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Desde hace varios años, el gigante sudamericano, Brasil, ha venido experimentando una serie de profundas caídas, producto de su propia debilidad gubernamental traducida en un importante nivel de corrupción instalado y empujado desde todos los sectores, público y privado, y que siempre han terminado impactando en el ámbito económico.
Cuando en el 2003, Luiz Inácio Lula da Silva asumió la Presidencia de Brasil, su país se perfilaba a seguir siendo la mayor economía de la región y una de las principales en el mundo. Esta situación se logró en los dos períodos de Lula hasta el 2010 y el objetivo era replicar la bonanza durante el gobierno de su sucesora, la primera mujer presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quien al igual que su mentor fue reelecta para el período 2015-2018.
Entre los aciertos económicos del gobierno de Lula se encuentran la baja inflación, y alta tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), así como la reducción del desempleo, una mayor división de ingresos y aumentos de la balanza comercial. También se destacó el incentivo de las exportaciones y la creación de microcréditos, además de liquidar anticipadamente el pago de las deudas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el BIRF. Mientras que durante los años de la presidencia de Rousseff, su gobierno se desenvolvió en plena crisis europea y estadounidense iniciada en 2008, que años más tarde se fue agravando como consecuencia de otros frentes como las denuncias de corrupción vinculadas al escándalo de sobornos en la petrolera estatal Petrobras y el modelo de estímulo socioeconómico que llegó a su límite. A pesar de lo mencionado, mantuvo por unos años una política de bajo desempleo y sostenimiento del salario real, con el fin de mejorar los indicadores sociales y sostener el mercado interno.
Rousseff no logró cumplir su mandato porque fue destituida en 2016, acusada por el Parlamento por graves hechos de corrupción entre los que se pueden mencionar esconder un déficit presupuestario para ganar la reelección en 2014 y ser la responsable de causar la peor recesión del país en décadas. En reemplazo de la mandataria asumió el cargo hasta diciembre de 2018, su vicepresidente, Michel Temer, quien estaba empujando políticas para revertir el desempleo en niveles récord (más de 11 millones de personas), la inflación galopante y un gigantesco déficit fiscal. Sin embargo, estas intenciones quedaron suspendidas tras un nuevo escándalo en el vecino país, donde el propio Temer era denunciado por uno de los propietarios del mayor frigorífico del país JBS, Joesley Batista, de incitar y respaldar el pago de sobornos al exdiputado Eduardo Cunha (sindicado como la persona que orquestó la salida de Russeff), condenado por hechos de corrupción en el marco del mayor operativo de lucha contra la corrupción que involucra a las empresas Petrobras (estatal), y Odebrecht (privada) llevada adelante en Brasil y que desde el 2013 ya destapó varios escándalos que vincularon a importantes empresarios y políticos, incluidos Lula y Dilma.
Tras este nuevo hecho y considerando que el vecino país representa el 36% de la economía latinoamericana, es decir, su importante incidencia en los países de la región como Paraguay, en esta edición se analizarán los posibles impactos a nivel local y las medidas que podrían ser impulsadas para mitigar cualquier mayor efecto que perjudique el crecimiento de Paraguay, que si bien, desde unos años a esta parte ha venido rompiendo su dependencia con Brasil, aunque lo que suceda en el vecino país seguirá impactando en su desarrollo.