Esta decisión implica varias ventajas para el trabajo de la misión por la proximidad geográfica, el idioma común y el acceso amplio y de primera mano que tendrá a las víctimas y testigos de todo tipo de abusos perpetrados por el régimen comunista.

“Nos complace que Corea del Sur haya aceptado acoger esta estructura, que dará a la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos una mayor capacidad de trabajo” en relación a Corea del Norte, dijo la portavoz de esta entidad, Ravina Shamdasani.

Destacó que en Corea del Sur, el personal que enviará la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos podrá trabajar de forma independiente y con estricto apego a los principios de Naciones Unidas.

Shamdasani dijo que el Alto Comisionado tiene varias formas de trabajar en función de la realidad de los distintos países, sea a través de oficinas en el interior o de asesores que en ocasiones trabajan dentro de las oficinas nacionales de la ONU.

Cuando el acceso al país es imposible -como ocurre en el caso de Corea del Norte- se trabaja desde países vecinos. El de Siria, cuya situación de derechos humanos se sigue desde el Líbano debido a la guerra civil, es el caso más prominente actualmente.

El equipo para Corea del Norte empezará a trabajar en los próximos meses, una vez que se hayan acordado los detalles operacionales y contará con cinco a seis empleados extranjeros, además de un cierto número de colaboradores locales.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó el pasado marzo una resolución en la que encargaba al Alto Comisionado la creación de una estructura de ese tipo para apoyar los esfuerzos que se realizan a distintos niveles en favor de los derechos humanos en Corea del Norte.

Esta decisión siguió a la presentación del mayor informe elaborado hasta la fecha sobre la situación de los derechos y libertades en el país comunista, por parte de una comisión investigadora que corroboró las violaciones graves y generalizadas que allí ocurren.

Consideró que parte de ellas pueden llegar a considerarse crímenes contra la humanidad, por las que las autoridades deben responder.