El gobierno chileno que había calificado de ilegales a Uber y Cabify, decidió enviar un proyecto de ley al Congreso en el cual se plasmarán las medidas que deberán regular a estas empresas, cuya popularidad ha ido en aumento entre los usuarios desde que se instalaron en el país hace dos años.

“No hay que reprimir las nuevas tendencias de movilización”, indicó Andrés Gómez-Lobo, ministro de Transporte y Telecomunicaciones, en declaraciones difundidas este sábado por medios locales.

El nuevo marco legal exigirá a estas empresas que cuenten con conductores que tengan licencias profesionales y no solamente con el permiso particular que utilizan actualmente la mayoría de sus choferes, y que además, conduzcan automóviles de alto estándar, cuya categoría será determinada por una comisión.

Asimismo, los conductores deberán inscribirse en un registro para determinar que no tengan antecedentes penales o condenas por la denominada ley Emilia, norma que endurece las sanciones para choferes en estado de ebriedad.

La norma solo permitirá el cobro a los pasajeros mediante tarjetas de crédito y no en efectivo, y las empresas deberán pagar un monto al Estado por kilómetro recorrido que se incrementará en horas punta.

“El pago que deberán hacer las empresas por kilómetro no es un impuesto” , aseveró Gómez-Lobo.

En respuesta, Uber emitió un comunicado en el cual manifestó que colaborará “en lo que sea necesario para la elaboración de una regulación” , mientras que Cabify destacó que la prohibición del cobro en efectivo “da seguridad” a sus conductores.

Por su parte, el sindicato de taxistas de Chile, que ha manifestado su total oposición a la existencia de Uber y Cabify, expresó su respaldo a las exigencias de la norma.

La norma también incluye sanciones en contra de los conductores que realicen malas prácticas como la suspensión de la licencia por 180 días, y para las empresas multas de hasta 700.000 dólares o la suspensión del servicio por dos años por reincidencia.