La impunidad es uno de los más graves problemas que afectan a nuestro país. Las investigaciones abiertas a los “peces gordos” por robo al Estado paraguayo casi siempre quedan en la nada. Los poderes políticos y económicos someten a jueces y fiscales a sus intereses. Prueba de ello es la falta de castigo a los implicados en los saqueos en Petropar, Indi, Indert, las binacionales, los distintos ministerios y otras instituciones.
En el Ministerio Público se hicieron numerosas denuncias de corrupción durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos. Sin embargo, la única exministra que quedó vinculada a un proceso penal es Judith Andraschko, acusada por la compra sobrefacturada de inmuebles cuando era titular de la SAS.
También su causa corre el riesgo de extiguinrse, debido a las chicanas a las cuales se prestan los magistrados del Poder Judicial.
El exdirector de Itaipú, Víctor Bernal, quien había sido investigado por enriquecimiento, también consiguió blanquearse, gracias a una dudosa investigación del Ministerio Público, que finalmente dijo que existen congruencias entre los ingresos y egresos del político colorado.
El extitular de la Secretaría de Emergencia Nacional, José Key Kanazawa, también zafó una causa por presunto enriquecimiento ilegítimo. El Ministerio Público “no pudo probar” la denuncia de la Contraloría, que Kanazawa no puede justificar en su declaración de bienes la suma de G. 1.395 millones.
Los expresidentes de Petropar Alejandro Takahasi, Cíbar Granada y Armando Rodríguez, imputados por el presunto perjuicio de unos US$ 38 millones por acuerdos realizados con PDVSA, fueron sobreseídos por “duda”. El Ministerio Público dijo que no tiene certeza de la comisión de los hechos.
La investigación por enriquecimiento ilícito contra el expresidente Nicanor Duarte Frutos también quedó en la nada, debido a que la justicia “mutiló” la investigación contra el exmandatario, que de esta forma fue favorecido por jueces, camaristas y hasta ministros de la Corte Suprema de Justicia.
La investigación por enriquecimiento ilegítimo a Juan Carlos “Calé” Galaverna terminó con su blanqueo.
La investigación contra Camilo Soares, exministro de la SEN, por la compra sobrefacturada de coquitos, sigue en el Poder Judicial. Tampoco en esta causa se pudo llegar hasta el final. En el caso igualmente se dio una grosera injerencia política durante el gobierno de Fernando Lugo.
En caso de que la investigación avance en el Ministerio Público, los “peces gordos” logran que la justicia les favorezca. De lo contrario, ya traban cualquier intento de investigación en el Ministerio Público. La estadística de la propia Fiscalía General revela la benevolencia con los delincuentes de guante blanco, que roban groseramente al Estado. El año pasado se había informado que la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción consiguió la devolución de G. 22.766.749.724.
Esta cifra es mínima con relación a los colosales robos que fueron denunciados.
El nuevo gobierno tiene el desafío de luchar contra la injerencia política en el Poder Judicial y el Ministerio Público. Si esto no se frena y no se sanciona a los jueces y fiscales que se someten a los políticos o al poder del dinero, el presidente Horacio Cartes no puede pretender que se castigue a los implicados en el despojo de G. 47.000 millones al Estado, mediante la compra irregular que hizo el Indert de inmuebles de Cordillera de la empresa San Agustín, vinculada al senador Jorge Oviedo Matto. Ni tampoco la sanción a los que sobrefacturaron los precios de los helicópteros durante la gestión de Rafael Filizzola en el Ministerio del Interior, ni los negociados en las obras públicas.
Compra irregular de tierras no aptas para la agricultura
El presidente Horacio Cartes, durante su campaña para la presidencia, denunció la adquisición irregular de 5.000 hectáreas en Cordillera para el Indert. Entre los imputados está el extitular Luis Ortigoza, que pagó cerca de G. 47.000 millones. Se espera que haya un castigo.
La adquisición de tierras para la reforma agraria siempre fue un negociado, que continúa hasta ahora, precisamente gracias a la impunidad que otorga la fiscalía y el Poder Judicial a los presuntos implicados.
El último caso más sonado es la compra de unas 5.000 hectáreas en Cordillera de la empresa San Agustín, vinculada al senador Jorge Oviedo Matto.
