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La Ley Nº 4673, que modifica y amplía disposiciones de la creación del Impuesto a la Renta del Servicio de Carácter Personal (IRP), grava la percepción de rentas de fuentes paraguayas, que provenga del ejercicio de actividades que generen ingresos personales, así como la renta de capitales.
De acuerdo a la misma normativa, están alcanzadas por el tributo las personas físicas tales como trabajadores dependientes, independientes, accionistas o socios de sociedades y/o cooperativas, además de sociedades simples que presten servicios personales. Los contribuyentes deberán aplicar la tasa general del 10% sobre la renta cuando el ingreso sea mayor a 120 salarios mínimos en el ejercicio fiscal y 8% cuando sea igual o inferior a 120 salarios mínimos.
Cuando comenzó a implementarse el IRP en el 2012, estaban afectadas las personas cuyos ingresos eran iguales o superiores a 120 salarios mínimos en el año. La escala iba bajando en 12 salarios mínimos anuales (podía alcanzarse en meses o en un ejercicio fiscal), lo cual determina que el referido tributo terminará de implementarse en el 2019, cuando el rango incidido baje a 36 salarios mínimos. En este 2017, afecta a las personas con ingresos iguales o mayores a 60 salarios mínimos en el año, es decir, G. 122.467.380.
Masa tributaria fue creciendo todos los años
Los datos de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) muestran que en el 2013 existían 11.604 contribuyentes del IRP, considerando que si bien el impuesto fue implementado en el 2012, la primera liquidación se realizó al año siguiente.
La masa tributaria fue creciendo todos los años como era de esperarse, debido a que la escala iba disminuyendo. Hasta setiembre último, la Administración Tributaria registra en su base de datos a 56.061 contribuyentes del IRP.
Y así como el ingreso de nuevos contribuyentes va aumentando, también las recaudaciones. En el 2013, el fisco recibió G. 13.375 millones; en los años 2014 y 2015, subió a G. 83.921 millones y G. 125.837 millones, y en el 2016, a G. 140.554 millones. Este año la SET registró una recaudación de aproximadamente G. 185.048 millones.
La mayoría de los ingresos tributarios en el Paraguay son impuestos al consumo o indirectos como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), los aranceles y el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). Los impuestos a la renta o directos, como el IRP, el Impuesto a la Renta de Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios (IRACIS) o el Impuesto a la Renta de la Actividades Agropecuarias (IRAGRO) tienen una participación menor.
Parte del aspecto formalizador del IRP se observa en su participación dentro de las recaudaciones de la SET, la cual no es muy alta, pero está jugando un papel muy importante en el aumento de los ingresos generados por otros tributos como el IVA.
En los datos a setiembre de 2017, la participación del IRP en las recaudaciones de la Administración Tributaria fue de 1,9%. En tanto que el IVA y el IRACIS son los impuestos con mayor peso con 52,3% y el 37,1%, respectivamente.
En cuanto al crecimiento de los tributos principales como el IVA, IRACIS y el ISC, se observa que estos continúan en aumento todos los años y el crecimiento está relacionado con el ciclo económico y las políticas públicas.
El 2012 fue un año de sequía, la economía entró en una recesión y el Producto Interno Bruto (PIB) cayó en 1,2%. El 2013 fue un año de recuperación, que no se reflejó en forma importante en la recaudación. Sin embargo, en el 2014 la economía sigue creciendo, pero a una tasa menor (4,7%) y el IVA, en particular, muestra un aumento en forma importante de 29%. Un factor que pudo haber contribuido a este crecimiento fue la introducción del IRAGRO en 2014, que ayudó a la formalización de las actividades económicas.
¿Progresivo o regresivo?
La estructura del IRP tiene características de progresividad porque afecta a aquellas personas con mayores ingresos, quienes deben pagar tasas de 8% y 10%, dependiendo de sus ingresos. Además, tiene el potencial para introducir mayor progresividad en el largo plazo, teniendo en cuenta que los impuestos progresivos son aquellos donde las tasas impositivas aumentan con la base imponible o renta del contribuyente, implicando que aquellos con mayores ingresos deben tributar una proporción mayor que los que poseen menores ingresos.
Sin embargo, el espíritu del IRP no es de recaudación, sino de formalización de la economía. Por la forma que se calcula el impuesto, se tiene la posibilidad de restar todos los gastos e inversiones del ingreso total, de manera que cuando más se gasta o invierte, el impuesto a pagar es menor.
La manera de justificar todos los gastos e inversiones declarados es con las facturas de compras, y es donde radica el espíritu formalizador del impuesto, ya que genera incentivos para que los contribuyentes exijan comprobantes al realizar sus compras.
