El tamaño de nuestro gran desafío: cómo invertir en capital humano

Resulta pertinente una discusión profunda sobre la calidad del gasto público en materia salarial y en la inversión en capital humano, mientras se estudia la viabilidad de los aumentos salariales estipulados en el proyecto de Presupuesto de Gastos de la Nación 2019 (PGN). La propuesta de Diputados incorpora 3% adicional al 13% de suba de sueldos a docentes ya planteado por Hacienda, mientras que el Senado plantea aplicar directamente un 16% desde abril. Otro reajuste es el de funcionarios fiscales, equivalente al 3,5%. De concederse todos estos incrementos, el presupuesto fiscal 2019 corre el riesgo de quedar descalzado.

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Actualmente, Paraguay enfrenta enormes desafíos al momento de invertir de manera sostenible y eficiente en su capital humano. La investigación recientemente publicada por el Banco Mundial: “Invertir en Capital Humano - Una revisión del gasto público y de la gestión en los sectores sociales” resalta de manera indiscutible los principales cuellos de botellas del gasto público con relación a los sectores sociales más relevantes para el crecimiento económico. Cabe mencionar que el capital humano cumple un rol fundamental en el crecimiento económico de los países a largo plazo, en comparación con el capital físico o la riqueza natural.

Con el inminente progreso tecnológico, la calidad del capital humano se hará aún más relevante para el crecimiento sostenido de un país. Por lo cual, los países como el Paraguay, con relativamente baja calidad de capital humano, deben hacer esfuerzos titánicos para mejorar la calidad de su inversión. Sin embargo, dado los aumentos considerables del gasto público en materia de capital humano, se observa de manera alarmante que su calidad no ha mostrado mejoras significativas. 

El gasto social ha aumentado significativamente en los últimos seis años, no obstante, el repunte no se tradujo en mejores resultados para el desarrollo humano. Paraguay se encuentra retrasado en comparación con la mayoría de sus pares regionales, y está más relegado de lo que corresponde a su nivel de producto interno bruto (PIB). Por ejemplo, si se analizan los resultados en pruebas de lectura básica no muestran mucho progreso, incluso con tendencia al deterioro, observadas también en las pruebas básicas de matemática. La situación está aún más matizada en las inversiones correspondientes a la asistencia social, con la coexistencia de transferencias condicionadas de dinero en efectivo, altamente eficientes por un lado (como por ejemplo Tekoporã y las pensiones alimentarias Adultos Mayores) y programas altamente costosos y poco focalizados como meriendas escolares y pensiones de veteranos de guerra. 

El reporte de Banco Mundial (BM) indica también, que de la asignación del gasto social ha aumentado con sesgo hacia adultos mayores. Vale distinguir, que la retribución del gasto social ha aumentado hacia los adultos mayores debido a la ampliación de la seguridad social y sigue siendo notoriamente mínima en la ventana crítica de la primera infancia. El gasto social en Paraguay se ha incrementado en disonancia con el perfil demográfico del país, y el de los más pobres de la sociedad. 

Más preocupante aún es que la subinversión mayor se da, precisamente, en los primeros años de vida, cuando los retornos podrían ser los más altos. Se estima que por lo menos el 30% del gasto social se destinó a las personas mayores de 65 años, quienes representan menos del 7% de la población. Este desequilibrio es mayor en protección social. Una parte significativa de los costos de salud se destinan, obviamente, al tratamiento médico de la población en edad adulta. Sin embargo, esta inversión se hace con gran frecuencia, en detrimento de la calidad en la atención primaria y materno infantil. Esto es un elemento preocupante, ya que Paraguay tiene tasas de mortalidad infantil superiores a lo esperado para el nivel de ingreso.

El gasto público en educación 

En Paraguay, la educación es obligatoria y pública y su financiamiento involucra múltiples fuentes de recursos (Gobierno central, Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación, Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo, entre otros). La única fuente de ingreso que es administrada directamente por las instituciones educativas son las transferencias por gratuidad. Por ello, dada la fragmentación de las fuentes de financiamiento y la información limitada de las necesidades de las instituciones, pareciera que las mismas no reciben los recursos que necesitan para mejorar la calidad y operar con un mínimo de condiciones básicas. 

Durante 2017, el gasto público en educación como porcentaje del PIB fue de 3,7%, por debajo de países con ingreso similar (5,4%). No obstante, se destinó el 21,3% de todo el presupuesto de la nación para el sector educativo. 

