El dirigente ancestral Rigoberto Juárez dijo en rueda de prensa que la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de ciudad de Guatemala otorgó un amparo sobre una querella que la municipalidad de Santa Eulalia presentó en enero pasado en contra del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por autorizar el estudio de impacto ambiental a la hidroeléctrica.

Detalló que ese estudio violó el derecho a la vida, la autonomía municipal, el libre desarrollo del pueblo q’anjob’al, a la justicia, defensa del debido proceso, al medio ambiente sano y el goce de los derechos reconocidos en la Constitución.

La Sala, constituida en Tribunal Constitucional de Amparo, valoró todas esas denuncias y resolvió en favor de la municipalidad de Santa Eulalia, con lo que se frena el proyecto hidroeléctrico, dijo.

En el 2006, agregó, las autoridades indígenas junto con líderes locales y el aval del Gobierno municipal, realizaron una consulta de buena fe en la que la comunidad rechazó la construcción y toda actividad de explotación de los recursos en su pueblo.

El pueblo maya q’anjob’al denunció que los empresarios han intentado de forma ilegal de aprovecharse de al menos un río y siete quebradas de agua con la finalidad de construir el proyecto. Sin embargo, sostienen en un comunicado, la resolución judicial reconoció todos sus derechos y la consideraron de ” trascendental ” porque frenó temporalmente el proyecto.

El alto tribunal recomienda que antes de cualquier proyecto, se debe realizar una consulta al pueblo como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) .

Las autoridades indígenas de Santa Eulalia expresaron su confianza en que el Estado de Guatemala acatará la resolución para avanzar en el respeto de los derechos individuales y colectivos.