Si bien este mecanismo de formalización personal ya existía entre los contribuyentes del IVA, lo que termina haciendo el IRP es llenar algunas lagunas tributarias. Por ejemplo, cuando un contribuyente compra combustible, no paga IVA, por lo que la factura no sirve para reducir la obligación del IVA; sin embargo, permite hacerlo en el IRP.
Partiendo siempre que el espíritu del impuesto es de formalización, la reciente medida de la SET sobre limitar las deducciones de inversiones en acciones podría ser considerada como una iniciativa relativamente engorrosa para recaudar más.
En ese mismo sentido, los datos reflejan que el objetivo del IRP no es generar una importante recaudación, por lo que cualquier modificación que busca mayor recaudación se realizaría a un alto costo de implementación, tal como está ocurriendo en la actualidad.
Efectos en la economía
La política tributaria en el Paraguay se destaca por tratar de preservar los incentivos a la inversión, mediante su deducción en el IRP.
La posibilidad de deducir todos los gastos de inversión en acciones realizadas en una empresa es un ejemplo de este objetivo porque, al permitir su deducibilidad de los impuestos a la renta, uno puede realizar estas inversiones sabiendo que no serán una carga tributaria adicional a las ya gravadas a las empresas.
Idealmente, la actividad económica vinculada a la producción tendría cargas tributarias relativamente bajas y esas se gravarían recién cuando las rentas generadas lleguen a las personas, como es el caso de cómo se grava la distribución de las ganancias de las empresas a las personas. Limitando la deducibilidad de inversiones en acciones, ya no habría diferencia entre dejar los recursos en una caja de ahorro o apostarlos a una empresa.
Los incentivos para invertir en empresas son importantes porque contribuyen a dinamizar la actividad económica, empujando una mayor producción y generando, por ende, fuentes de trabajo.
¿Cómo podría afectar la nueva comunicación de la SET en la liquidación del impuesto?
Para el caso se considera un contribuyente con ingresos mensuales de aproximadamente G. 20.000.000 o G. 240.000.000 en el año. Esta persona gastó el 62,5% de su salario, o G. 150 millones, e invirtió el resto en acciones. Bajo la práctica anterior, este contribuyente no tendría una obligación tributaria, ya que sus gastos e inversiones son iguales a sus ingresos.
En cambio, siguiendo la práctica del reciente comunicado de la SET, el contribuyente no podría deducir todas sus inversiones, limitándola al 15% de la renta bruta, que en este caso es de G. 36.000.000. Esta práctica deja una renta neta de G. 56.000.000, que dejaría una obligación tributaria de G. 4.320.000, una diferencia muy importante, sobre la cual no deberían de existir dudas.
El anuncio de la SET ha sido recibido con muchos cuestionamientos, ya que en lugar de transmitir previsibilidad y confianza a las contribuyentes, nuevamente abre dudas importantes sobre la validez jurídica de las medidas adoptadas. Esto es más grave aun que los cuestionamientos generalmente señalados al Gobierno acerca de la debilidad institucional o de gestión, debido a que existen dudas acerca de que la última disposición de la Administración Tributaria se ajuste a las normas existentes, por lo que parecería que se está prevaleciendo el objetivo de recaudar por encima del respeto a las leyes y los contribuyentes.
Más allá del desaliento a la inversión, se remarca que el IRP tiene como mayor objetivo la formalización antes que la recaudación, por lo que cualquier disposición por convertirlo en un tributo recaudador sería una medida a medias. Su transformación implica una reforma tributaria más profunda, pero tendría que necesariamente hacerse por Ley, es decir, pasando por el Congreso Nacional.
El anuncio de la SET sobre las modificaciones en el IRP ha sido recibido con muchos cuestionamientos, ya que en lugar de transmitir previsibilidad y confianza a los contribuyentes, nuevamente abre dudas importantes sobre la validez jurídica de las medidas adoptadas. Esto es más grave aún que las críticas al Gobierno sobre la debilidad institucional o de gestión.
Los datos de Tributación muestran que en 2013 existían 11.604 contribuyentes de IRP, considerando que si bien el impuesto fue implementado en 2012, la primera liquidación se realizó al año siguiente. La masa tributaria fue creciendo todos los años debido a que la escala iba disminuyendo. Hasta setiembre último se registraron 56.061 contribuyentes del IRP.
El fisco recibió G. 13.375 millones en el 2013, mientras que en 2014 y 2015 subió a G. 83.921 millones y G. 125.837 millones, respectivamente, en tanto que en 2016 llegó a G. 140.554 millones. Este año la SET registró una recaudación de unos G. 185.048 millones. El IRP está jugando un papel muy importante en el aumento de los ingresos generados por otros tributos como el IVA.