La decisión judicial supone una victoria a medias para el grupo, Judicial Watch, que había solicitado interrogar a Clinton bajo juramento.

El uso por parte de Clinton de un servidor personal para enviar y almacenar correos electrónicos mientras dirigía el Departamento de Estado entre 2009 y 2013 es uno de los principales caballos de batalla de sus opositores.

Mientras la mayoría de republicanos pide que se la juzgue, algunos, como el propio candidato presidencial, Donald Trump, han ido más allá al opinar que Clinton debería estar ya en la cárcel.

Sin embargo, a principios de julio el Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) recomendó no imputar cargos a la ex secretaria de Estado por el uso de los servidores personales, aunque concluyó que su comportamiento fue “muy negligente”.

Según el FBI, que investigó unos 30.000 correos de Clinton, más de un centenar de estos contenían información clasificada y apuntó la posibilidad de que actores externos y hostiles a Estados Unidos hayan tenido acceso a esas comunicaciones.

Aunque esa decisión supuso un respiro para Clinton, la orden judicial de hoy abre la puerta a que la polémica le salpique en la recta decisiva de los comicios, previstos para el 8 de noviembre.

Según el magistrado que dictó la orden, Emmet Sullivan, la medida es una “oportunidad” para que Clinton explique “la finalidad de crear y operar” los servidores personales en labores relacionadas con el Departamento de Estado.

Judicial Watch tiene ahora hasta el 14 de octubre para presentar las preguntas por escrito a Clinton, que a su vez dispondrá de 30 días para responderlas.

Un portavoz del equipo de Clinton, Brian Fallon, calificó los esfuerzos de Judicial Watch como “tan solo otro intento de perjudicar la campaña” de la ex primera dama.