Eso denunció hoy Naciones Unidas (ONU).
El relator especial sobre Derechos Humanos y Pobreza Extrema de la ONU, Philip Alston, criticó duramente las recientes políticas del Gobierno chino en una rueda de prensa en Pekín y consideró crucial que las autoridades del país establezcan un mecanismo eficaz para investigar las denuncias de sus ciudadanos y buscar responsables.
Al final de su viaje por China, durante el que tuvo que someterse a un estricto control del Gobierno que dificultó la agenda que tenía prevista, Alston dibujó hoy un panorama difícil para los ciudadanos chinos que buscan justicia por cualquier tipo de problema, desde una expropiación hasta daños por la contaminación.
El sistema principal, el del envío de cartas a un organismo creado para ello, resulta ser “un mecanismo burocrático, que no da los resultados que uno esperaría ver”, y en el que aquellos que lo utilizan “rara vez consiguen un resultado favorable”, indicó. Por otro lado, señaló Alston, está el sistema judicial, pero “la realidad es que a los abogados ni se les espera ni en realidad se les permite que desafíen las políticas del Gobierno”, apuntó.
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El experto recordó la reciente campaña contra abogados de derechos humanos por la que se ha detenido y condenado a prisión a importantes profesionales de este colectivo bajo cargos como el de “subversión”, comúnmente utilizado contra disidentes y activistas. Las pequeñas manifestaciones son “castigadas” por el Gobierno, pero “si son suficientemente grandes, el Gobierno trata de llegar a un acuerdo”, precisó Alston. “La principal vía para resolver una disputa no debería ser acudir a una protesta multitudinaria”, anotó.
En su opinión, otra opción radicaría en conformar una “sociedad civil dinámica”, pero consideró que las últimas acciones del Gobierno chino para debilitarla lo imposibilita. Alston puso como ejemplo la ley aprobada hace unos meses para gestionar las ONG foráneas en el país, que las afectadas consideran que pone en peligro su supervivencia. “Si combinas la campaña contra abogados, la nueva ley sobre ONG extranjeras -diseñada para reducir radicalmente su capacidad de cooperar con ONG chinas y que éstas trabajen con extranjeros- la ley de caridad y otras, lo que vemos es una reducción dramática del espacio de la sociedad civil”, denunció.
Por ello, para la ONU, “la clave para el Gobierno es identificar las vías por las que los ciudadanos pueden buscar una compensación de forma efectiva en todos los contextos en los que creen que sus derechos no han sido respetados”. Al mismo tiempo que remarcó los logros de China en la reducción de la extrema pobreza, Alston opinó que “uno no sólo se puede centrar en los grandes resultados, sino también en que los derechos humanos están siendo garantizados en el proceso”.