La audiencia para tratar esta acción de cumplimiento de la Constitución boliviana debía realizarse este miércoles en la ciudad oriental de Santa Cruz, pero se aplazó al 19 de febrero porque “no se realizaron las citaciones a las autoridades accionadas”, dijo a los medios la abogada de los demandantes, Dora Montenegro.

Las autoridades demandadas son el presidente Morales, el vicepresidente del país, Álvaro García Linera, y los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que habilitaron la nueva candidatura de ambas autoridades, indicó la jurista.

Montenegro explicó que con esta demanda los activistas buscan “hacer cumplir la Constitución y las leyes, que en este caso han sido incumplidas flagrantemente”. El órgano electoral habilitó a Evo Morales para aspirar en los comicios de octubre a un cuarto mandato hasta 2025 en base a un fallo del Tribunal Constitucional de Bolivia, que estableció el derecho a la reelección indefinida.

La oposición boliviana ha reclamado que deben prevalecer el límite constitucional de dos mandatos consecutivos y los resultados de un referéndum celebrado en 2016, que negó a Morales la posibilidad de volver a postular. Una de las demandantes, María del Carmen Morales, declaró a los medios que la sentencia del Constitucional es “ilegal” y es “nula de hecho” , porque “jamás una resolución de cualquier instancia puede estar por encima de la voluntad popular”.

“No es posible que nosotros los bolivianos permitamos a estas autoridades hoy en ejercicio hacer uso de su autoritarismo y tirar por el suelo la ley, la Constitución”, manifestó.

La activista sostuvo que los bolivianos se manifestaron mayoritariamente en contra de la reelección en un referéndum convocado por el mismo oficialismo y recordó que Morales dijo “que si perdía, se iría a su casa”. También expresó su deseo de que el juez que admitió el proceso “siga el curso como corresponde”. Otro activista, Eduardo Gutiérrez, señaló que esperan que el juez “dé la tutela” a los demandantes en este caso “y obligue a estos malos funcionarios a cumplir con la ley y con la Constitución”.

El Constitucional ya autorizó para un tercer mandato a Morales, en el poder desde 2006, al entender que el primero no contaba porque el país se refundó en 2009 de República a Estado Plurinacional.