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21 de Diciembre de 2018 10:08

 

Burocrátas de México temen hundirse en austeridad de AMLO

Por AFP

MÉXICO. El modo de vida de millares de servidores públicos en México se tambalea desde el arribo a la presidencia del izquierdista Andrés Manuel López Obrador, cuya promesa de eliminar privilegios de burócratas podría hundir en la precariedad a algunos.

Su abrumador triunfo electoral, impulsado por un discurso contra la corrupción y la opulencia de ciertos funcionarios, se ha traducido en propuestas de austeridad. En particular en una ley que establece que nadie deberá ganar más de los 5.327 dólares mensuales que percibirá como presidente. Ahora, unos 6.500 funcionarios han decidido defenderse en tribunales.

“Es inconstitucional y violatorio de los derechos humanos el que le bajes el salario a los servidores públicos y que les recortes en suma sus remuneraciones”, dice a la AFP Rodolfo Martínez, abogado del despacho Trusan & Roma, que patrocina a los demandantes.

Su estrategia legal será ampararse contra el presupuesto 2019, la ley que ejecuta los recortes del gobierno y que el Congreso debe aprobar antes de fin de año. La realidad de muchos burócratas es distinta a la opulencia de los funcionarios que según López Obrador ganan 600.000 pesos mensuales (unos 29.500 dólares).

Con 43 años y década y media como servidor público, un trabajador que pidió identificarse como “X”, por lo sensible de su situación, lleva la vida de clase media que su salario de 2.120 dólares mensuales le permite en Ciudad de México.

Dicha suma no paga lujos. Debe solventar vivienda, transporte y comida en la saturada metrópoli, además de la educación y cuidados de sus hijos. La carga se alivia gracias a los seguros de vida y gastos médicos que le provee la Secretaría de la Función Pública (SFP) donde trabaja, además del seguro de despido que paga a medias con su empleador y que espera le sirva para su retiro. En un país con 53 millones de pobres y enorme desigualdad, puede parecer privilegiado, pero está lejos de serlo.

“Creen que ahora todos somos ’fifís’, que somos ricos o que ganamos 600.000 pesos”, dice, usando el término con que López Obrador tacha a sus opositores de supuestos privilegios. “Ese es un mito, un discurso político”, agrega, disgustado. Los 600.000 pesos que cita López Obrador son una cifra redondeada del sueldo bruto (sin contar impuestos) del presidente de la Suprema Corte. El juez en realidad percibe 17.511 dólares mensuales netos, cifra igualmente pasmosa comparada con los 133 dólares del salario mínimo actual en México.

Lujos que ofenden

Dos leyes, la de remuneraciones de servidores públicos y la propuesta de “austeridad republicana” eliminan las prestaciones que permiten a muchos trabajadores vivir con decoro. Esas normas proponen también que ningún funcionario de los tres poderes del Estado gane más que López Obrador.

La medida es popular e incluso los afectados la consideran justa. Por ejemplo, X desaprueba el suntuoso estilo de vida de algunos colegas. En 2016, medios de información revelaron que una funcionaria de la SFP decidió mimarse tras una jornada laboral cenando al estilo del jet-set: caviar, champaña y salmón ahumado en el londinense Harrods, la tienda a la que acude la realeza británica.

Todo cubierto con 450 dólares diarios de viáticos pagados por el gobierno. “Estamos de acuerdo, eso ofende, pero ¿por qué generalizan acusando como si todos ganáramos millonadas?”, cuestiona este hombre. Las medidas han generado un acalorado debate, que inunda los medios locales, y han enfrentado al Ejecutivo con el poder Judicial, cuyos representantes advierten un intento de mermar su autonomía.

Senadores opositores demandaron la inconstitucionalidad de la Ley de Remuneraciones ante la Suprema Corte alegando que amenaza el derecho a un salario digno y la calidad del servicio público. J, un experimentado funcionario del sector energético y veterano de varias transiciones gubernamentales, alerta sobre “agresividad y falta de respeto absoluto” a sus derechos en este cambio de mando.

“Es un desmantelamiento del gobierno federal muy peligroso que puede generar un impacto irreversible”, dice el funcionario de 65 años, temiendo una eventual desbandada de tecnócratas de carrera como él.

“Tabla rasa”

Noticias sobre la exigencia de renuncia de numerosos trabajadores, sin indemnización, se multiplican en la prensa, mientras que la búsqueda de nuevo empleo es la angustiosa tarea de muchos. Que esto ocurra a pocos días de Navidad empeora el trance.

El Senado mexicano, cuyos nuevos miembros asumieron en septiembre, ha sido un laboratorio de la austeridad en tiempos de López Obrador. “Cortaron tabla rasa (las prestaciones), sin mecanismos de negociación ni diálogo. Los equipos que han entrado con los senadores están en absoluta indefensión”, dice Emilio Álvarez Icaza, del partido independiente Ahora. El legislador opositor, uno de los firmantes de la acción de inconstitucionalidad, advierte que los afectados no son “burocracia dorada” sino “gente que vive de su trabajo”.

 
 

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