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02 de Marzo de 2019 09:07

 

Caso de niña de 11 años forzada a dar a luz conmociona a la Argentina

Por Daniel Politi/The New York Times

BUENOS AIRES. La niña de 11 años había expresado su deseo: quería interrumpir su embarazo porque era fruto del abuso sexual cometido por el novio de su abuela.

Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo”, le dijo a los médicos, según sus abogados. Y la ley estaba de su lado: la violación es una de las pocas circunstancias en las que las argentinas pueden acceder a un aborto legal.

Pero las autoridades en su provincia del norte de Argentina vacilaron durante semanas, lo que provocó que la niña fuera forzada a someterse a una cesárea el miércoles 27 de febrero para dar a luz a un bebé que los expertos no creen que pueda sobrevivir. El caso ha reavivado el debate sobre los derechos reproductivos y de la mujer en Argentina, que a mediados del año pasado estuvo cerca de legalizar la interrupción de un embarazo en todas las circunstancias hasta las catorce semanas de gestación.

Ese caso se presentó semanas después de que, en otra provincia del norte del país, una niña de 12 años tuvo que ser sometida a una cesárea para dar a luz a un infante que solo vivió cuatro días. En conjunto, lo sucedido muestra los desafíos que enfrentan las niñas y mujeres argentinas cuando requieren un aborto seguro y legal.

La conmoción por este caso reciente se ha esparcido por Argentina, con mensajes en redes sociales en las que las mujeres comparten fotografías de ellas a los 11 con la etiqueta #NiñasNoMadres.

Una de las personas que compartió el mensaje fue Thelma Fardin, una reconocida actriz que en 2018 generó una conversación nacional sobre el acoso y abuso sexual, tras acusar a un anterior coprotagonista de violarla cuando ella tenía 16 y él, 45.

La niña de 11 años, a quien sus abogados se refieren con el seudónimo de Lucía, acudió a una clínica rural en la provincia de Tucumán el 29 de enero después de sufrir severos dolores de estómago durante varios días.

Los médicos descubrieron que llevaba diecinueve semanas de embarazo y la refirieron a un hospital público en Banda del Río Salí, a las afueras de la capital provincial, dos días después. Las autoridades dicen que la menor resultó embarazada por violación del novio de su abuela, quien fue arrestado.

En el hospital, Lucía y su madre dejaron claro que querían interrumpir el embarazo. En los días siguientes la niña y sus familiares quedaron atrapados en la disputa sobre el aborto en el país, mientras los funcionarios locales y activistas intentaron que no se concretara el aborto.

El aborto no es legal en Argentina pero desde hace casi un siglo se ha permitido en casos de violación y cuando peligra la vida de la mujer embarazada.

Sin embargo, en vez de coordinar que se cumplieran los deseos de Lucía, los funcionario del hospital le dieron drogas que aceleran el desarrollo fetal, según los abogados de la niña.

“Eran maniobras dilatorias para pasar el tiempo y que la niña diera a luz”, afirmó Celia Debono, la coordinadora argentina del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM). “Le decían que le ponían vitaminas, pero le ponían medicaciones para madurarle el feto”.

Al mismo tiempo, el hospital permitió que activistas antiaborto visitaran la habitación de Lucía, donde la exhortaron a dar a luz y le aseguraron que de otro modo nunca iba a ser madre, según Fernanda Marchese, directora ejecutiva de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), organización que representa a Lucía y a su familia.

Mientras la menor seguía hospitalizada, las autoridades provinciales prácticamente no divulgaron información sobre el caso. Los familiares cada vez más preocupados enviaron un correo al grupo Ni Una Menos, dedicado a combatir la violencia contra las mujeres y que se volvió una voz destacada en la lucha por la despenalización del aborto.

Cuando los abogados del grupo llegaron a visitar a la menor el lunes 25 de febrero, Marchese dijo que se encontraron “una situación desesperante y angustiante”. Agregó que “la familia no recibió la información correcta para ejercer sus derechos”.

Los grupos por los derechos reproductivos presentaron demandas de emergencia para que el tribunal le ordenara al hospital realizar la interrupción del embarazo. Los médicos de ahí se rehusaron, al calificarse como objetores de conciencia.

Un par de doctores del sector privado acordó interrumpir el embarazo a solicitud del hospital. Como la gestación ya estaba tan avanzada y la menor sigue siendo de cuerpo pequeño, los médicos no vieron otra opción que realizar la cesárea, según Cecilia Ousset, quien practicó el procedimiento junto con su marido, José Gigena.

“Cuando nos encontramos con esta niña, yo casi me descompongo; se me aflojaron las piernas”, dijo Ousset. “Ni siquiera tenía el desarrollo… estaba jugando con jueguitos”.

En la sala, la doctora Ousset intentó poner música para que Lucía pudiera estar algo menos incómoda, aunque la presión arterial de la niña se disparó a niveles peligrosos. “Su vida estaba en riesgo”, indicó la médica durante una entrevista telefónica.

“Hay muchas Lucías y hay muchos profesionales que les dan la espalda”.

El material genético del cordón umbilical será analizado y servirá como evidencia para procesar al hombre que violó a Lucía. Según Debono, la coordinadora de CLADEM, la menor está saludable y pronto será dada de alta del hospital.

Activistas por los derechos del aborto han dicho que la presión de los sectores que se oponen es tan fuerte que muchos médicos no quieren realizar el procedimiento en las circunstancias previstas por la ley, pues temen represalias legales o profesionales.

Cuando terminó la intervención quirúrgica a Lucía, un grupo de activistas antiaborto protestó afuera del hospital; llevaban semanas manifestándose.

Muchos de esos activistas se involucraron en el caso después de que el arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez, envió un mensaje de audio en el que reveló la identidad real de Lucía y pedía a los fieles “cuidar [y] custodiar” al feto.

Líderes evangélicos y católicos han trabajado para frenar la posible legalización del aborto.

Las autoridades provinciales en Tucumán negaron haber actuado de manera incorrecta. Aunque el gobierno provincial de Juan Manzur y oficiales jurídicos se han intercambiado la culpa respecto al manejo del caso desde que se hizo público y se volvió muy comentado en medios y redes.

En un comunicado del ministerio de Salud local dijeron que la cesárea pretendía “salvar las dos vidas”, frase similar al eslogan de quienes se oponen al aborto legal.

Este caso se ha vuelto notorio, pero muchos dicen que es apenas uno de muchos ejemplos de lo que sucede en varias regiones de Argentina.

“En el norte hay muchas Lucías y hay muchos profesionales que les dan la espalda”, aseguró Ousset, la médica. “Esto a una chica con plata no le pasa”.

 
 

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