Solo hay 25 médicos para 13.150 personas privadas de su libertad. Con esta alarmante cifra terminó el año 2016, de acuerdo a un estudio realizado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), dato que respalda aún más la teoría de que las prisiones paraguayas no están orientadas a la reinserción, sino más bien son un depósito de seres humanos.
Si bien el 73 por ciento de los presos encuestados durante las intervenciones dijo que si hay atenciones médicas en los reclusorios, un 9% dijo desconocer, lo que deja al descubierto que muchos ni siquiera pueden acceder a una inspección médica dentro de las prisiones.
De hecho, programas de detección y prevención de diabetes, cáncer de mama, vacunación para la población adulta mayor y otros ni siquiera son llevados a cabo por el Ministerio de Salud en los recintos, en parte por la falta de pedido de la dependencia del Ministerio de Justicia que se encarga de velar por la salud de los internos.
La mayoría de los profesionales de la salud destinados a las penitenciarías la componen enfermeros y enfermeras –60 en total–, y en el otro extremo de la lista, solo dos bioquímicos y dos psiquiatras son destinados para el sector.
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No existen protocolos de historial médico de los internos, una de las más alarmantes irregularidades que el MNP recomienda atender. Tampoco se define un protocolo a seguir en caso de necesidad de traslados por alguna urgencia, en ninguna de las 16 penitenciarías.
Casi el 60 por ciento de los encuestados dijo que no hay medicamentos cuando los necesitan, es decir, acceder al servicio de salud tampoco resulta una garantía. De hecho existe un marcado problema de provisión de medicamentos por parte del Ministerio de Salud, ente que debe salvaguardar la atención de todos los paraguayos, incluidos aquellos privados de libertad.
La prisión más importante del país, la penitenciaría nacional ubicada en el barrio Tacumbú de Asunción, es también la más hacinada. Si bien de enero a diciembre del 2016 logró destinar a más de 300 internos a otros reclusorios, su capacidad está rebasada en más del 50 por ciento, ya que la infraestructura solo puede albergar a 1.687 personas, pero en diciembre cerró con 3.590 internos.
Para esta superpoblada penitenciaría solo hay cinco médicos de acuerdo a los datos relevados por el MNP, es decir, un médico debe atender - en teoría - más de 700 presos cada uno. Esto explica que numerosas personas privadas de su libertad ni siquiera se hayan enterado de que existe atención sanitaria dentro.
En total solo 22 profesionales de la salud, entre enfermeros, psicólogos, odontólogos, trabajadores sociales, psiquiatras y nutricionistas quienes se encargan de atender a los miles de presos, con una cantidad aproximada de entre 50 y 60 consultas por día. La cobertura de salud no es 24 horas.
Casi la totalidad de los adolescentes encuestados reconoció que existe atención médica en los centros educativos, pero estos lugares no cuentan con profesionales médicos permanentes, solo responden a los casos de urgencia, lo que ralentiza de sobremanera una respuesta oportuna. Solo enfermeros se encargan de la sanidad.
El centro educativo de Villarrica carece por completo de atención psicológica para los adolescentes, mientras que en otros lugares es sumamente deficiente la atención. No todos los menores acceden a la contención psicológica lo que hace dudar de un efectivo proceso de reinserción.
La atención psiquiátrica simplemente no existe de acuerdo al informe, y tampoco hay una política de abordaje para los adolescentes adictos a sustancias ilícitas. La gran mayoría de los varones tiene problemas con las drogas, lo que les empuja a delinquir y finalmente terminan encerrados.
Los responsables de los centros educativos contaron que existen problemas en el suministro de fármacos y tampoco cuentan con ambulancias para el traslado de pacientes. El personal está obligado a dar charlas preventivas de salud general, higiene y salud sexual en forma periódica, pero no todos los cumplen, algunos lo hacen de forma esporádica, pero sin seguir una planificación, es decir las hacen por hacer.
A diferencia de los reclusorios para mayores, los centros si llevan un registro de adolescentes, como un historial médico, pero es precario y no refleja las dimensiones de salud integral que el mismo modelo pretende instalar.