Por las tierras, que según peritos no sirven para la reforma agraria, el extitular del Indert Luis Ortigoza desembolsó G. 47.000 millones, hecho que le costó una imputación de la Fiscalía.
Pese al millonario perjuicio que habría causado al Estado, Ortigoza afronta el proceso en libertad.
Además de Ortigoza, están imputados Emmanuel Friedmann, del Ministerio de Hacienda; Justo Gamarra, representante de las municipalidades, y Milciades Duré, exgobernador de Cordillera.
“Surge una sospecha razonable de que los imputados, como integrantes de la Junta Asesora y de Control de Gestión del Indert, dispusieron la compra de un inmueble, propiedad de San Agustín SACI, por un valor muy superior al que realmente posee, lo cual habría ocasionado un perjuicio patrimonial al Indert”, dice la fiscala en la imputación.
En ese contexto, explica que el 27 de diciembre de 2012 la Junta Asesora y de Control de Gestión del Indert analizó la compra del inmueble al precio de 6 millones de guaraníes la hectárea.
El inmueble en cuestión había sido ofrecido por Arnaldo Jara, administrador judicial de la firma San Agustín.
Lo llamativo fue que en esa misma reunión del 27 de diciembre se dispuso fijar el precio para la adquisición del inmueble a 10.500.000 guaraníes por hectárea.
La determinación fue ratificada a fin de año por el presidente del Indert.
Se espera que el gobierno del presidente Cartes no avale la impunidad de este grosero robo al Estado.
Los acuerdos políticos llevarían una vez más al blanqueo del caso.
El senado Oviedo Matto estaría negociando con parlamentarios colorados, para que la causa finalmente quede en la nada.
El parlamentario habría sido el principal beneficiado con el dinero pagado por el Indert. Esta plata, supuestamente facilitó la unión de los oviedistas para las elecciones generales pasadas. Así lo denuncio el propio entorno de Cartes. Empero, como los políticos tienen la memoria muy corta, quizá ahora ya se olviden del perjuicio millonario.
Juicio por compra sobrefacturada de helicópteros para la Policía
El castigo a los involucrados en la compra sobrefacturada de helicópteros para la Policía Nacional es otro gran desafío. Si bien el Ministerio Público imputó en este caso, no se puede descartar que con el transcurso del tiempo la causa se blanquee.
La imputación de los fiscales Victoria Acuña y Martín Cabrera refiere que un comité de evaluación del Ministerio del Interior dictaminó que Proibérica SA cumplía sustancialmente con los requerimientos de bases y condiciones para la venta de helicópteros usados.
Sin embargo, esa empresa no cumplió con requisitos formales como la presentación del certificado expedido por el fabricante de ser representante, importador, distribuidor oficial en Paraguay (de insumos, repuestos y partes).
Fue así que se firmó un contrato de compra de helicópteros marca Bellnorthwest Rotoracraff de procedencia de los Estados Unidos por un valor de G. 47.890.000.000.
El 2 de diciembre de 2010, durante la administración de Rafael Filizzola, se pagó a la firma Proibérica SA G. 20.713.243.257.
El 14 de marzo, el Ministerio del Interior realizó un desembolso de 6.794.189.185 guaraníes.
La imputación explica que el 12 de octubre de 2011, ya durante la administración de Carlos Filizzola, se pagaron G. 20.382.567.558, con lo que se canceló la operación.
Posteriormente y pese a que en el contrato se establecían las garantías para funcionamiento y operación de los helicópteros, y para el suministro de las partes, refacciones, transferencias de tecnologías y capacitación, se dispuso el llamado a contratación vía excepción para mantenimiento y reparación de los helicópteros.
Esto originó un nuevo pago de G. 1.780.000.000.
También están imputados la ex directora general de la Unidad Operativa de Contrataciones, Lic. Andrea Adle; ex director general de Administración y Finanzas, Lic. Aníbal Muñoz; ex director jurídico, Abog. Ricardo Lugo; ex director financiero, Lic. Juan Diego Fernández; director de Equipamiento de la Policía Nacional, Víctor Flor; y el director administrativo, Crio. Gral. Insp. Tiburcio Abundio Martínez.
Igualmente están imputados Guillermo José Casado y Álvaro Lasso, representantes de Proibérica SA.
Todos chicanean en la justicia para evitar la imposición de medidas.