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Pyongyang ha sido acusada por mucho tiempo de utilizar las ejecuciones públicas para aterrorizar a la población, y el líder Kim Jong Un ha ejecutado a consejeros cercanos en el pasado, incluyendo a su poderoso tío Jang Song Thaek en 2013.
Un nuevo informe del Grupo de Trabajo Justicia Transicional registró cientos de esas ejecuciones en un periodo de varias décadas, las más recientes en 2015, por cargos tan triviales como robar una moneda o una vaca.
“Las reglas de ejecución pública exigen que tres tiradores disparen tres rondas cada uno en el cuerpo de la persona condenada, es decir un total de nueve balas”, dijo el grupo con sede en Seúl, que busca difundir lo que asegura son graves abusos de los derechos humanos en Corea del Norte.
Se trata de una táctica ampliamente utilizada, especialmente contra las élites, agregó, “diseñada para maximizar la intimidación pública, sabiendo que la información sobre los métodos de ejecución se expandirá por todo el país”.
Pero el estudio -basado en testimonios de 610 desertores norcoreanos- también sugiere que Pyongyang está cada vez más preocupado por la mirada internacional, lo que lo ha forzado a reducir esa práctica.
“Desde 2005, se afirma que los ahorcamientos públicos han cesado o al menos han disminuido claramente en su frecuencia. Algunos atribuyen este cambio a la presión internacional para poner fin a esta práctica”, dijo el informe.
Uno de los autores del estudio, Ethan Shin, señaló que los datos muestran una caída de las condenas a muerte en el régimen.
“A pesar de que verificar esto es imposible, parece que el número de ejecuciones públicas se encuentra en una tendencia declinante”, aseguró Shin a la AFP.
“Las ejecuciones secretas podrían estar aumentando pero Corea del Norte parece más cuidadosa a la hora de decidir condenas a muerte ya que busca reconocimiento como un Estado normal”, agregó.
Un informe de referencia publicado en 2014 por una Comisión de Investigación de la ONU registró abusos rampantes de los derechos humanos en Corea del Norte, desde violaciones, torturas y asesinatos extrajudiciales hasta la existencia de prisiones políticas.
Se estima que el régimen ha encerrado en campos de prisioneros a unos 120.000 norcoreanos, algunos de ellos detenidos por ser familiares de un individuo considerado una amenaza para el Estado, en lugar de haber sido condenados por crímenes reconocidos a nivel internacional.
Corea del Norte afirma que respeta los derechos humanos y rechaza las acusaciones de violaciones como inventos de los desertores norcoreanos, a los que califica de “parásitos humanos”.
En un comunicado difundido el año pasado por la agencia oficial Korean Central, Pyongyang dijo que su “socialismo garantiza los derechos humanos genuinos de manera institucional y legal así como en la práctica”.
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El nuevo informe se publica luego de que medios dieron a conocer que un alto responsable norcoreano fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento en marzo pasado tras el fracaso de la segunda cumbre entre Kim y el presidente estadounidense Donald Trump en Hanói.
El diario surcoreano Chosun Ilbo informó el mes pasado que Kim Hyok Chol fue condenado a muerte por “traicionar al líder supremo” luego de “haberse puesto del lado de Estados Unidos” durante las negociaciones previas a la cumbre.