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No obstante, el proceso era incompleto. Faltaba lavar el dinero de la ilegal utilidad de la venta de la energía adicional a la garantizada. Era menester modificar la misión de Itaipú agregándole otras tareas adicionales.
Así, los nuevos “gastos sociales” de las añadidas tareas de responsabilidad social y ambiental, aunque reñidos con la legalidad, escondían entre sus pliegues un fraudulento populismo, que se sumaba a las deudas tramposas endilgadas a la entidad binacional.
Ni cortos ni perezosos, la cúpula de connacionales participantes del contubernio –afanosos de acrecentar su fortaleza política, social y económica– no ponen trabas a la oxigenación, hasta el 2023, de la cuestionada Eletrobrás.
Es más, desconocen el Informe Sachs. Tampoco gestionan la adquisición de la energía excedente correspondiente al derecho de adquisición y no se desviven en procura de la desafectación de la subestación de la margen derecha.
Con las prácticas habituales del clientelismo político, exigirles conocimientos, dedicación y patriotismo a sus labores constituiría un desaguisado. Mientras, en la complaciente espera, nutren sus faltriqueras.
Las sistemáticas violaciones del tratado son parte de una meticulosa conspiración en contra del Estado paraguayo, en especial de su pueblo, para sostener la apropiación indebida de Itaipú.
Despavoridos ante las críticas y sus consecuencias escandalosas, los ocasionales órganos de administración de la empresa binacional los abortan cuando pueden.
Las muestras abundan, en agosto de 2016, el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Itaipú Binacional, margen derecha, emitió un comunicado expresando su rechazo y descontento ante el despido de un joven funcionario ingresado por llamado a concurso. Rudy Stefan Callimici, fue despedido por opinar en las redes sociales contra el Gobierno.
Situación similar ocurrió con guardias de seguridad, también despedidos pese a tener en algunos casos hasta ocho años de antigüedad laboral. El motivo es el haber dejado de aportar para el partido del extinto Lino Oviedo. La agrupación política estaría comprometida en el apoyo de la enmienda a la Constitución Nacional para posibilitar la reelección presidencial.
Otro tanto ocurrió con el funcionario, abogado Marcos Aurelio Estigarribia Irala. Fue despedido por escribir un ensayo sobre “El Tratado de la Itaipú Binacional, el gran despojo a la soberanía paraguaya”. El libro, presentado en el Cabildo en la noche del 8 de octubre del 2013, fue abruptamente quitado de circulación a la mañana siguiente.
A pesar de todo, los gobiernos escenifican un ventajoso aporte de Itaipú hacía sus pueblos (infraestructura, viviendas, ambulancias, becas, patrulleras, etc.).
En realidad, involucran a Itaipú en tareas propias de un Estado nacional, aunque al margen del presupuesto general de gastos, para manipular a la opinión pública.
Pero la corrupción, cada día que pasa, se hace más insostenible. La justicia brasileña y la argentina desde hace un buen tiempo pone en remojo las barbas de sus inmundos.
A ese respecto, el 6 de setiembre de 2015, ABC Color editorializaba sobre la descomposición en la hidroeléctricas binacionales. Decía en parte:
“Nuestro diario ha sostenido desde un principio la tesis de que los flagrantes abusos financieros embebidos en las abultadas deudas consolidadas de las usinas hidroeléctricas binacionales, así como las estafas inherentes a su discrecional explotación comercial por parte de nuestros socios, han sido aceptados por nuestros gobernantes de turno a cambio de suculentos sobornos disfrazados de diferentes modos, desde el dictador Alfredo Stroessner hasta el presente, sin excepción. En el caso concreto de Itaipú, nuestra presunción ha sido plenamente confirmada por el autorizado estudio realizado por el mundialmente reconocido economista norteamericano Jeffrey Sachs, quien concluyó que tanto la deuda del ente como el precio que Brasil paga por la electricidad paraguaya que se lleva configuran vulgares estafas que no resisten el menor análisis en términos de tarifas usuales del mercado de la electricidad”. El disgusto subía de tono:
“El destape del colosal escándalo de corrupción de la petrolera estatal Petrobras y de la compañía de electricidad brasileña, de composición mixta, Eletrobrás ha puesto al descubierto la corrupción imperante en el seno del Gobierno brasileño desde la ascensión al poder de Luiz Inácio Lula da Silva …”.
“Desde entonces, sistemáticamente, los altos funcionarios gubernamentales brasileños han venido exigiendo ‘retornos’ (vulgo, coimas) a los proveedores del Estado para financiar la campaña del PT.
En lo que va del proceso de investigación, la Justicia brasileña ya encarceló a los principales ejecutivos y dueños de empresas proveedoras de servicio de construcción de obras públicas, así como a las contrapartes en los sobornos”.
El 12 de octubre de 2016, la agencia EFE señalaba:
“La eléctrica estatal brasileña Eletrobrás reconoció hoy que la corrupción le generó pérdidas de 302,58 millones de reales (unos 94 millones de dólares) entre 2014 y 2015”.
“…El monto de los desvíos fue calculado por medio de una auditoría interna, realizada a raíz de las investigaciones policiales que conectaron esta empresa al escándalo de corrupción que gira en torno a la petrolera estatal Petrobras”.
“La auditoría identificó el pago de sobornos que oscilaban entre el 1 % y el 6 % del valor de los contratos de obras y que eran pagados a políticos, partidos y empresarios”.
Concluía EFE:
“…El presidente de Eletronuclear, Othon Luiz Pinheiro da Silva, fue condenado a 43 años de cárcel por los delitos de corrupción pasiva, lavado de dinero, obstrucción a la justicia, evasión fiscal y asociación ilícita, por los desvíos en las obras de la central nuclear de Angra 3”.
Mientras, se sigue esperando –aunque con impaciencia– que la Contraloría General de la República del Paraguay y el Tribunal de Cuentas de la Unión auditen Itaipú.
juanantoniopozzo@gmail.com