“Para garantizar el legítimo derecho a la defensa, como presidente voy a usar esta arma (bolígrafo)”, aseguró el mandatario al firmar la medida, que entra en vigor inmediatamente sin necesidad de pasar por el Congreso, durante una ceremonia en el palacio de Planalto, en Brasilia.
Acompañado por varias autoridades, entre ellos el ministro de Justicia y exjuez anticorrupción, Sergio Moro, implicado en la redacción del texto, Bolsonaro dijo que el decreto “restaura lo que el pueblo quiso en 2005”.
Ese año, casi el 64% de los brasileños rechazó por referéndum una ley que pretendía establecer una prohibición total de la venta de armas en Brasil.
El decreto, que flexibiliza el “Estatuto del Desarme” de 2003, deja intactos algunos criterios para obtener el permiso de poseer armas: ser mayor de 25 años, no tener antecedentes criminales, tener una ocupación lícita y ser capaz de demostrar la capacidad técnica y psicológica para su uso.
Pero incluye entre los motivos de “efectiva necesidad” para tener un arma en casa a los “residentes de áreas rurales” y los “residentes en áreas urbanas con elevados índices de violencia”, con una tasa de homicidios mayor a 10 por cada 100.000 habitantes, lo que en la práctica afecta a todo el país.
El gigante sudamericano es uno de los países más violentos del mundo, con un récord de 63.880 homicidios en 2017, un promedio de 175 por día y una tasa de 30,8 por cada 100.000 habitantes.
El decreto permite que ciudadanos que cumplan los requisitos puedan comprar hasta cuatro armas e incluso más si “otros hechos o circunstancias” lo justifican.
Además, facilita la posesión de armas a los “titulares o responsables legales” de establecimientos comerciales o industriales. Y amplía de cinco a diez años la vigencia de cada registro.
Bolsonaro, un exmilitar de 63 años elegido con promesas de mano de dura contra el crimen, recordó que el decreto “trata específicamente” de la posesión de armas de fuego, y no del porte fuera del domicilio, algo de lo que el mandatario se ha manifestado abiertamente a favor.
“Otras cosas dependerían de un cambio en la ley (a través del Congreso)”, recordó el ultraderechista, que tiene un amplio apoyo de los diputados del lobby de la seguridad, conocido como “bancada de la bala”.
El porte de armas seguiría entonces reservado principalmente a militares, policías y personal del ramo de seguridad.
En su programa electoral, Bolsonaro definió las armas “como objetos inertes que pueden ser usados para matar o salvar vidas” y recuerda que, en países como Estados Unidos, Alemania, Noruega o Suiza “hay armas de fuego en casi todas las casas”, pero con índices de violencia menores que en Brasil.
Su gesto de simular una pistola con el dedo pulgar e índice se ha vuelto icónico, y es imitado por sus simpatizantes, entre ellos los niños.
Controvertido desde que nació como idea, el decreto desató la indignación entre organizaciones y movimientos sociales, que temen un aumento de la inseguridad e incluso de los accidentes domésticos.
Silvia Ramos, especialista del Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía (CESIC), declaró a la AFP que “técnicamente hablando, todo el mundo sabe que más armas significa más muertos, más violencia”.
“Es muy preocupante, porque Bolsonaro le está entregando al ciudadano la responsabilidad de seguridad pública”, declaró.
Según ella, obtener un registro cuesta entre US$ 1.080 y US$ 2.160, con lo que la medida no beneficiará a los más pobres, sino sobre todo a la clase media, la base de sus votantes, hastiados de la rampante violencia.
Para Silvana Tavares, una vendedora de 57 años que desde hace dos décadas practica tiro deportivo, el decreto “es muy bueno” y va a “cambiar muchas cosas”.
“La violencia va a disminuir, no creo que el país sea más violento por tener más armas. Las armas no fueron hechas para matar, lo que mata es la intención”, declaró en una calle de São Paulo.
Según un sondeo reciente de Datafolha, un 61% de los brasileños considera que la posesión de armas de fuego debe ser prohibida, pues representa una amenaza a la vida de otras personas.