La noche del 14 de marzo, la concejala, activista y defensora de derechos humanos Marielle Franco y el conductor Anderson Gomes fueron tiroteados en un céntrico barrio de Río de Janeiro tras participar en un acto político-cultural y, pasados seis meses, las autoridades aún no tienen respuestas sobre los autores y la motivación del crimen.

El crimen causó una fuerte conmoción nacional debido a que Franco, de 38 años, negra, lesbiana, nacida en un violento complejo de favelas y militante del izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL), se había caracterizado por denunciar los abusos policiales en las favelas y por la defensa de los derechos humanos.

“El asesinato de Marielle y Anderson cumple seis meses. La falta de solución al caso es inadmisible. La impunidad no puede estar en el horizonte de las autoridades”, dijo la directora de AI en Brasil, Jurema Werneck, en un comunicado.

El homicidio de la concejala se produjo un mes después de que el Gobierno brasileño decretara la intervención federal en el área de seguridad del estado de Río, que dejó en manos de las Fuerzas Armadas el control del orden público.

La ONG, que desde el primer día ha pedido esclarecimientos sobre el crimen, reiteró que es responsabilidad del Estado brasileño, de las autoridades y de los entes de la justicia criminal “ garantizar ” que el asesinato de Franco sea debidamente investigado y que los responsables sean identificados y juzgados.

En el último mes y tras la insistencia de la ONG, las autoridades han anunciado la participación de un grupo especial en las investigaciones, no obstante la ONG nuevamente pidió “la constitución de un grupo totalmente independiente del Estado que realice el monitoreo de las investigaciones y verifique si el debido proceso legal está siendo seguido”.

A pesar de que los resultados de las investigaciones se mantienen en sigilo, informaciones difundidas por la prensa han indicado la implicación de milicias, como son conocidos los grupos de parapoliciales, y de un concejal del consistorio carioca. El crimen además “habría contado con la participación de agentes del Estado y de las fuerzas de seguridad”, hecho que fue reafirmado en agosto por el ministro de Seguridad Pública de Brasil, Raul Jungmann, quien aseguró que el asesinato de Franco pudo tener una motivación política al estar “implicados agentes públicos” y “políticos”.

Por la demora en el esclarecimiento del caso, Jungmann también ofreció el apoyo de las autoridades federales en las investigaciones, pero la oferta fue rechazada por el comando de intervención que desde febrero se encarga de la seguridad pública en Río.

“Estamos ante un escenario muy preocupante”, dijo Werneck. El asesinato “muy probablemente contó con la participación de agentes del Estado. El crimen posiblemente tiene detrás un grupo lo suficientemente poderoso para creer en la garantía de impunidad hasta el punto de cometer tal ejecución en una de las ciudades de mayor visibilidad del mundo durante el período de intervención federal en la seguridad pública y en el año electoral”, agregó.

La activista y socióloga de profesión fue la quinta legisladora más votada en las elecciones de 2016 para el Concejo de Río de Janeiro y, según AI, su muerte ha movilizado a más de 165.000 personas que han manifestado su apoyo no solo en Brasil sino también en otros países como Argentina, Bélgica, Canadá, Corea del Sur, Irlanda, Italia, Japón, Perú, Portugal, España y Suecia.