Ya en la exposición de motivos del proyectista quedó clara la intención de fomentar la inversión público–privada; uno de los motores del desarrollo en los países con economía descentralizada. Muchos quedamos gratos con la idea.
Sin embargo, como en Paraguay existe una fuerte intromisión del Estado en la economía en general, las solas palabras “inversión privada” o desregulación ya crean escozor en los actores con dependencia del sector público.
Si Paraguay despega lo hará con las inversiones privadas, con las ciencias y tecnologías, con las patentes y descubrimientos y con la libertad económica. Es por ello que, más que una nueva ley de difícil aplicación, urge un cambio de paradigmas en los administradores.
Si una tercera parte de la población paraguaya se encuentra en la pobreza, es necesario hacer una profunda meditación de lo que tenemos actualmente y por sobre todo hacia dónde vamos. Urge una reforma general del Estado, y estas reformas tendrán que iniciarse por el lado de la educación y la salud.
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Matriz energética: Si ponderásemos las prioridades de la energía en Paraguay, evidentemente quedaría en primer lugar la matriz energética. La relación aproximada de 44-40-16; es decir, 44% para la biomasa (leña y carbón), 40% para los hidrocarburos importados y 16% para la electricidad resulta una gran ironía y un gran contrasentido. En alguna parte de la ley debe constar este inconveniente de manera clara. Consecuentemente todo lo que aporte esta ley debe coadyuvar en el aumento del porcentaje de energías limpias y renovables.
Creación del Ministerio de Energía: la situación energética del Paraguay se debe en gran manera a la anarquía reinante. No existe una autoridad política del sector. Las que existen se comunican, pero muchas veces no se entienden. La hidroeléctricas binacionales tienen más poder que muchos ministerios juntos y el ente que debe regir las políticas públicas del sector solo tiene rango de subsecretaría.
Urge la creación de un ministerio que discipline el sector. Las mayores productoras de electricidad, aunque tengan estatutos propios y un rango de binacionales, deberían estar sujetas al poder político de la República. Es lo que ocurre en democracias maduras y en un verdadero Estado de derecho.
Creación de un ente regulador: Un ministerio de Energía es el órgano que aplicaría las políticas públicas que emanen del Gobierno, pero es un ente regulador el que regiría las políticas de Estado. Solo un regulador sabría interpretar a una población donde actores públicos y privados compitan en un mercado. El monopolio nunca será beneficioso, sea público o privado. Los resultados están a la vista.
Pérdidas de la ANDE: ninguna empresa sobrevive en el mercado con pérdidas, por más mínimas que sean. La ANDE acarrea una pérdida histórica, desde hace más de tres décadas, en torno al 30%, distribuidas en técnicas (15%) y el robo o hurto (15%). Las pérdidas técnicas son subsanadas lentamente; tan lentas que no acompañan ni siquiera al índice de crecimiento del consumo (entre 10 y 12% anual). Sabemos que se debe a la escasez de recursos, más que a la desidia o la mala administración.
Según informes oficiosos, la estatal tiene un monto superior a US$ 200 millones/año de pérdida, que calza con el subsidio tarifario de Itaipú. No obstante, esta tendencia podría acabar en el 2023, año de la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú.
Escenario futuro inmediato: Aunque tenemos dos grandes usinas hidroeléctricas binacionales y un potencial para construir más, la realidad es que los cortes en el verano son cada vez más frecuentes. De esta manera se torna difícil explicar para los que están en función de liderazgo político o administrativo. La población no comprende los detalles técnicos, solo ve los resultados finales.
En una economía centralizada, propia de los países socialistas se enfrentan dos grandes problemas: la corrupción y el clientelismo político, ambos son índices del subdesarrollo.
Está visto, a su vez, que la corrupción es difícil combatir porque se autoalimenta y crea adicción. El administrador corrupto tiende a crear corporativismo porque en ello radica su continuidad. Nadie se corrompe solo, necesita un esquema que le provea protección y complicidad.
