El Estado funciona bajo parámetros definidos en el Presupuesto General de la Nación (PGN), cuya sanción sigue un mismo proceso todos los años: Cada organismo del Estado presenta al Ministerio de Hacienda sus proyectos, basados en los lineamentos y montos globales establecidos por el Poder Ejecutivo y en las necesidades de inversión detectados por cada institución. A partir de allí, el Ministerio de Hacienda, en representación del Poder Ejecutivo, elabora el Plan de Gastos conforme a criterios que buscan, en gran parte, responder a las necesidades colectivas.
Terminada la elaboración del PGN es presentado al Poder Legislativo estudiado por la Comisión Bicameral de Presupuesto para su posterior sanción. Finalmente es remitido al Ejecutivo, a la espera de su promulgación o veto.
Básicamente la estructura del Estado se encuentra determinada por dos grandes componentes, los gastos y los ingresos, que se dividen por destinos. Entre los gastos mencionados, existen los denominados rígidos, es decir, aquellos compromisos irrenunciables o que no pueden dejar de ser pagados como son los salarios a los funcionarios, las jubilaciones y el pago de la deuda. El resto de los gastos pueden ser sujetos de recortes, modificaciones e incluso suprimidos con los efectos que las decisiones en ese sentido generen como es el caso de los proyectos de infraestructura, que tienen una contribución en la cadena económica si son paralizados o recortados.
Principales componentes del gasto
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Los datos del 2017 dan cuenta de que de los aproximadamente G. 28 billones (alrededor de US$ 5.000 millones) de gasto total realizado por el Estado (Administración Central) y que representó al 17% del Producto Interno Bruto (PIB), casi 50% de esos recursos fueron destinados para el pago de salarios, es decir, un poco más del 8% del PIB y en menores porcentajes al uso de bienes y servicios, los servicios no personales, los bienes de consumo, las comisiones y otros usos de bienes y servicios.
Estos números confirman que los mayores recursos son canalizados para el pago de las remuneraciones al personal, en vez de que estos fondos públicos sean destinados al financiamiento de proyectos que inyectan dinamismo a la estructura económica del país.
El reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aborda la situación de América Latina y el Caribe, señalando que el gasto salarial del Gobierno se encuentra en alrededor de los US$ 400.000 millones al año y que una gran parte de la ineficiencia del gasto público se debe al funcionamiento de un empleo público que no siempre se basa en criterios óptimos.
Agrega que la fuerza laboral en este sector es responsable del diseño y de la implementación de las políticas públicas.
Sin embargo, la relevancia de recursos humanos en el sector público también se refleja en su costo para los contribuyentes, que a veces puede superar su productividad.
Gasto salarial en América Latina
En el mismo sentido, el gasto salarial del gobierno general de América Latina y el Caribe representó, en promedio, el 29% del gasto público y el 8,4% del PIB, cifra superior a la de los salarios en el gasto total de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE (24,2%, o 10,6% del PIB). Pero hay considerables variaciones entre los países de la región, donde además de Paraguay, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Bolivia y Argentina tienen un elevado costo salarial (más del 29% del gasto público), lo cual los sitúa incluso por encima del promedio de los países de la OCDE.
Entre los años 2003 y 2013 habrían ingresado a la función pública unas 80.000 personas y durante el Gobierno anterior aproximadamente 1.200 personas (según un informe presentado por la administración de Cartes), número que no incluiría a los 1.500 funcionarios nombrados en el Ministerio de Salud y Bienestar Social, días antes de que asumiera el actual Gobierno.
Con respecto al nivel salarial que perciben los empleados públicos, sin entrar a analizar su productividad, se ubica en un promedio de G. 4.439.000 contra una remuneración promedio de G. 2.467.000 de un funcionario privado. Sin embargo, la remuneración de los cargos de responsabilidad es muy baja si se compara con lo que percibe un trabajador del sector privado.
Aumento en programas sociales, ¿necesario?
Datos oficiales dan cuenta de que si bien los gastos en los últimos años han sido de cierta manera contenidos, mediante el respeto parcial de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), se ha visto un fomento, por ende un crecimiento en los gastos sociales, que al cierre de 2017 representó una evolución de casi el 14% si se lo compara con 2016.
Además, desde el Ministerio de Hacienda siempre han remarcado que los dos programas emblemáticos del Gobierno anterior y se espera que también lo sea de este, Tekoporã y Adultos Mayores, tuvieron aumentos importantes en la asignación de recursos.
