Paraguay se encuentra en pleno proceso de transición demográfica, que consiste básicamente en una marcada reducción de los nacimientos y de las defunciones, luego de un periodo de comportamiento inverso, es decir, de muchos nacimientos, pero también de defunciones como resultado de las precarias condiciones de salubridad. Por lo general, los países que experimentan esta transición disponen de una población mayoritariamente joven, ingresos crecientes, un mayor nivel de urbanización y sobre todo, una participación laboral femenina que muestra un comportamiento en crecimiento.
Si se observa el índice de fecundidad, los datos revelan que hasta los años ´90 el mismo era de alrededor de 4,55 de hijos por mujer, pero con los años fue reduciéndose hasta llegar a 2,51 hijos por fémina en la actualidad.
En este sentido, la tasa global de fecundidad, de mujeres de 15 años a 44 años, según años aprobados de estudios, muestra una importante diferencia entre mujeres con hasta 2 años de estudios y aquellas con 12 años y más, donde las primeras tienen 3,5 hijos en promedio y las segundas, 2 hijos.
Aquí es importante comprender la nueva y futura estructura demográfica que puede resumirse en: menos niños, más jóvenes adultos y adultos mayores. Estos grandes grupos etarios, su volumen, distribución geográfica y situación deberían ser los principales factores de planificación de las nuevas estrategias, políticas y proyectos que tendrán que impulsarse próximamente.
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Cuando se abordan temas de políticas sociales en el país, los más sensibles siempre son los relacionados a educación y salud. La discusión, generalmente, se centra en que los recursos asignados son insuficientes y que el problema está en el mal uso que se da a los pocos fondos que se disponen.
Los datos sobre educación revelan que el promedio de años de estudio de la población de más de 10 años de edad ha experimentado un avance importante en las últimas dos décadas. En 1997/1998 los años de instrucción eran de alrededor de 6 años y en 2017, llega a casi 9 años.
Si bien las políticas en materia educativa han tenido un avance, las mismas aún deben atravesar por un proceso de transformación que trascienda el mejoramiento o la creación de infraestructura, así como el nivel salarial de los docentes y se oriente decididamente a elevar los indicadores de productividad y de calidad de los servicios ofrecidos.
De acuerdo a datos oficiales, Paraguay invierte aproximadamente 5% del Producto Interno Bruto (PIB) en educación, lo que ubica a la nación dentro del promedio de recursos canalizados en países de la región. Aunque en este punto es importante remarcar que el porcentaje destinado al sistema educativo hasta puede resultar irrelevante si la calidad del gasto es deficiente, tal como se observa actualmente en el país. En efecto, más allá del porcentaje asignado, se pueden obtener resultados más alentadores con una gestión optimizada.
El acceso al sistema de salud es otra arista que el próximo Gobierno deberá atender de manera urgente. Pese al avance que también se ha tenido en esa área en los últimos años, la oferta de servicios de salud debe ser repensada en función a la población.
Los datos revelan que hace 20 años, el 65% de la población urbana tenía acceso al sistema de salud y en el 2017, ese número llegó a 73%. En tanto que, la rural, de 46% pasó a 68%, crecimiento más que importante en ese período de plazo, lo que representó un mejoramiento significativo en el acceso a este servicio.
Además, se observa la evolución en ambos grupos, pero las zonas alejadas aún cuentan con una deficiencia en materia de asistencia sanitaria, debido a la existencia de precarios puestos de salud y la concentración de hospitales más o menos equipados, pero en las principales capitales departamentales. Sin embargo, las enfermedades o casos de mayor complejidad solo pueden ser atendidos en la ciudad de Asunción.
Al comparar el acceso a la salud que tenía el total de la población paraguaya y que se encontraba en alrededor del 50% en el año 1997, los últimos datos dan cuenta de un crecimiento que llega al 70% de alcance al sistema sanitario de personas enfermas o que consultó en un centro de salud.
El gasto público en Paraguay como porcentaje del PIB es del 4,5%, siendo el gasto total de salud por persona de US$ 464, monto que se encuentra muy por debajo de lo que destinan países como Uruguay (US$ 1.442), Brasil (US$ 1.000) y Argentina (US$ 600). De igual forma, más allá del porcentaje del gasto, una gestión optimizada y una distribución geográfica inteligente de los servicios, lograría mejores resultados.
En términos prácticos, la estructura etaria paraguaya indicaría que los servicios de salud deberían comenzar a prepararse para atender a la demanda que iniciará un proceso de modificación: una disminución lenta de nacimientos, una mayor cantidad de enfermedades que afecta a la población joven y sobre todo, una más elevada atención en geriatría, debido al crecimiento sostenido que se espera tendrán los adultos mayores.
Mercado laboral
Los datos de cobertura de seguro médico, que incluye al Instituto de Previsión Social y otro seguro, revelan que sigue siendo baja. Hace 20 años, existía alrededor del 20% de la población paraguaya que contaba con un seguro y en la actualidad, alcanza al 30%. Esto marca un indicador de que la informalidad sigue siendo un problema en el país, debido a que un alto porcentaje de la población trabajadora aún se encuentra fuera del circuito formal sin estar inscripto en el IPS, lo cual significa que el empleador, por ende, el empleado, no estaría aportando al esquema previsional vigente en el país, con lo que la clase trabajadora estaría desprotegida.
Al respecto, la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), muestra que el 40% de la población ocupada asalariada tiene un contrato indefinido y es nombrado, frente al restante que trabaja bajo la condición de un acuerdo verbal, contrato definido temporal sin emisión de factura y con emisión de factura.
