La noche del 16 de enero del año 2011, Carolina Beatriz Benítez Santacruz, de 18 años, se encontraba durmiendo en su casa, en el kilómetro 23 de la ciudad de Capiatá. Estaba sola, porque su mamá había viajado a España para buscar una vida mejor. Al menos, tenía a un hermano mayor viviendo cerca, con el que podía contar para cualquier necesidad.
Pero esa noche, ni su hermano ni nadie pudieron defenderla del ladrón que entró por el techo de su vivienda y le asestó siete puñaladas mientras dormía en su cama, antes de llevarse su televisor de 14 pulgadas y su celular.
Desde la muerte de su hija, Benita Santacruz se puso como única meta de vida luchar incansablemente hasta conseguir justicia y traer así paz a la memoria de su hija. Pero el camino no ha sido fácil.
En esta entrega, le relatamos, a partir de la versión de la madre, todo el proceso que se ha vivido en los tribunales desde el asesinato de la joven hasta hoy, cinco años después, cuando sigue pidiendo a gritos una justicia que se hace esperar.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Esa misma noche que mataron a Carolina, otro ciudadano capiateño, Ramón Pérez Saucedo, fue víctima de asalto con arma blanca por parte del mismo hombre que asesinó a Carolina Benítez, identificado como Miguel Ángel Castillo (el hecho se probó durante la investigación). A Ramón Pérez el malviviente lo hirió en la mano y le robó un termo.
Coincidentemente, en la mañana siguiente a los hechos, el 17 de enero, Pérez Saucedo vio a su agresor subirse a un bus de la línea 29. Inmediatamente siguió al colectivo con su vehículo, a la vez que daba aviso a la Policía.
Al llegar al kilómetro 20, Miguel Castillo, el agresor, fue detenido por los uniformados, y de su poder se incautaron un televisor, un celular y el termo de Saucedo.
Entretanto, el hermano de Carolina, quien esa mañana encontró horrorizado el cuerpo inerte de su hermana, fue convocado por la Justicia y, reconoció que los bienes encontrados en poder del detenido pertenecían a su hermana.
Fue así como se abrieron dos causas paralelas en la unidad Nº 3 de Capiatá. Con respecto a la denuncia de asalto a Saucedo, la agente fiscal Esmilda Álvarez imputó a Miguel Castillo y a los hermanos Vera Ayala. Con relación al homicidio de la joven Carolina Benítez, se abrió otra causa a cargo de la misma fiscal, en donde se imputó únicamente a Castillo (no a los supuestos coautores).
Los medios se hicieron eco del terrible crimen que apagó una joven vida y llenó de dolor a una familia. Con el transcurrir de los días, vecinos del barrio capiateño comenzaron a comentar que habían visto salir a Castillo de la casa de la joven al amanecer del 17 de enero, con un televisor en los brazos. Testimonios de pobladores aseguraron también que Miguel Castillo era vecino y conocido asaltante entre la zona.
Hasta ese momento, el procedimiento parecía estar ordenado. La fiscala de Capiatá, Esmilda Álvarez, imputó por homicidio y solicitó la prisión preventiva de Miguel Ángel Castillo, quien contaba con antecedentes penales y ya había estado en prisión. El hombre fue sindicado como autor del crimen de Carolina Benítez.
Por su parte, los hermanos Luis Alberto Ayala y Daniel Ayala, ambos albañiles residentes en el barrio Villa Esperanza de Capiatá, también fueron detenidos por sospecharse que habían ayudado a Castillo a realizar el crimen, según relatos de los vecinos. Ambos contaban con ordenes de captura , además de antecedentes por coacción, amenaza y robo agravado.
En estas condiciones inició la etapa preparatoria del proceso, en la cual se realizaron declaraciones testimoniales e indagatorias. Una de las principales evidencias fue el dictamen pericial del departamento de Criminalística de la Policía Nacional, que confirmó que Miguel Castillo estuvo en la habitación de la fallecida aquella noche, pues se encontró una marca de la suela de su calzado en un charco de sangre en el suelo. El calzado que tenía Castillo al momento de ser aprehendido, también tenía restos de sangre de la joven y coincidía en marca y forma con el de la huella. Estas evidencias dieron a los imnvestigadores plena certeza de la autoría de Castillo.
Otro elemento probatorio proporcionado por los peritos, fue que se observaron heridas y rasguños en el cuerpo de Miguel Ángel Castillo, presumiblemente ocasionadas por la víctima en su intento de defenderse. Todas estas pruebas se encuentran en el informe pericial realizado el 17 de mayo de 2011, y recibido por la Fiscalía el 17 de junio, a cinco meses del crimen, según documentos presentados por el abogado que lleva el caso, Florencio Carlos Oliva.