Empero, el gasto en educación no obedeció a criterios de equidad, por tanto, hay niveles educativos donde resulta regresivo y beneficia desproporcionalmente a hogares ricos. Esto ocurre para la Educación Superior (ES) donde el 42,5% de los asistentes provienen de los hogares más ricos, mientras que el 8,5% de los más pobres. A nivel de Educación Inicial (EI) y Educación Escolar Básica (EEB) es altamente progresivo y para la Educación Media (EM) es neutro. 

Pese a la inversión pública para financiar la educación obligatoria, los hogares deben realizar aportes adicionales, lo que promueve la exclusión de los estudiantes pobres. Si se considera la EEB para los hogares no pobres, el aporte representa, en promedio, el 3,5% del ingreso del hogar, mientras que para los pobres el 6,8%. 

Al revisar la tasa de cobertura de la educación en el país para todos los niveles educativos, se evidencia un incremento entre 2003 y 2016, observándose el mayor aumento en la tasa neta de asistencia de la EM, que pasó de 36,8% a 52,2%, durante ese período; en tanto que el número de estudiantes para ese nivel educativo ascendió a 631.003 estudiantes (2012) desde 459.260 (2000). 

No obstante, el acceso a la educación ha estado condicionado por el ingreso familiar, esto es, existen brechas importantes en todos los niveles educativos entre niños de hogares ricos y pobres, que se amplían en el caso de la EM. De hecho, para el 2003, el 18,9% de los jóvenes de hogares pobres asistía a la EM, frente a 50,4% de los pertenecientes a los ricos; en 2016 estas cifras son de 34,8% y 69,4%, en cada caso. 

Por otra parte, se observa un elevado déficit de infraestructura escolar, el cual afecta en forma considerable las áreas rurales. De hecho, en 2015, el 18% de las instituciones ubicadas en el área urbana no contaba con el número de aulas necesarias para impartir todos los niveles educativos ofrecidos, para las áreas rurales esta cifra ascendía a 41%. 

Además, los programas de alimentación escolar (merienda y almuerzo) pese a que se diseñaron para ser universales, los recursos no alcanzan para cubrir a todos los niños elegibles, así que los beneficiarios son seleccionados por los departamentos y municipios usando criterios poco claros. También existe discrecionalidad en cómo se asignan los recursos a las instituciones educativas y, finalmente, no hay monitoreo sobre el impacto nutricional o de la asistencia en las escuelas beneficiarias.

Finalmente, el gasto mal hecho y direccionado de forma deficiente, termina generando más desigualdades sociales. Por lo tanto, una mayor disponibilidad de recursos financieros, provenientes de nuevos impuestos, no asegura en absoluto que los tan ansiados objetivos sociales se cumplan.

El gasto mal hecho y direccionado de forma deficiente termina generando más desigualdades sociales. Una mayor disponibilidad de recursos financieros, provenientes de nuevos impuestos no asegura en absoluto que los tan ansiados objetivos sociales se cumplan.

Se observa un alto déficit de infraestructura escolar, lo que afecta en forma considerable las áreas rurales. En 2015, el 18% de instituciones ubicadas en sector urbano no contaba con el número de aulas necesarias para impartir todos los niveles educativos ofrecidos.

Pese a la inversión pública para financiar la educación obligatoria, los hogares deben realizar aportes adicionales, lo que promueve exclusión de estudiantes pobres. Si se considera la EEB para hogares no pobres, el aporte representa 3,5%, en promedio, del ingreso del hogar, mientras que para los pobres 6,8%.

Titánico

Países como Paraguay, con relativamente baja calidad de capital humano, deben hacer esfuerzos titánicos para mejorar la calidad de su inversión.

Fracaso

Los muy bajos rendimientos de los estudiantes del nivel básico también pueden ser leídos como un fracaso del gasto público en educación.

Gasto

Aumento considerable del gasto público en capital humano, que se observa de manera alarmante, no ha mostrado la mejora significativa en calidad.

Foco

El nuevo foco de discusión sobre gasto público ya no está solo en montos atribuidos, sino en el uso de estos, en la eficiencia y en los resultados.

Urgente

Resulta urgente la revisión y corrección de la forma en que se invierten actualmente los recursos para brindar servicios educativos en el país.

Salario

Sueldo docente es casi de tres salarios mínimos, que tampoco funcionó como generador de incentivo positivo para mejorar su gestión y desempeño.

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