Esta última solicitud suele plantearse, generalmente, solo por parte de algunos grupos de funcionarios, siempre que no se trate de un año preelectoral, donde la propuesta arrastra a la mayoría.
A diferencia de esa práctica utilizada en elecciones pasadas, este 2018, el comportamiento de los funcionarios tomó un nuevo giro. Para el proyecto de PGN 2019, en actual etapa de estudio en la Comisión Bicameral de Presupuesto, la Coordinadora de Gremios de Funcionarios Públicos y a la que se sumaron los entes descentralizados, solicitaron al Poder Ejecutivo “la necesidad urgente” de que sean atendidos básicamente tres puntos inherentes al salario que perciben.
Entre ellos, un reajuste salarial de 20% para todos los funcionarios públicos y entes descentralizados, atendiendo, según el argumento esgrimido, el incremento inflacionario de acuerdo al informe del Banco Central del Paraguay.
Además, pidieron derogar el decreto y toda disposición que impide que todos los funcionarios públicos y descentralizados perciban las gratificaciones o premios por servicios o labores realizados dentro de su institución.
Esta medida había sido implementada meses antes de finalizar el 2016, es decir, derogado el artículo 40 de la Ley de Presupuesto, que facultaba a abonar hasta dos gratificaciones, que no podían ser superiores a un mes de sueldo y el pago de los conocidos como “aguinaldos extras”. El costo de estos beneficios para el Estado era de aproximadamente US$ 18 millones.
En la nota presentada también solicitaron restablecer la carga horaria de 6 horas diarias en todas las instituciones públicas y descentralizadas. El escrito agrega que este punto no debería causar ningún inconveniente, sino más bien una disposición que redundaría en beneficio del Estado, atendiendo que después de ese horario ya es escasa o nula toda actividad por parte de los que utilizan los servicios y, por ende, contribuye una erogación económica innecesaria mantenerlos activos por más horas”.
Sin embargo, estas peticiones no cuentan con fuente de financiamiento y que al ser gastos rígidos se mantendrán en el tiempo, presionando aun más el descalce fiscal. Esto, sin considerar aún las normativas vigentes que establecen condiciones concretas para otorgar los cambios salariales.
En esta entrega, la consultora MF Economía analiza los alcances, el impacto y la viabilidad de un eventual incremento de la planilla salarial del sector público.