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Congreso de Perú destituye a juez de Supremo por crimen organizado

Este artículo tiene 8 años de antigüedad
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El Congreso peruano destituyó hoy y denunció por crimen organizado al juez de la Corte Suprema César Hinostroza, implicado en una trama de tráfico de influencias en las altas esferas judiciales. Fue acusado de liderar una organización criminal.

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LIMA.  El pleno del Parlamento inhabilitó por diez años al magistrado Hinostroza, cuya denuncia contempla los delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias, negociación incompatible y organización criminal, por supuestamente ser el cabecilla de la trama.

El delito de crimen organizado no había sido incluido inicialmente en la comisión que vio de manera previa la denuncia constitucional contra Hinostroza, pero la presión en la opinión pública llevó a cambiar la decisión en el pleno, dominado con mayoría por el fujimorismo.

El exjuez deberá ahora sustentar su defensa ante un fiscal Supremo, por ser alto funcionario público, quien finalmente lo acusará ante el Poder Judicial.

Hinostroza presidía la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Perú cuando salió a la luz una serie de conversaciones telefónicas en las que se le escuchaba convenir contrataciones con magistrados de menor jerarquía y mover influencias para que sus allegados ocupasen cargos en la Fiscalía y el Consejo de la Magistratura.

Entre las grabaciones difundidas, la más polémica es una donde Hinostroza ofrece absolver a un violador de una menor de 11 años, lo que causó gran indignación en el país.

En otra se infiere un encuentro con una “Señora K” de la “Fuerza Número Uno”, que posiblemente se refiere a Keiko Fujimori, líder del partido fujimorista Fuerza Popular, cuando la sala que presidía debía fallar sobre un recurso presentado por la hija del expresidente Alberto Fujimori a una investigación por lavado de activos.

El escándalo se conoció gracias a las escuchas ordenadas por un juez para investigar a una red de narcotráfico, cuyas llamadas terminaron llevando a la Fiscalía y a la Policía a este grupo de altos jueces al que llamaron “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

La indignación que causó este caso llevó al presidente de Perú, Martín Vizcarra, a impulsar una serie de reformas políticas y judiciales que hoy fueron aprobadas por el Congreso para ser sometidas en diciembre a un referéndum, entre ellas la recomposición del Consejo Nacional de la Magistratura.

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