El 18 de julio de 2011 se estableció como fecha para la presentación de la acusación, pero el acusado no se presentó.
Aunque cueste creer, por razones que se desconocen, no se pudo realizar la audiencia preliminar sino hasta el 18 de febrero de 2015, cuatro años y un día después del asesinato. Gracias a este retraso, se venció el plazo y el crimen prescribió. Es decir, Miguel Castillo jamás podrá ser juzgado por el crimen de la joven, pues ya pasaron más de cuatro años. De juzgarlo, se estaría violando su derecho al debido proceso. La forma en que se dieron los hechos muestra a las claras la negligencia con la que el Ministerio Público manejó el caso.
Eso no fue todo. Además, la fiscala Sofía Giménez, quien había tomado el caso, decidió el cambio de calificación del hecho penal de homicidio doloso, a delito de reducción. Es decir, Castillo fue juzgado solamente por el hecho de tener la televisión y el celularde la joven (objetos robados) en su poder.
Al ser juzgado por un delito relativamente “simple”, el juez Miguel Ángel Bernardes Soljancic lo condenó a cinco años y le aplicó un recurso denominado Criterio de oportunidad, beneficio que se da cuando el hecho es “insignificante” tiene un “grado de reproche reducido” del autor, y “no genera interés público la persecución”, según establece el artículo 19 inciso 3 del Código Procesal Penal.
Al analizar los hechos, el juez entendió que Miguel Castillo ya fue condenado por la causa de reducción y que era viable aplicar el criterio de oportunidad. Así, extinguió la causa y dejó a Castillo en libertad, sobreseyéndolo definivamente del homicidio de Carolina Benítez.
Benita Santacruz, madre de la joven fallecida, quien regresó de España para buscar justicia para su hija, nos cuenta que hasta el año pasado, nunca había contratado un abogado, pues en todo momento, la fiscal Esmilda Álvarez le aseguraba que no era necesario un defensor, ya que existían elementos suficientes para condenar “por muchos años” a Miguel Castillo.
Tiempo después, indignada y dolida, la madre vio como el que había sido probado como agresor de su hija, quedaba en libertad sin que ella pudiera hacer nada para detenerlo.
Una vez que Castillo recuperó su libertad y los vecinos lo vieron rondar nuevamente el vecindario, se indignaron ante lo que consideraban una gran injusticia, teniendo en cuenta que ellos mismos habían visto al hombre y a sus cómplices, los hermanos Ayala Vera, salir de la casa de la joven el día del crimen. Lo curioso del caso es que pese a ser testigos, los vecinos nunca fueron llamados a declarar, pues, según la madre, la fiscal aseguraba que “no era necesario”.
Recién en marzo de 2015, ya con el abogado Florencio Carlos Oliva al frente del caso, se tomaron las declaraciones de los testigos. Esto dio lugar a la reapertura de la causa y la imputación de los hermanos Ayala Vera, supuestos coautores del homicidio. El 3 de junio, la madre presentó una querella adhesiva y posteriormente la acusación.
Pese a que se han establecido seis fechas para la audiencia preliminar con los imputados, hasta ahora todas las veces fueron suspendidas. Según explicó el abogado Florencio Carlos Oliva, el motivo es que los acusados están recluidos en las Penitenciarías de Misiones y Encarnación, y nunca se puede concretar el traslado de los mismos al Juzgado.
Mientras todo esto ocurre, Benita Santacruz no logra entender como el homicida de su hija deambula libremente por las calles, en tanto los coautores del crimen están ganando tiempo sin ser juzgados.
Este martes 11, todo indicaba que finalmente se realizaría la audiencia preliminar en el Juzgado de Capiatá, con comparecencia de los presuntos coautores. Pero una vez más, no se presentaron y quedó suspendida. El juez de turno se comprometió a trasladar de una vez y por todas a los dos reclusos para una nueva fecha que, según se estableció, será el 25 de octubre.
El objetivo de la madre de la fallecida es que la causa se eleve a juicio oral, de manera a que al menos los dos presuntos coautores sean juzgados.
Ya nada puede hacerse para retroceder el tiempo y devolver a la vida a Carolina Benítez Santacruz. Tampoco es jurídicamente posible que el autor Miguel Ángel Castillo cumpla otra condena. Pero, al menos, para darle un poco tranquilidad a su corazón, la madre pide que los coautores sean juzgados y que los magistrados que cambiaron la calificación del hecho “sean sancionados”.