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No tiene que olvidarse que la situación de pobreza es particularmente marcada en las zonas rurales, específicamente en el segmento campesino. De allí que la fórmula generalmente usada para resolver ese problema es la inclusión de la población en situación de pobreza en la cadena de valor, basada en algún sistema productivo agrícola y comercial, lo que permitiría incrementar los ingresos monetarios de este grupo.
Sin embargo, la larga tradición de producción para el autoconsumo no ha generado incentivos para producir más y vincularse al mercado y peor aún, la casi desaparición de la cadena productiva del algodón, que representó toda una época dorada en la precaria economía campesina durante las décadas de 1980 y 1990, ha limitado significativamente su capacidad de generar recursos.
La respuesta tradicional de los sucesivos gobiernos se basaba en intervenciones descoordinadas de las demás políticas públicas, escasamente articuladas con las iniciativas privadas, dando como resultado casi siempre muy bajos niveles de eficiencia. En efecto, las prácticas de apoyo a los comités de agricultores más arraigados sigue siendo la entrega de pollitos, implementos agrícolas y semillas o la entrega de dinero a los comités de agricultores, generando situaciones administrativas poco claras que suelen terminar en casos de corrupción.
Las últimas administraciones han intensificado esta última práctica, cuyos recursos supuestamente son destinados a proyectos productivos liderados por las organizaciones campesinas como MCNOC y el Movimiento Agrario Popular, que junto a otras cinco nucleaciones, recibieron más de US$ 2,3 millones del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en 2017. Más allá de los montos entregados, lo que resulta nocivo de este tipo de prácticas es la ausencia de compromiso por parte de los beneficiarios con la institución que hace entrega de los recursos monetarios, ya que no existe relación u obligación de demostrar la producción obtenida, menos, generar un esquema de proceso, ya que la entrega del dinero no es acompañada siquiera por una asistencia técnica.
Finalmente, el efecto perverso de estas acciones es que al no existir seguimiento técnico alguno sobre los proyectos productivos, éstos no se materializan en forma y los recursos terminan siendo muy poco eficientes.
En otras palabras, no existen evidencias de la utilización efectiva de cerca de 70 millones de dólares entregados anualmente a las diferentes asociaciones de campesinos. No obstante, el incremento del poder político de estas nucleaciones ha logrado que el MAG responda con una lógica “clientelista” a las demandas de este grupo, donde mediante la entrega no condicionada de dinero se apaciguan las presiones del sector.
Con estos antecedentes, las políticas públicas diseñadas para el sector y que son lideradas por el MAG deben apuntar a la modificación profunda de las propuestas de intervención, incorporando acciones que concluyan efectivamente en las fincas, es decir, que se destinen a actividades productivas concretas, eficientes y vinculadas a las cadenas de valor.