En el caso de la Transferencia Condicionada Monetaria “Tekoporã” en los últimos cinco años se han inyectado 230% más de recursos, pero manteniendo el monto asignado a las familias en situación de pobreza, es decir, la ayuda monetaria desde hace años no ha acompañado el encarecimiento de la canasta básica, pero sí se ha enfocado en ampliar la cantidad de beneficiarios.
Aparte del dinero que no termina por cubrir las necesidades básicas de una familia en situación de pobreza y que debería ser revisado, el Estado no ha generado la oferta de salud y educación para acompañar el proceso de mejoramiento de vida del grupo más vulnerable de la población paraguaya.
El otro programa potenciado por el Gobierno ha sido el de los Adultos Mayores. Los recursos asignados a este plan de asistencia han registrado un crecimiento del 163% en los últimos años. El problema en este programa ha sido la mala focalización de los beneficiarios, es decir, personas que no se encuentran dentro de la población vulnerable y que sacándoles la asistencia estatal, seguirían fuera de la línea de pobreza.
Por ello, urge una depuración de la planilla de personas que están dentro del programa para redestinar los recursos al grupo más necesitado del país que también merece una vida digna en su última etapa.
Fuentes de ingreso de las familias paraguayas
Como ya se ha mencionado, el dinero destinado por el Estado a la asistencia de la población es mínimo, si se compara con los recursos que demanda la planilla salarial del funcionariado.
En esta línea, la estructura de ingresos mensuales – 2017 de los hogares paraguayos muestra que el 85% de los mismos obtienen dinero para vivir, trabajando, el 2,66% por la ayuda familiar del país que reciben, el 0,95% proveniente del exterior y la ayuda estatal, entre Tekoporã y Adultos Mayores representa al 1,13% de los ingresos de estos hogares. En otras palabras, el trabajo es el mayor generador de ingresos de las familias paraguayas y solo un pequeño margen es posible a través de la ayuda estatal.
Población más demandante
Si en la actualidad la demanda de la población en materia de servicios como salud, educación, seguridad, rutas, agua, saneamiento y otros es elevada, para los próximos años, el nivel será mucho mayor, considerando la incorporación de un importante grupo de personas jóvenes y adultas en el circuito económico. Además, de una población que deberá envejecer y tendrá que jubilarse.
En el informe del BID se señala que las altas tasas de dependencia de la población –medidas como la suma de los jóvenes (menores de 15 años) y las personas mayores (65 años o más) en relación con la población total– pueden favorecer el gasto corriente, sobre todo por motivos sociales. Remarca que existe la posibilidad de que los jóvenes presionen para aumentar el gasto en salud y educación, mientras que las personas mayores pueden preferir incrementos del gasto de salud y seguridad social.
Estos cambios sociodemográficos serán uno de los grandes desafíos a ser resueltos por el Gobierno, teniendo en cuenta que en el presente los recursos disponibles para responder a las ya altas demandas de la población, son insuficientes.
La posibilidad de cubrir en un alto porcentaje con los requerimientos de la población, mediante la eficiencia y el mejoramiento de la calidad del gasto público, podría incidir en el mejoramiento de la calidad de vida y por consiguiente, ser un factor dinamizador de la economía. Ya que una población con bienestar, redunda en alta productividad, tan necesaria en el país.
En la próxima entrega se analizarán otros temas vinculados al gasto público como ¿existen incentivos para que las personas tengan la voluntad de contribuir con el Estado?
Esto, siguiendo con las reflexiones en el marco del último informe del Banco Interamericano de Desarrollo.
* Datos de 2017 refieren que unos G. 28 billones (US$ 5.000 millones) del gasto total realizado por el Estado (Administración Central) y que representó 17% del PIB, casi 50% de estos recursos se destinaron para pagar salarios, un poco más del 8% del PIB y en menores porcentajes al uso de bienes y servicios, entre otros.
* Los números confirman que los mayores recursos son canalizados para el pago de las remuneraciones al personal, en vez de que estos fondos públicos sean destinados al financiamiento de proyectos que inyectan dinamismo a la estructura económica del país.
* La situación de los gobiernos latinoamericanos sufre tanto de ineficiencia técnica como de ineficiencia asignativa, según el último reporte del BID: Mejor gasto para mejores vidas. Además de Paraguay, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Bolivia y Argentina tienen un alto costo salarial (más del 29% del gasto público).