El comportamiento del mercado laboral ha tenido subas y bajas leves a lo largo de las últimas dos décadas. La tasa de actividad (Población Económicamente Activa - PEA /Población de 10 años y más) ha aumentado tímidamente de 58% a 63% en el mencionado lapso de tiempo. Mientras la tasa de desempleo (Población Desocupada/PEA) se ha mantenido estable, al considerar los últimos años, alcanzando a aproximadamente 5% de la población.
El empleo de calidad es otro de los temas que deberá ser atendido por el entrante gobierno. Si bien es el sector privado el generador de mano de obra y cuyo comportamiento está determinado por la actividad económica y que en los últimos años ha acompañado el proceso de crecimiento económico del país, es el Estado en su conjunto el que debe velar por la estabilidad económica del país, mediante reglas de juego claras, provisión de servicios básicos de calidad, facilidades en el proceso de inversiones, así como el cumplimiento de las normas vigentes.
Desde la perspectiva demográfica, la disponibilidad de una población mayoritariamente joven genera una oportunidad de crecimiento económico que se asocia a la capacidad productiva, denominado también bono demográfico.
Brindando las herramientas mencionadas anteriormente, la generación y conversión de empleos de calidad en el país, es decir, salarios conforme al nivel de productividad de los trabajadores, seguro social y otras garantías laborales, podrían ser más que factibles y contribuirían aún más a la expansión económica del país. Las estrategias y políticas de incorporación sostenida de los jóvenes a la economía, representan otro de los desafíos importantes del próximo gobierno.
Revirtiendo la situación de pobreza
La pobreza sigue siendo un tema que debe ser atendida con políticas mejor focalizadas, a pesar de la reducción que se ha registrado en los últimos 20 años, cuando la pobreza total afectaba a más del 50% de la población y en el último año a un poco más del 30%. En tanto que, últimamente, el grupo considerado pobre y en condición de pobre extremo, se ha estancado, por lo que se torna necesario generar mecanismos que permitan sacar de estas condiciones a la población vulnerable, que no podrá ser sostenible solo con programas sociales, sino con oportunidades laborales de calidad.
En este punto es importante remarcar que la reducción de la pobreza debe ser empujada con mayor fuerza, mediante la participación de programas y políticas públicas mejor definidas y no solamente ser posible del dinamismo creado por el sector privado.
Políticas económicas públicas
En cuanto a las políticas económicas públicas, para los próximos cinco años, el entrante gobierno deberá buscar estrategias que permitan mantener la estabilidad macroeconómica, así como una tasa de inflación controlada, altas reservas y un tipo de cambio estable, estos dos últimos indicadores, son los que brindan, en parte, la garantía de estabilidad para los inversionistas.
En ese sentido, en los últimos años, Paraguay ha logrado un crecimiento promedio del PIB del 5%, el más alto si se compara con países de la región y cuyo promedio es de 2,7%. Además, una inflación relativamente baja, de alrededor del 4%, solo por encima de Chile y Perú.
En cuanto a política fiscal, el cumplimiento a cabalidad de la Ley de Responsabilidad Fiscal será otro gran desafío para el próximo gobierno, considerando que es una herramienta que permitió y permite, desde su parcial implementación, mantener un déficit fiscal del 1,5% del PIB, pese a que en algunos años se han pasado por alto la contención del gasto con aumentos salariales, sin financiamiento alguno.
En ese sentido, la relación salarios e ingresos tributarios experimentó un proceso de reducción que sigue siendo muy baja. En el 2012, de cada G. 100 que ingresaba a las arcas en concepto de impuestos, G. 82 iban para el pago de salarios, en tanto que en el 2017, la relación se redujo a G. 69.
Considerando estos datos, urge reducir el desequilibrio fiscal arrastrado desde el 2012 mediante el diseño de acciones que apunten a reducir los gastos corrientes (servicios personales, bienes de consumo e insumos y los intereses de la deuda pública interna y externa), una nueva Ley del funcionario público, reduciendo el gasto en jubilaciones, entre otras acciones.
Además, con el mejoramiento de la calidad del gasto, punto clave en todo el proceso de reforma pública, podrían generarse mayores recursos para ser destinados a programas sociales, pero antes, los mismos deberán entrar también en un proceso de real saneamiento, es decir, la revisión de cada uno de los planes destinados a asistir a la población más vulnerables del país como son los adultos mayores, personas en condición de pobreza, familias sin hogar, entre otros grupos.
La renegociación de la Itaipú Binacional con mayores beneficios para Paraguay podría convertirse en otra fuente de ingresos importantes para el Estado para proyectos de gran impacto para el país, donde una de las estrategias posibles es la intensificación del uso de la energía eléctrica mediante la atracción de industrias electro intensivas y la venta de energía excedente a precio de mercado.
Los temas presentados son solo algunos de los más urgentes que precisarán de un análisis y diseño por parte del entrante gobierno, ya que 5 años podrían marcar la diferencia entre una administración de mismas políticas o una de verdadera transformación que pueda ser sostenida en el tiempo y que terminará beneficiando al desarrollo y crecimiento del país.
* Si se observan las políticas públicas en función a la demografía, existen indicadores claves para el diseño de estas, que van desde el tamaño de la población, ritmo de crecimiento, estructura de edades, bono demográfico, distribución geográfica de la población, movimiento migratorio, alcances e impactos.
* El nuevo gobierno deberá enfrentar viejos problemas. Los mayores desafíos siguen siendo la pobreza, provisión de servicios de calidad, explicada en parte por la demanda creciente de la gente como acceso a salud, educación y empleo, así como sus financiamientos.
* Políticas públicas se definen por características de la gente, considerando que el Estado es proveedor de servicios como salud, educación, electricidad, agua e infraestructura. El tema demográfico debería constituir una de las variables para el diseño de políticas públicas estructurales y no solo sociales.