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Aunque la ciudadanía logró expulsar del Parlamento al exdiputado José María Ibáñez (ANR, Añetete), la maquinaria de blanqueamiento entre la Fiscalía y el Poder Judicial sigue “viento en popa” con otros 10 legisladores, entre ellos el senador Víctor Bogado y el parlasuriano Enzo Cardozo.
El senador Óscar González Daher (ANR, cartista) está imputado por supuesto tráfico de influencias como titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Fue expulsado del Congreso pero fue reelecto. La fiscala Victoria Acuña (recusada) interina la causa junto a sus colegas Natalia Fúster y Nelson Ruiz.
El senador Víctor Bogado (ANR, cartista) está procesado por el caso de “la niñera de oro” Gabriela Quintana, que se encuentra trabado. En paralelo, la Fiscalía ya blanqueó a la empleada doméstica planillera del TSJE Cynthia Centurión y a su supuesto testaferro, el “Mecánico de Oro” Miguel Carballo.
El diputado cartista Tomas Rivas (ANR-Paraguarí), similar al caso Ibáñez, está imputado por tener varios “caseros” –pagados por el Congreso– en su negocio, en su estancia y en su domicilio particular. Los caseros cómplices son Nery Antonio Franco, Reinaldo Chaparro y Lucio Romero Caballero.
El diputado por Central Carlos Núñez Salinas (ANR, samanieguista) está imputado desde el 2013 por un lote de ruteadores por el que declaró US$ 17.706, pero en realidad eran decodificadores de US$ 1.026.028. Casi fue blanqueado por el exfiscal Martín Cabrera hasta que otro agente tomó el caso.
Senador Jorge Oviedo Matto (UNACE). Imputado en el caso de audios del Jurado de Enjuiciamiento. Renunció al Senado en el anterior periodo, pero fue reelecto. Pidió a la fiscala Casse Jiménez amanecer en un banco para cobrarle US$ 5.000 para “solucionar” un caso judicial. Su fiscal es Francisco Torres.
El senador Salyn Buzarquis (PLRA, efrainista) está procesado por la firma de un convenio, siendo ministro del MOPC, con la empresa italiana ANAS para la realización de estudios de suelos sin autorización. El monto en cuestión fue de US$ 600.000. Además fue imputado por uso de un certificado médico falso.
El diputado por el Alto Paraná Carlos Portillo (PLRA, efrainista) está imputado por la fiscala Liliana Alcaraz por supuesto tráfico de influencias, cohecho pasivo agravado, soborno y asociación criminal. Pedía coimas a un procesado para “arreglar juicios” y presionaba a fiscales en varios casos.
El diputado por Canindeyú Teófilo Espínola (PLRA, efrainista) está imputado por la fiscala Victoria Acuña por un supuesto perjuicio de G. 5.000 millones en contratos de obras en sedes estatales del interior del país. Era fiscalizador de la Defensa Pública, cuya extitular Noyme Yore también está imputada.
El parlasuriano y exministro Enzo Cardozo (PLRA, llanista) tiene dos procesos por desvíos de G. 68.000 millones y G. 3.200 millones siendo ministro de Agricultura. Fue “blanqueado” en otro caso de G. 35.000 millones en el MAG gracias a la fiscala Victoria Acuña.
El parlasuriano y exdiputado Pedro Duré (PLRA, llanista) está imputado por supuesto negociado contra el Indert por las tierras de San Agustín vinculadas a Jorge Oviedo Matto. El perjuicio sería de G. 60.000 millones y se concretó antes de las elecciones generales de 2013. Sería un pacto entre PLRA y Unace.
Gobernabilidad
Estamos muy acostumbrados a aceptar el criterio de que la gobernabilidad se adquiere con el apoyo al Ejecutivo de una mayoría de votos en el Congreso. Cuando la gente se pregunta si Cartes tuvo o no gobernabilidad, se limita a revisar si se llevó bien o mal con el Congreso.
Sin embargo, la gobernabilidad democrática se refiere a un sistema político y de políticas públicas que privilegia la participación directa, indirecta y representativa de los ciudadanos y se favorece a través de libertades básicas, con el objetivo de asegurar que los gobiernos rindan cuentas de sus actos.
La gobernabilidad democrática es, en realidad, un potencial para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos al facilitar los esfuerzos para disminuir la corrupción, aumentar el desarrollo económico, disminuir la pobreza y construir comunidades fuertes.
Obviamente, el gobierno del quinquenio 2013-2018 no tuvo la suficiente gobernabilidad, ya que ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo, y menos el Judicial, hicieron mucho para disminuir la corrupción, y menos aun para disminuir la pobreza. Tal vez donde se notó algún esfuerzo del Ejecutivo haya sido en aumentar el desarrollo económico, pero el Judicial no hizo su parte para dar respuesta a las demandas de seguridad jurídica. Prueba de ello son los casos de inversiones extranjeras en la explotación de oro, que terminaron en manos de personas del gobierno. (USAID/Lapop)