Es por la firma de un polémico decreto relacionado con la inclusión de familiares de funcionarios públicos en el plan de blanqueo de capitales del Ejecutivo.

En concreto, la agencia estatal de noticias Télam señaló que el fiscal Guillermo Marijuán imputó al jefe de Estado y a Prat-Gay tras una denuncia presentada por la diputada de izquierdas Victoria Donda en la que acusaba los jerarcas de abuso de autoridad y de excederse en los deberes de funcionarios públicos.

El régimen de blanqueo, propuesto en mayo pasado por el Gobierno y aprobado por el Parlamento con el fin de recuperar al menos 20.000 millones de dólares no declarados, excluía a los familiares directos de funcionarios del Estado, aunque un decreto firmado en noviembre agregó que esas personas sí podrían adherirse si los bienes que acreditasen hubieran sido incorporados en su patrimonio antes de la fecha en que los funcionarios hubieran asumido los cargos.