviaban sus hijos como un aporte importante a las finanzas del hogar.
Si la mirada demográfica presenta una serie de aspectos negativos, la económica no difiere de la mencionada apreciación.
El desempeño de la agricultura familiar campesina ha venido en clara degradación, debido a que no supo sortear, por consiguiente, la crisis que representó el fin del cultivo del algodón. En ese sentido, antes del proceso de quiebre en el sector, las décadas de 1980 y 1990 representaron el periodo dorado para los agricultores familiares, quienes pudieran acceder a recursos monetarios gracias a la producción algodonera. En estas décadas, la intervención del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) se concentraba exclusivamente en el paquete tecnológico: semillas mejoradas y adaptadas, tubos mata picudos y, sobre todo, asistencia técnica acorde a las necesidades. No debe olvidarse que el Estado intervenía, incluso, en la fijación del precio de venta del algodón.
La escasa implementación de buenas prácticas agrícolas, como el cuidado y gestión de los suelos, terminó disminuyendo la fertilidad de la tierra y eso se tradujo en una caída de la producción, trasladándose a una reducción considerable de los ingresos de los agricultores familiares.
Finalmente, la modernización y mayor productividad de los demás países productores, que habían incorporado tecnología a los cultivos, terminaron por restar mercado y, sobre todo, margen de renta interesante a los agricultores paraguayos, con lo cual el dispositivo estatal y privado abandonó lentamente el esquema de negocio.
Ante el impacto negativo que generó la crisis del algodón, surgieron algunos productos que se convierten en parte de la solución, como el cultivo del sésamo, la mandioca para la elaboración de almidón y el cultivo de especies frutales, los cuales se vincularon a cadenas de valor, pero que finalmente no fueron suficientes para superar los niveles de pobreza.
En el caso del sésamo, a principios de la década de 2000, este cultivo comenzó a emerger como rubro de renta impulsada por empresas privadas que apostaban al cultivo y aseguraban el proceso de comercialización. Debido al entonces éxito reportado en el rubro, el producto se constituyó en el reemplazante del algodón como principal cultivo de renta, especialmente en los departamentos de Concepción y San Pedro, pero dejando de lado a Caaguazú, un departamento eminentemente campesino hasta la década del 2000, uno de los que más sufrió con la desaparición del algodón.
El cultivo del sésamo fue el responsable de inyectar importantes sumas de dinero a la economía campesina, favorecido en sus inicios por una producción relativamente alta y por los altos precios internacionales.
Pero tras el periodo de bonanza, comienza uno de decadencia que se tradujo en una baja considerable de la productividad por hectárea, como consecuencia de la no implementación de buenas prácticas agrícolas, como la rotación de cultivos y la siembra directa. Y en el mismo sentido, las autoridades municipales y las gobernaciones no han contribuido a cambiar el esquema, debido a que han facilitado maquinarias para arar y rastronear las parcelas campesinas, prácticas arcaicas que no favorecen a la fertilidad y el manejo de los suelos, acelerando únicamente la erosión y la pérdida de materia orgánica en los suelos y, en última instancia, reduciendo los ingresos de los productores.
Y así como las condiciones de trabajo no ayudaron a la expansión del cultivo del sésamo, las exigencias del mercado (como el principal comprador Japón) con respecto a un mayor nivel de la calidad del producto, empeoró la situación. Los esfuerzos de las empresas en mejorar la calidad de la producción y demás problemas financieros se tradujeron en menores inversiones y seguimiento a los cultivos, los que se reflejaron en la significativa reducción de la superficie cultivada y más aún en cuanto a los rendimientos.
Otro producto dentro de la cadena de valor que aportó ingresos a la economía campesina fue el cultivo de mandioca, el cual es procesado por diversas empresas para posteriormente exportarla como almidón. Sin embargo, en los últimos años, el precio internacional ha disminuido sensiblemente, en un mercado de mucha competencia. Al menos, en este rubro, los suelos ya poco productivos, aún logran producir cantidades que, aunque bajas, siguen siendo convenientes para los agricultores.
Como se ha visto, el sésamo, la cadena de valor de la mandioca y el almidón conforman los esquemas de obtención de recursos monetarios muy importantes para las familias campesinas, aunque dependientes de que el precio del producto sea alto.
En este caso, el único factor de producción que los campesinos pueden controlar es la productividad propia, medida en kilos o toneladas por hectárea, por lo que el precio de venta y el clima no pueden ser controlados. En ese contexto y conociendo los límites de intervención, no se han realizado las tareas mínimas necesarias para incrementar la productividad, sino que se transfiere la responsabilidad del éxito o del fracaso del proceso productivo al precio de venta.
Pese al acceso a información sobre las mejores técnicas de producción, así como a información de precios, los agricultores familiares campesinos no han logrado salir del esquema productivo de la subsistencia. Paradójicamente, el incremento de la población del país, y especialmente la urbana, ha incrementado y diversificado la demanda de productos agropecuarios, que no pueden satisfacerse internamente por una debilidad productiva crónica de los agricultores familiares campesinos.
Por las mencionadas condiciones, el sector de la agricultura familiar campesina no ha podido acompañar las necesidades del mercado, es decir, saltar del esquema productivo basado en la subsistencia al actual, donde los requerimientos de los consumidores han entrado en un proceso de extremo afinamiento, por consiguiente, el nivel de sus demandas se ha elevado.
Y aunque los reclamos de los agricultores, como hace 26 años, se han centrado en la tenencia de la tierra y la intervención estatal, la predisposición total para que integren e incorporen las técnicas productivas modernas y apropiadas debería ser la consigna del nuevo esquema campesino. La decisión de algunos agricultores de tomar las oportunidades de herramientas modernas, ha mejorado ostensiblemente su nivel de vida y se constituyen en ejemplos, aunque muy escasos, de que la capacidad de incorporar buenas prácticas productivas es factible y sobre todo mucho más rentable.
Transitar de un esquema de producción destinado a asegurar la subsistencia de la familia a otro de mayor innovación y que además genere ingresos, requiere también de nuevos paquetes tecnológicos, de una nueva visión propia del desarrollo rural que tiene que comenzar a instalarse en la perspectiva y la práctica de los agricultores familiares campesinos, las empresas y en las oficinas públicas que diseñan e implementan políticas públicas para este sector.
Aunque los reclamos de los agricultores, como hace 26 años, se han centrado en la tenencia de la tierra y la intervención estatal, la predisposición total para que integren e incorporen las técnicas productivas modernas y apropiadas debería ser la consigna del nuevo esquema campesino.
Para que la agricultura familiar vuelva a tener un rol relevante en la economía, se precisa recuperar suelos, mejorar la productividad y tener una articulación con mercados e industrias para obtener los ingresos que les permitan salir definitivamente de la pobreza.
La decisión de algunos agricultores de tomar las oportunidades de herramientas modernas ha mejorado ostensiblemente su nivel de vida, y los mismos se constituyen en ejemplos, aunque escasos, de que la capacidad de incorporar buenas prácticas productivas es factible y, sobre todo, mucho más rentable.