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En estas circunstancias no tenemos más remedio que aceptar las imposiciones de nuestro socio, propietario de facto de la entidad binacional.
Al decir de Cruz Castro, en nuestra sociedad “… no existe ninguna persona, organización o instancia oficial que desarrolle una acción sistemática contra la corrupción, excepto, en algunas ocasiones, los medios de comunicación social colectiva”. (CRUZ CASTRO, Fernando. Pena y Estado, Año 01 - Número 01, Buenos Aires, 1995, Pág. 80.).
Mientras, entre sus circunspecciones, el relato señalaba que “El Tratado de Itaipú es sumamente favorable al Paraguay y constituye un acto de comprensión entre los dos países que buscan un entendimiento amplio para el desarrollo de ambos”, según registraba en sus “Memorias” (2006) Luis María Ramírez Boettner, excanciller de la República. Sin embargo, este acto de comprensión –que rechaza enfáticamente la cogestión paritaria y extrema la asimetría– no sería más que una entelequia de una exuberante imaginación.
Lejos de los anhelos populares
Brasil nunca renunció a su histórico objetivo de controlar Itaipú para así, prioritariamente, robustecer la multinacional Eletrobrás con sus prósperos accionistas.
Lamentablemente, la binacional hidroeléctrica quedó lejos de las tribulaciones de sus pueblos al apartarse de su misión esencial de generar electricidad barata. Los fondos sociales así obtenidos, sin control estatal, caracterizan a la empresa como otro Estado. Si le añadimos el blindaje jurídico, se conforma el tuerzo.
No es casualidad que el Tribunal de Cuentas de la Unión resolviera, en diciembre de 2009, intervenir las cuentas nacionales. Es importante señalar que la medida cautelar, concedida por el Supremo Tribunal Federal de Brasil a pedido del gobierno de Duarte Frutos en el 2004, no afecta la decisión del TCU.
Priorizando a la Eletrobrás
Según el Tratado, la tarifa de cada unidad vendida a las compradoras debe estar en condiciones de cubrir el costo de producción. El costo de funcionamiento de la fábrica hidroeléctrica debe ser igual al ingreso monetario de la potencia ofertada.
Cabe recordar, que desde 2009 el monto necesario para disponer de una potencia contratada de 145.620.000 kW se calculó en US$ 3.291.000.000. La tarifa mensual de cada unidad fue fijada en US$ 22,60 el kW (3.291.000.000/145.620.000).
Con esta tarifa se podía abonar todos los componentes del servicio de electricidad previstos para el 2009:
- US$ 47,98 millones por las utilidades por el capital integrado, en partes iguales para la ANDE y la Eletrobrás (1,31%);
- US$ 2.066,3 millones por las cargas financieras de los préstamos recibidos y la amortización de esos préstamos, Eletrobrás y Tesoro brasileño (63,50%);
- US$ 404,28 millones por los royalties (13,41%);
- US$ 31,01 millones por resarcimientos por cargas de administración y supervisión en partes iguales para Brasil y Paraguay (1,03%);
- US$ 600 millones por gastos de explotación (18,99%);
- US$ 141,4 millones en concepto de saldo de la cuenta de explotación (2,22%).
No es difícil advertir el peso extraordinario del servicio anual de la deuda: el 66,50% del costo del servicio.
Tarifa justa
Si el pasivo ya estuviera suficientemente honrado, como lo advierte la Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos y el célebre economista Jeffrey Sachs, la tarifa costaría menos de US$ 10 kW mensual. Estaría por los US$ 8,41 el kW mensual (3.291.000.000 – 2.066.300.000/145.620.000).
Lamentablemente, dejando de lado los legítimos intereses de los consumidores paraguayos y brasileños, los gobiernos prefieren seguir pagando mensualmente una energía cara, con costos sobrevaluados. Entretanto, la Eletrobrás, suspendida en la Bolsa de Valores de Nueva York, pudiera mejorar sus balances para de algún modo seguir remando a través de Itaipú.
juanantoniopozzo@gmail.com