Durante un balance del trabajo anual en el ministerio de Justicia, Fernando Castañeda indicó que los proyectos están en las comisiones de Justicia y Constitución, pero que sólo el referido a la probidad en el ejercicio de la abogacía tiene un dictámen para ser puesto a votación.

“El proyecto del Ejecutivo apunta a solucionar la crisis de corrupción en el sistema de justicia, en el cual los abogados forman parte y tienen especial protagonismo, (pero) el de la comisión (de Justicia) lo plantea como si fuera corrupción de todos los operadores del sistema, no focaliza en los abogados”, indicó el viceministro.

Castañeda exhortó al Congreso a respetar el propósito original del proyecto enviado por el Ejecutivo. El conjunto de reformas judiciales planteado por Vizcarra buscan acabar con una mafia descubierta al interior de la judicatura, que implicaba a jueces, fiscales, abogados y trabajadores del Poder Judicial, dedicada a la negociación de sentencias y nombramientos a cambio de dinero o favores políticos.

El gobierno propuso además la creación de la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial y en el Ministerio Público (Fiscalía), cambios en la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, crear un esquema fiscal especializado en delitos de corrupción de funcionarios, entre otros temas.

En el caso de la autoridad de integridad y control, Castañeda opinó que “lo que plantea la comisión es una superintendencia nacional de todo el sistema, una megaestructura, un órgano autónomo dentro de otro órgano autónomo, algo que jurídicamente no sería viable”.

De otro lado, en el balance anual del sector, el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Daniel Sánchez, informó que se ha fortalecido la Dirección de Defensa Pública, lo que ha permitido que se haya brindado más de 10.000 patrocinios a favor de mujeres víctimas de todo tipo de violencia.

Asimismo, se ha logrado un avance de 96 % en el pago de reparaciones económicas a víctimas del conflicto interno (1980-2000) con un total de 85.278 atendidos a los cuales se entregó 325 millones de soles (97 millones de dólares). También se entregaron reparaciones colectivas a 2.708 comunidades y 24 organizaciones de desplazados por un total de 271 millones de soles (81 millones de dólares).

Durante el 2018 se intensificaron las visitas de trabajo a los penales del país, habiéndose supervisado 11 establecimientos, y el Registro Nacional de Abogados Sancionados por Mala Práctica Profesional ha reportado 95 sanciones contra estos profesionales.