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En un comunicado con ocasión del Día Internacional de las Migraciones, Amnistía lamenta que los migrantes en la llamada “región MENA” (Oriente Medio y Norte de África ) sufren “discriminación, explotación y otras formas de abuso”, y en algunos casos “arrestos arbitrarios, detenciones y expulsiones ilegales”.
La desprotección a los inmigrantes, ya sea personas en tránsito o trabajadores de la construcción y el servicio doméstico, está propiciando “niveles escandalosos de abuso”, en palabras de Philip Luther, director de investigaciones de la región.
El comunicado cita cifras de la Organización Internacional de Migraciones (OIM): de los 17,8 millones de inmigrantes establecidos en la región árabe e Israel (en su mayor parte de origen asiático), 600.000 son víctimas de trabajos forzados.
Los casos más flagrantes son los de la Península Arábiga, donde en algunos países (Emiratos Árabes, Catar, Baréin y Omán) los inmigrantes son más numerosos que los propios nativos.
En estos estados petroleros, lo habitual es que las empleadas domésticas vivan “en riesgo de abuso físico, sexual y sicológico”, y además está el sistema de la “kafala”, que pone a cada emigrante bajo tutela de su empleador y da a éste amplios poderes sobre su vida, como expedir un “permiso de salida” para que el inmigrante pueda abandonar el país.
También en el Magreb se registran otro tipo de abusos: en Argelia, “decenas de miles” de inmigrantes subsaharianos han sido arrestados y deportados ilegalmente a Níger o Mali a lo largo de 2018, mientras que en Marruecos las autoridades han detenido “en redadas violentas” a 5.000 inmigrantes y “abandonados” en regiones fronterizas con Argelia.
Más grave todavía es el caso de Libia, donde los inmigrantes, sean “económicos” o personas en busca de asilo, están en manos de milicias, grupos de contrabandistas o de las autoridades, recluidos por miles en penales donde sufren “abusos sistemáticos, torturas, violaciones y extorsión”.
Por último, también Israel es señalado en el comunicado: allí, 4.000 africanos fueron deportados ilegalmente a “terceros países” no especificados en procedimientos sin garantías, tras la aprobación de una ley que califica a los demandantes de asilo como “infiltrados”.
Los gobiernos de todos estos países -concluye Amnistía- “deben introducir reformas para asegurar que todos sus trabajadores están protegidos por leyes laborales y, en general, los migrantes no deben sufrir acoso, detenciones arbitrarias ni deportaciones ilegales”.