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25 de Agosto de 2018 10:12

 

Apostasía colectiva tras revés a la ley de aborto en Argentina

Por AFP

BUENOS AIRES. Unas 3.000 personas firmaron una apostasía colectiva, presentada este viernes ante la Conferencia Episcopal Argentina, y reclamaron la separación total de la Iglesia Católica y el Estado.

La iniciativa cobró impulso tras frenarse la legalización del aborto en el Parlamento. "Hemos dado un gran paso el día de hoy. Presentamos unas 3.000 apostasías. Es una apostasía colectiva, es muy importante hacerlo público y colectivo. Es momento de separar absolutamente la Iglesia del Estado", declaró a la AFP Fernando Lozada, de la Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL), tras entregar las cajas con las firmas en la sede del Episcopado en Buenos Aires.

No es la primera vez que CAEL lanza una campaña para promover que los bautizados abandonen la Iglesia Católica, pero esta vez sumó la indignación que generó en muchas argentinas que una mayoría de senadores votara contra la legalización del aborto, el pasado 9 de agosto.

El proyecto había sido aprobado en la Cámara Diputados el 14 de junio tras un histórico debate, pero en la Cámara Alta la Iglesia Católica hizo pesar su influencia. Valentina Pereña, una joven estudiante de arte, fue una de las que expresó su deseo de apostatar.

“Lo quería hacer desde que era muy chica y ahora es una buena oportunidad", dijo a la AFP mientras esperaba su turno para firmar su apostasía en una esquina céntrica de la capital argentina. "No quiero que mis impuestos avalen la pedofilia o actitudes sectarias" de la Iglesia, agregó Silvia Torkanowsky, una chofer de taxi que también se sumó.

CAEL existe hace mucho, pero este reciente impulso a la apostasía llama la atención en el país de origen del papa Francisco, en el que el 75% de la población de 41 millones se declara católica. "Nosotros recibimos en promedio 100 visitas diarias a nuestra página ’Apostasía Colectiva’. Ahora, con la cuestión del aborto, tuvimos 40.000 visitas en un día", se entusiasmó Andrés Miñones, integrante de CAEL. César Rosenstein, también de CAEL, lamentó la influencia de las iglesias en los debates sobre temas que interesan a toda la sociedad.

"En el debate público, los fundamentos deben ser los últimos avances científicos, sociales, jurídicos, y no que estén ligados a cuestiones de la fe, como sucedió con el aborto, cuando los obispos llamaban a los gobernadores para ejercer presión", advirtió. En la fila para firmar las apostasías, muchas exhibían sus pañuelos verdes que identifica la lucha por el aborto legal, y otros eligieron el pañuelo naranja con la inscripción: "Iglesia y Estado, asuntos separados".

 

Cuestión de fe

Para el CAEL, Argentina "es un Estado laico en la enunciación pero, después en lo fáctico, no es así. La libertad religiosa está garantizada pero la igualdad es un tema pendiente", explicó Lozada. Pancartas desplegadas en las marchas por el aborto recuerdan todas las leyes "de ampliación de derechos" a las que se opuso la Iglesia católica en la historia argentina.

Entre ellos, mencionan la abolición de la esclavitud en 1853, el matrimonio civil (1888), el voto femenino (1947), el divorcio (1987) y el matrimonio igualitario (2010), además del aborto. Recién en la Constitución de 1994, se eliminó el requisito que establecía que el presidente argentino debía profesar la religión católica.

En marzo pasado, el gobierno de Mauricio Macri hizo públicos los montos que aporta el Estado para mantener al clero. Justo cuando se lleva a cabo un ajuste fiscal, los argentinos vieron sorprendidos cómo el jefe de gabinete Marcos Peña detallaba, por ejemplo, que un obispo cobraba 46.000 pesos, en aquel momento 2.200 dólares.

"Esos millones para sueldos son la ínfima parte. Calculamos que son en realidad entre 20.000 y 40.000 millones de pesos por año", los que se destinan a la Iglesia Católica a través de donaciones y diferentes aportes de provincias y municipios a la institución religiosa, aseguró Fernando Lozada. En días recientes trascendió que hay conversaciones entre las autoridades eclesiásticas y el gobierno para paulatinamente reducir los aportes económicos del Estado.

 
 

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