Rodríguez afirmó que este caso será un rompecabezas, cuyas piezas deberán ser colocadas por la Fiscalía, porque “el Poder Judicial no actúa de oficio, ya que la figura del juez instructor o investigador ya murió”.

Explicó que, no obstante, el caso ya llegó al Poder Judicial y se convirtió en un proceso penal porque el fiscal anticorrupción, Hamilton Castro, pidió hoy prisión preventiva para el primer detenido por presuntamente recibir sobornos, y eso se debe a que “ya encontró elementos de la comisión de un delito”.

El juez designado al azar para atender la investigación de la Fiscalía es Richard Concepción Carhuancho, titular del primer Juzgado de Investigación Preparatoria.

El fiscal Castro pidió hoy dieciocho meses de prisión preventiva para Edwin Luyo, detenido el viernes en Lima por supuestamente haber cobrado sobornos cuando era miembro del comité de licitación de la Línea 1 del Metro de Lima, adjudicada en 2009 a Odebrecht por 410 millones de dólares.

Durante la audiencia judicial, Luyo dijo que “la cuerda se rompe siempre por el lado más débil” y prometió no fugarse del país y decir la verdad siempre que se le requiera.

El fiscal Castro también solicitó una orden de captura internacional al exviceministro de Comunicaciones Jorge Luis Cuba, cuya vivienda fue allanada el viernes por la noche junto a otros seis inmuebles durante un operativo denominado “Palingenesia”.

Cuba pidió 8,1 millones de dólares a Odebrecht a cambio de ayudar a la constructora en la adjudicación de los contratos de la Línea 1 del Metro de Lima, de los que 1,4 millones de dólares correspondían al Tramo 1 y 6,7 millones de dólares para el Tramo 2.

Odebrecht pagó en 2013 presuntos sobornos en un banco de Andorra a empresas “offshore”, mediante transferencias parciales, conforme a los diferentes avances de la obra y culminados con la liquidación de la misma, según constató la Fiscalía en virtud del acuerdo alcanzado con la empresa para que le entregue información.

El pacto realizado el pasado 5 de enero contempla que la constructora entregue toda la documentación que se le requiera con el objetivo de facilitar la investigación de cara a un acuerdo final con la Justicia peruana.

Odebrecht admitió haber pagado 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014, lo que abarca los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), según se desprende del acuerdo firmado por la compañía con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.