Para modificar la situación de crisis eléctrica, el Estado debe invertir US$ 1.000 millones al año, durante unos cinco años. Es lo que recetan los técnicos y entendidos del sector. ¿De dónde obtendremos los recursos? Si las negociaciones futuras de Itaipú se orientan con un alto espíritu de patriotismo, será fácil obtener esos fondos.
Sindicatos del Estado: Desde la caída de la dictadura en 1989, se han formado una infinidad de sindicatos, especialmente en las empresas y entes del Estado; inclusive muchas instituciones tienen más de diez organizaciones gremiales. Aunque todos ellos nacieron como una reacción natural a la falta de libertad individual, hoy se los ve como un impedimento a la libertad económica. En un balance general, ellos no propiciaron durante estos 30 años de democracia la transparencia, el combate a la corrupción y la búsqueda de una mayor eficiencia del Estado.
Si intentamos obtener una ley que tienda a mejorar la matriz energética, a subsanar las pérdidas de la ANDE y aumentar la eficiencia energética, es muy probable que nos encontremos con una gran muralla conformada por la alianza estratégica entre sindicatos y políticos estatistas.
Participación privada en las renovables:
Así como está contemplado en el proyecto, la ANDE debe adquirir la totalidad de la energía renovable no convencional producido por el sector privado; pero, como ella sobrevive de un subsidio tarifario, será difícil competir con dichas tarifas. Como ejemplo hipotético citamos: la ANDE adquiere de la hidroeléctrica Itaipú a US$ 30/MWh, pero estaría obligada a comprar energía renovable de un productor privado hasta a precios superiores a US$ 60/MWh. La lógica más sencilla nos dice que no compraría una energía más cara, más aun considerando sus índices de pérdidas. Es economía básica.
Sugerencias finales:
Suponiendo que la ANDE reduzca sus pérdidas técnicas y criminales, y que se mantenga el acuerdo tarifario ANDE/Itaipú, podríamos pensar en algunas alternativas como:
1. Liberar la venta del 50% de la energía renovable no convencional del productor independiente. ANDE estaría obligada a adquirir solo el otro 50%, de preferencia a la hora pico.
2. En los proyectos de viviendas sociales del Estado introducir la obligatoriedad del uso de calentadores solares, así como las iluminaciones públicas con lámparas led.
3. En los proyectos de viviendas sociales del ámbito rural proveer, además de los calentadores solares, cocinas a leña de alta eficiencia.
4. En el sector productor de cereales y oleaginosas incorporar la obligatoriedad de secadores eficientes, alimentados con leña certificada (eucalipto y otras especies de rápido crecimiento). Sancionar quema de especies nativas.
5. Propiciar el uso libre, no interligado a la red, de fuentes alternativas de energías renovables como: calentadores solares, paneles fotovoltaicos, generadores eólicos, el uso de cocinas de inducción y a leña de alta eficiencia.
6. Propiciar y premiar la transformación de efluentes a biogás, como una forma de tratamiento de residuos sólidos.
7. Iniciar en forma gradual, en todos los edificios del Estado, la transformación de equipamientos convencionales, como heladeras, acondicionadores de aire, iluminación, etc., a otros de categoría A, de eficiencia energética.
Matriz
Matriz energética del país: 44% para la biomasa (leña y carbón), 40% para los derivados del petróleo, importados, y 16% para la electricidad.
Sujetas
Las productoras de electricidad, aunque tengan estatutos propios y un rango de binacionales, deberían estar sujetas al poder político de la República.
Regir
Un ministerio es el órgano que aplicaría las políticas públicas que emanen del Gobierno, pero es un ente regulador el que regiría las políticas de Estado. (*) Ex Superintendente de Energías Renovables de IB. Estas sugerencias se hacen a título personal, no como representante de Itaipú.