La resolución, en vigor a partir su publicación hoy, fue aprobada por el Consejo Nacional de la Inmigración y ampara a ciudadanos de toda Suramérica, menos Chile y Ecuador, los únicos que en la región no tienen fronteras con Brasil.

Las autoridades comenzaron a analizar la posibilidad de aprobar una medida de esa naturaleza a fines del año pasado, en virtud de una fuerte llegada de venezolanos al estado de Roraima, en el norte de Brasil, que huían de la crisis económica desatada en su país.

Sin embargo, tras una serie de consultas hechas con organismos del Estado, como el Ministerio Público o el Ministerio de Trabajo, el Consejo Nacional de Inmigración informó que decidió que sea extensiva a todos los ciudadanos de países fronterizos.

“La decisión responde a la demanda de diversas organizaciones” y nació “frente a la grave situación de los venezolanos que llegaron a Roraima”, dijo el procurador federal de los Derechos del Ciudadano, João Akira Omoto, citado en un comunicado oficial.

Según el funcionario, “la regularización migratoria tiene unas ventajas evidentes, como la posibilidad de obtener documentos y permitir el ingreso al mercado formal de trabajo” en Brasil.