La extensión del servicio eléctrico se expandió mucho más rápido que el acceso a agua potable segura y la telefonía, que se limitaron sobre todo a Asunción, a medida que transcurrían las dos décadas finales del siglo XX. Las empresas públicas han comenzado a experimentar serias limitaciones para responder a la demanda creciente de nuestra población. Estas no han tenido la capacidad de adaptarse y adelantarse a las necesidades que comenzaban a surgir como resultado de la expansión urbana, especialmente en servicios de provisión de agua, alcantarillado sanitario y de comunicación telefónica, lo que se tradujo en la diminución de la calidad de las prestaciones brindadas a la población.
La expansión urbana, específicamente la de la región metropolitana de Asunción, significó un serio déficit en la calidad de varios servicios, especialmente en cuanto a los sistemas de agua potable y conexiones telefónicas. En cierta forma se puede afirmar que la cobertura de estos servicios se limitaba a la mayoría de los barrios de la ciudad de Asunción, dejando sin atención directa a las áreas vecinas a la capital del país.
Las otras empresas públicas como la Industria Nacional del Cemento (INC) fueron claramente estratégicas desde mediados de la década de 1970, cuando la economía paraguaya comenzaba a ganar impulso y demandaba más cemento. De igual forma, la Administración Paraguaya de Alcoholes (Apal), encargada de producir y regular la caña, con sus productos emblemáticos: Parapití y Aristócrata, respondían a la demanda y al contexto de ese antiguo Paraguay.
Acepar
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El caso de Acepar, a su vez, la empresa que proveía de acero para las construcciones satisfizo la demanda de nuestro país de la década de 1980. Las transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y comerciales han modificado y reconfigurado profundamente la economía en este momento.
Las tres décadas de democracia han demostrado que las empresas públicas muestran niveles de ineptitud, corrupción y desfasaje profundos, entre la oferta de sus servicios anacrónicos para una demanda más numerosa, exigente y consciente de sus derechos como ciudadanos. Aunque varias empresas públicas se han convertido en sociedades anónimas después de 1990, en una especie de acompañamiento a la ola regional de privatización de las compañías del Estado, ninguna ha logrado mejorar su desempeño y menos aún acompañar el crecimiento de la demanda.
Essap y la provisión de servicios sanitarios
Paraguay ha mejorado bastante la provisión de agua potable a nivel nacional, sobre todo en las zonas rurales. Sin embargo, en cuanto al alcantarillado sanitario (cloaca), la situación de la provisión de este servicio es crítica por dos razones principales. La primera por tratarse de una bajísima la cobertura y en segundo lugar es también muy reducida la calidad de las instalaciones en el caso de aquellas zonas en donde sí existe el servicio.
El alcantarillado sanitario tiene una cobertura en Paraguay de tan solo el 11%, del cual solo 2% es tratado, y casi todas estas instalaciones y servicios se restringen a algunos barrios de Asunción, donde solo el 33% de la población dispone del mismo. Peor aún, las zonas con coberturas de este servicio suelen presentar periódicamente filtraciones que emergen a las calles y avenidas de la capital del país, afectando tanto las condiciones ambientales y de salud pública, es decir, que generan las consecuencias del problema que pretenden resolver.
Existen varios planes de inversiones en alcantarillado sanitario para diferentes ciudades del país, pero el nivel de concesión de dichos proyectos es muy lento. Mientras tanto, alrededor de 3 millones de metros cúbicos de aguas residuales, sin ningún tratamiento, se vierten al río Paraguay. El agua sucia de los hogares, que no cuenta con alcantarillado sanitario, termina infiltrándose mediante los pozos ciegos en acuíferos poco profundos, de los cuales algunas empresas aguateras vuelven a extraer para venderla a los clientes.
Además de la contaminación ambiental, la salud de la población se encuentra seriamente comprometida por estos servicios públicos de baja calidad y que terminan engrosando el gasto público, principalmente por salarios. A modo de comparación, tres de las ciudades bolivianas más importantes presentan estos niveles de cobertura de alcantarillado sanitario: La Paz: 86%, Cochabamba: 66% y Santa Cruz: 49%, muy superior a todo Paraguay.
Copaco y la provisión de servicios de comunicación
La empresa dedicada a ofrecer servicios de comunicación tampoco ha mostrado niveles de desempeño favorables, más bien todo lo contrario. En cinco años, los clientes de la compañía han pasado de alrededor de 440.000 a solo 290.00, es decir registró una disminución promedio de unos 50.000 clientes por año durante el quinquenio, lo que dicho de otra manera significan 83,3 clientes menos que registró por cada día transcurrido en dicho lapso de tiempo.
¿Es rentable, sostenible y posible una empresa que pierde clientes de forma sostenida? En el ámbito privado evidentemente no, pero el Estado prefiere subsidiar y mantener una estructura no solo costosa sino también ineficiente, limitando y comprometiendo el crecimiento económico.
En el sector de comunicaciones la población al menos tuvo la alternativa de la oferta de las empresas privadas (Personal, Tigo, Claro), que incluso a precios mayores que la telefonía fija, fueron preferidos sobre esta. En términos comparativos, Paraguay tiene 6 veces menos abonados a teléfonos fijos, que el promedio de América Latina, lo que revela el déficit de inversiones en este sector que se ha vuelto cada vez más asociado a la productividad.
De igual forma nuestro país posee los costos más elevados y las velocidades más lentas de acceso a internet en toda la región. Aquí conviene preguntarse ¿cuántos negocios, innovaciones y emprendimientos se han visto limitados, frenados y abortados por falta de acceso a la información oportuna, barata y disponible? Si el desempeño económico de la sociedad del futuro (y también la del presente) se determinará por el acceso a la información, las posibilidades de Paraguay, especialmente en aquellas zonas menos equipadas, estarán muy comprometidas.
Premisas equivocadas en el debate
Al debatir la lógica de las empresas públicas se debe evitar ejercer juicios de valor con premisas equivocadas. Por ejemplo, cuando nos referimos a la privatización de la gestión del agua o de los residuos, en su caso, es la gestión del servicio, que pasa a manos de una empresa privada. El servicio es público y seguirá siendo público, con independencia de su forma de gestión.
Otro aspecto fundamental es la creencia de que la prestación gestionada pasa al control absoluto de la empresa que lo presta. Esto es un error, ya que la administración pública tiene la obligación, vía los entes reguladores, de controlar la calidad del servicio, de evaluar y hacer seguimiento de que la empresa a cargo esté cumpliendo con las obligaciones asumidas y, de no ser así, adoptar las medidas punitivas.
El mandato del Estado debe ser el de mejorar el bienestar de sus ciudadanos y para ello es fundamental el control sobre la prestación de los servicios. Esta observación debe ejercerse sin importar que el servicio prestado sea por un ente público o privado. En el epicentro del debate deben estar los ciudadanos como destinatarios y usuarios de los servicios públicos, que deben ser eficientes, eficaces y de calidad. El debate no es público o privado, sino mejor o peor servicio para el ciudadano.
Concluyendo, que el Estado ofrezca servicios no significa necesariamente que estos sean de calidad ni que los mismos sean ofrecidos en forma oportuna a la ciudadanía, que paga sus impuestos. Disminuir el gasto público incluye también la reducción de los contratos innecesarios, la eliminación de los gastos superfluos y, necesariamente, una reflexión sobre las empresas públicas.